Por Martín Soto
26 Agosto 2022
LARGAS FILAS. Miles de personas de comunas cercanas cobraron la asistencia en el Hipódromo.
De modo bastante solapado -por ahora-, la dirigencia tucumana calienta motores para lo que será un duro 2023 electoral. Ya se perciben algunos movimientos, se observan pintadas en las calles y propagandas en la televisión abierta, se declaman aspiraciones y se van endureciendo los tonos de los discursos. En total estarán en juego 347 cargos públicos, con la particularidad de que gran parte de los funcionarios actuales no tendrá posibilidad de reelección. Pero algunos ya posan su mirada en el año que viene, hay piezas del complejo rompecabezas que fue 2021 que recién están saliendo a la luz.
Tal es el caso de los decretos del Poder Ejecutivo (PE) por subsidios sociales que se entregaron en el año electoral. De acuerdo con lo publicado hasta ayer en el Boletín Oficial (BO), la suma de ayudas que autorizó la Provincia ronda los $400 millones. No se descarta, sin embargo, que surjan nuevos documentos que engrosen dicho monto.
Durante los meses de enfrentamiento feroz entre el entonces gobernador Juan Manzur (hoy en uso de licencia por estar a cargo de la Jefatura de la Nación) y el vicegobernador Osvaldo Jaldo (actualmente en ejercicio del PE), brotaron denuncias de presunto clientelismo. Dirigentes alineados con el tranqueño y aquellos que forman parte de la oposición repudiaron entonces las extensas filas que se vieron en comunas, municipios y el hipódromo a pocos días de las elecciones. Miles de tucumanos y tucumanas buscaban acceder a una ayuda social de $5.000. Dirigentes del PRO y el apoderado de la lista jaldista acudieron entonces a la Justicia Federal para denunciar presunta inducción por engaños.
En aquel momento, aún con Manzur a cargo del PE, en la Casa de Gobierno justificaron la ayuda por el duro presente económico y social causado por la pandemia. Indicaron que los subsidios se otorgan a través de la Secretaría de la Gobernación, a cargo de Silvia Pérez, en el marco del Decreto 125/1, creado en 2000.
En un comunicado, la Provincia había rechazado entonces cualquier tipo de manto de sospechas y aseguró que “el otorgamiento de subsidios tiene carácter habitual”. Añadió que se incrementaron las ayudas por la adversa situación socioeconómica que dejó la pandemia. Otra fue la postura, sin embargo, del rival circunstancial de interna peronista. “(Manzur) quiere comprar la voluntad de los tucumanos con el objetivo de poder lograr su re-reelección”, denunció Jaldo entonces.
Nueve decretos
Al sólo efecto de rendición de cuentas, solicitado por la Dirección de Administración de la Secretaría General de la Gobernación, el Ejecutivo viene emitiendo distintos decretos para aprobar los gastos realizados en el ejercicio 2021. Hasta ayer se publicaron nueve instrumentos en el BO, el último correspondiente a la décima entrega por casi $47 millones. Entre todos suman unos $388 millones, aunque también se consignó que hubo fondos no invertidos que fueron restituidos a las arcas provinciales. También se consigna en cada uno de ellos que se adjunta documentación respaldatoria del gasto.
Una particularidad es que de los nueve decretos por dineros entregados en 2021, únicamente tres se emitieron en ese año (N° 977, 1.844 y 2.754, por unos $12 millones). De ellos, sólo los dos primeros fueron rubricados por Manzur. El resto de los documentos están fechados entre mayo y agosto de 2022, y llevan la firma de Jaldo. Los decretos consignan también la firma de la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, o de Miguel Acevedo (Interior), a cargo de la cartera ante la ausencia de la funcionaria.
Entre agosto y septiembre de 2021, Manzur firmó dos decretos (1.847/1 y 2.167/1) en los que autoriza que el monto máximo mensual para estas ayudas estatales pase de $130 millones a $300 millones mensuales. Es decir que la capacidad de asistencia a través de la Secretaría de la Gobernación creció un 130%.
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