1 Motín
Condiciones infrahumanas
Durante la madrugada del 12 de agosto los detenidos que cumplían arresto en el edificio de la ex Brigada de Investigaciones de Junín al 800 se amotinaron reclamando que no podían seguir viviendo en condiciones infrahumanas. El escándalo incluyó un incendio, intentos de fuga, toma de rehenes y heridos. Ese hecho reveló que la crisis carcelaria había superado un nuevo límite: en los calabozos de las comisarías hoy se alberga a más de 1.600 personas cuando su capacidad es para apenas 500. La emergencia carcelaria había sido planteada en 2016 por los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni.
2 Protesta
Alimentos vencidos
Horas después de que el motín fuera sofocado, familiares de los detenidos realizaron un piquete con quema de neumáticos. Se manifestaron diciendo que el reclamo de los reos era legítimo, que estaban sufriendo un hacinamiento insoportable en lugares sin luz e impregnado por el fétido olor de una cloaca rota. Aseguraron que no se respeta los derechos humanos de los detenidos y que ni siquiera reciben raciones de comida todos los días, como estipulan las leyes. Los familiares se desplazan a diario para llevarle alimentos a los reos porque, además, las viandas que envía el Servicio Penitenciario contendrían alimentos vencidos.
3 Antecedente
Un informe de Bromatología
A raíz de una reciente nota publicada por LA GACETA, en la cual se informaba sobre la denuncia acerca de productos vencidos. La jubilada fiscal Giannoni se comunicó con este diario y explicó que ya en 2016 cuando se pidió declarar la emergencia carcelaria habían constatado que efectivamente ese tipo de denuncias era cierta. Al indagar sobre ese tema se les informó que las viandas eran trasladadas en autos alquilados, sobre todo para viajes largos. Por esa razón pidieron intervención a Bromatología que determinó que varios de los alimentos transportados “no estaban aptos para el consumo humano”.
4 En el Sur
Los jueces combaten esta crisis
“Tuve un caso de una detenida que me insistía para que se la traslade a la cárcel de mujeres porque no podía alimentarse, ya que no le llegaba la comida del penal y sus familiares no podían llevarle alimentos porque vivían en Monteros”, le dijo a LA GACETA la jueza de ejecución Alicia Merched, quien entiende en los casos pertinentes a los centros judiciales de Monteros y Concepción. Además mencionó: “en el sur le exigimos al Servicio Penitenciario que les envíen a los penados la misma comida que reciben los internos de la cárcel. Siempre estamos controlando para que cumplan con la orden que dimos”, sentenció Merched.
5 Reacción
El Gobierno prepara medidas
Fuentes del área de Seguridad confiaron que a primera hora de hoy se podrían anunciar las medidas que tomarían al quedar al descubierto las irregularidades que existirían en la distribución de la comida a los reos que cumplen arresto en las comisarías.
Todo parecería indicar que pretenderían profundizar la investigación que viene desarrollando un comité que fue especialmente formado para realizar una auditoría y controlar lo que allí ocurre. En principio, la idea es apuntar toda la artillería a la Dirección de Institutos Penales, que es la responsable de realizar los controles y el Departamento de Producción, que se encarga de elaborar las raciones.
