“Hay que decir la verdad. Las cuatro mujeres perdieron la vida en la Brigada Femenina de Concepción por una protesta. Lo único que pretendían es recibir los alimentos que les correspondían y que no les llevaban”, explicó Héctor González, el representante legal de una de las familias que solicitó que se investigara a los funcionarios que tienen a cargo la distribución de las raciones diarias.
El 2 de septiembre de 2021, María José Saravia, Macarena Maylen Salinas, Micaela Rocío Mendoza y Yanet Yaqueline Santillán iniciaron una quema de colchones en la celda donde se encontraban alojadas. Las policías que estaban a cargo de su cuidado no pudieron controlar el fuego y las detenidas fallecieron asfixiadas.
“Tenemos pruebas para demostrar que a las internas, que deberían haber estado alojadas en el penal de Mujer porque ya habían sido condenadas, no recibían la ración diaria por parte del Servicio Penitenciario”, explicó el profesional. “Pero paralelamente hay otro agravante: mis representados, por una cuestión económica, no podían llevarle a su hija María José la comida”, añadió.
Entre las pruebas que presentó González aparece una carta que envió la víctima a su madre. “Yo sé que algunas veces no tenés plata, pero yo no tengo nada. Algunas veces no comemos nada por un par de días. Aquí la ‘yuta’ (la Policía) nos da vuelta las cosas todos los días. Ellas cocinan, pero no pasan nada”, escribió semanas antes de que perdiera la vida.
El profesional, en el escrito donde denuncia a los funcionarios, presentó un acta firmada por el personal de guardia de la dependencia donde se informa cuál es la ración que le dejaron a las detenidas: mate cocido con pan y tortillas para el desayuno y merienda, un sandwich de salame y queso para el almuerzo y otro para la cena.
“Muchas veces no se le proveía comida diaria, carencias que se agravaban cuando no tenían dinero para comprar alimentos, lo que ocurría con frecuencia”, explicó González. “Hemos demostrado que varios días se quedaron sin ingerir alimento alguno. O en otras ocasiones no era suficiente, por lo que María José se quedaba sin saciar su apetito y, paradójicamente, presa del hambre”, resumió el profesional en el escrito.
Tanto la causa por la muerte de las detenidas, como la denuncia por las irregularidades de la distribución de alimentos están siendo investigadas por el fiscal Miguel Varela. Por el momento no hay ningún imputado en los dos expedientes.