Los gobernadores se reúnen para cuidar “La Plata”

En épocas de anuncios de medidas económicas, los gobernadores se mantienen al margen. A ninguno de ellos le hace gracia la segmentación tarifaria que implicará un reajuste en las boletas de los principales servicios públicos privatizados dos meses antes del Mundial de Qatar. Muchos de ellos, y también dentro de la Casa Rosada, creen que ese encuentro futbolístico servirá como una anestesia a tanto malhumor social que despiertan las subas de precios. Sin embargo, los efectos también pueden llegar a sentirse en gran medida durante el año electoral de 2023, más allá de que el Gobierno quiera sentarse sobre el botón rojo que eyecta los reajustes en las facturas de los servicios. En esa orientación, los mandatarios provinciales saben perfectamente que el impacto en el bolsillo de los argentinos será fuerte y que a muchos de ellos pueden saltarles las esquirlas de una inexorable medida de ajuste sugerida más por la realidad de un país en crisis que por las recetas propias del FMI que, a estas horas, sólo le importa que la Argentina genere la capacidad de pago necesaria para honrar sus deudas.

Los gobernadores del NOA y el NEA quieren salirse de la agenda habitual de las cumbres tradicionales que sólo sirven para sacarse las fotos de familia. Y nada más. Nada más. Más allá de los reclamos políticos internos, no hay definiciones claras en materia energética a los planteos conjuntos de los 10 distritos que componen el bloque. El viernes en la ciudad de La Plata, se reanudarán las deliberaciones y para entonces ya hay un tema que resalta: elevar a 550 Kw el límite de consumo para que los usuarios residenciales de esta parte del país continúen dentro del esquema de subsidios federales. ¿Por qué? El argumento central de esta postura está relacionado con el incremento del consumo de energía eléctrica durante el verano, en el que el Norte Grande promedia los 40° de temperatura, lo que duplica el uso de electricidad en ese período. Algunos gobernadores señalan que no se puede aplicar un esquema similar al que se utiliza en la Unión Europea, por ejemplo, en el que las autoridades sugieren que los equipos de aire acondicionado funcionen a 27° (en esta parte del planeta es de 24°).

La gestión se hará. De lo que no hay certezas es de la respuesta que dará la gestión del presidente Alberto Fernández. Si se guían por lo prometido y hasta ahora no cumplido, la redistribución de los subsidios al transporte público de pasajeros sigue a la cabeza. ¿Alguien se imagina que, a un año de las elecciones generales, el oficialismo modificará este esquema en el que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se queda con el 75% de la torta y el 25% se reparte entre 22 distritos del interior? La respuesta es tan clara como la evolución que ha tenido el debate del nuevo sistema de distribución de la coparticipación federal de impuestos. Nada; absolutamente nada ha avanzado desde que en 1994 los constituyentes dejaron establecido en la Carta Magna el plazo acordado para que asomen los cambios.

Sergio Massa lleva dos semanas como ministro de Economía, Agricultura y Desarrollo Productivo. Aún goza de cierta luna de miel que le han dado el mercado y la política para mostrar si tiene un plan de estabilización económica lo suficientemente sólido para, al menos, conducir a la Argentina hacia la corrección de los desequilibrios. El líder del Frente Renovador sabe que puede tener entre los gobernadores uno que otro aliado, pero su impronta en ese puñado de autoridades no tiene efectos expansivos. Los mandatarios aguardan más anuncios y todos ellos están de acuerdo en una sola premisa: que el ajuste no implique una reducción del ritmo de la obra pública, mucho menos en la indisponibilidad de los excedentes financieros por transferencias discrecionales. Hay pactos preexistentes que deben cumplirse, señalan varios de ellos. Tucumán no está al margen de esa situación. El propio Alberto Fernández y su jefe de Gabinete, Juan Manzur, le han prometido al gobernador interino, Osvaldo Jaldo, que habrá la suficiente inyección de inversiones públicas para desarrollar los trabajos prometidos. Son $ 100.000 millones que están en juego solamente en el caso tucumano. La consigna es clara: hay que cuidar la plata. A eso van a la capital bonaerense, a exponer que no se puede modificar el escenario, so pena de comprometer el futuro proselitista en cada una de las jurisdicciones gobernadas por el Frente de Todos. Sin embargo, dentro del oficialismo hay quienes esperan el poder de convocatoria de la liga de gobernadores en territorio de Axel Kicillof. Se especula con que varias provincias mandarán a sus vicegobernadores, lo que también es toda una señal hacia adentro del peronismo.

Las provincias están en zona de definiciones. Dentro de un mes, el Palacio de Hacienda informará acerca del proyecto de Presupuesto 2023. Con esos números, los gobernadores sabrán si serán bendecidos o no en la distribución de partidas, más allá de las que corresponden por alícuotas coparticipables. El debate sobre las medidas que podrían aplicarse en Tucumán ocurrirá mañana cuando el secretario de Hacienda de la Nación, Raúl Rigo, reciba al ministro de Economía, Eduardo Garvich.

La Nación sigue de cerca la evolución financiera de cada provincia. En el caso tucumano, la información que cuenta es que el primer semestre ha cerrado con un superávit financiero cercano a los $ 18.000 millones. En la Casa de Gobierno admiten el resultado, pero aclaran que sólo es contable, es decir, que aún faltaban computar algunas deudas con vencimiento de corto plazo. Los gremios vienen reclamando decisiones que les permitan a sus representados no perder tanto frente a la inflación galopante. Jaldo tiene en estudio una serie de medidas que van en el sentido de recomponer los sueldos sin grandes erogaciones. Por caso, se menciona la posibilidad de anticipar aumentos. En ese caso, sería un juego de la frazada corta, porque destaparía las cuentas de fines de año. Para entonces es probable que surja un bono “salvador” para compensar la baja del poder adquisitivo de los asalariados estatales. Pero hablar de diciembre hoy, con las condiciones del país, es el largo plazo.