Concejales de Fuerza Republicana (FR) de Banda del Río Salí y de Alderetes elevaron proyectos ante estos cuerpos vecinales para expresar su repudio por la implementación del sistema de estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán, al que calificaron de "arbitrario" y "discriminatorio" para los ciudadanos del interior de la provincial
Las iniciativas fueron elevadas por los ediles Ana Boloña (Banda del Río Salí) y Roberto Díaz (Alderetes), ambos del partido que lidera el legislador Ricardo Bussi.
Los concejales plantearon los proyectos sobre la base de las presentaciones efectuadas por el legislador de ese espacio, Gerardo Huesen, pidiendo la suspensión del sistema de estacionamiento pago. "Nos quejamos del centralismo de los porteños, pero repetimos el modelo en nuestra provincia”, dijo Huesen.
Qué dice el proyecto oficial
El proyecto plantea el repudio a la medida tomada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán “consistente en la implementación del denominado Estacionamiento Medido, incrementando de manera excesiva los costos de traslado para los habitantes del interior, que deben concurrir a la ciudad”, expresa el documento.
A su vez, enumeran los aspectos negativos de la medida para los ciudadanos del interior, entre ellos: "la necesidad de estacionamiento durante toda una jornada laboral", "el desconocimiento del sistema", "la imposible previsión del tiempo de estadía en muchos casos", "la ilegítima obligación de la virtualidad como medio excluyente" y "la imposibilidad de poder circular y estacionar libremente para cumplir con sus trabajos o realizar diferentes trámites".
“Todo esto denota la discriminación que sufren los habitantes del interior de la provincia por las deficiencias y abusos en las formas y condiciones con que se implementó dicho sistema”, expresa el proyecto de repudio.
En los fundamentos, además, sostiene que el sistema implementado por la ciudad de San Miguel de Tucumán, "por sus formas, condiciones y modalidades en que se realizó", demuestra "la verdadera intención" de sus autores, “que no es otra cosa que generar un negocio con la necesidad de todos los habitantes del interior de la provincia, de tener que trasladarse a la capital por el modelo de centralización que tiene la provincia de Tucumán en la actualidad”.
"Sistema discriminatorio"
Gerardo Huesen sostuvo la idea de que se trata de "un sistema discriminatorio por cómo se dan los hechos a la hora de" su aplicación.
“La discriminación tiene lugar cuando una persona no puede disfrutar de sus derechos humanos o de otros derechos legales en condiciones de igualdad con otras personas, debido a una distinción injustificada; por eso creo que este sistema habla de la desigualdad que hay entre los ciudadanos de capital y del interior de la provincia", consideró el legislador.
Además, remarcó que las presentaciones efectuadas "están sujetas a achicar las brechas entre estas diferencias".