15 Agosto 2022
Alberto Fernández y Sergio Massa, referentes del gobierno del Frente de Todos.
El programa de Segmentación de Tarifas, que apunta a lograr un ahorro fiscal por unos $500.000 millones en subsidios de luz y gas, no será suficiente para cumplir con las metas establecidas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por eso, el equipo económico a cargo de Sergio Massa evalúa otros recortes que permitan alcanzar el objetivo de un déficit primario del 2,5%.
En concreto, el ajuste por la segmentación tarifaria representa el 1% del PBI. Y, en el este contexto de crisis económica que afronta el gobierno del Frente de Todos (FdT), se necesitarán más medidas que permitan reducir el gasto fiscal, además de contener la inflación y de enviar mensajes tranquilizadores a los mercados.
En ese camino, Massa anunció un tope al gasto para los ministerios, el congelamiento de las contrataciones de personal en el Estado y la quita en los subsidios al agua -que se sumará a los servicios de luz y de gas-, cuyos detalles se difundirán en los próximos días.
Sin embargo, economistas consideran que el recorte no será suficiente y se empiezan a preguntar qué partidas estarán bajo la lupa para llegar a la meta de rojo primario acordada con el Fondo.
Analistas coinciden en que la alta inflación permitirá “licuar” en parte los gastos en términos nominales. Sin embargo, reforzará los reclamos por compensaciones para los sectores más golpeados por la escalada de precios, con lo que el gobierno de Alberto Fernández tendrá que hacer más que equilibrio en los próximos meses.
De cuánto debería ser el ajuste para cumplir con el FMI
Para la consultora Equilibria, alcanzar el déficit primario de 2,5% del PBI requiere un ajuste de 0,9% si los ingresos al Estado se mantienen como en los últimos 12 meses, consigna un informe de TN. Pero, sostienen en su último informe, la previsión apunta a que el ritmo de ingresos decaiga en el segundo tramo de 2022, por lo que el esfuerzo se ubica en torno al 1,6% del PBI.
El trabajo encabezado por Lorena Giorgio sostiene que no alcanzará con los topes a los subsidios, al menos con lo que se conoce hasta el momento. En Equilibra estiman que la poda en los aportes estatales puede implicar una baja en el gasto en torno a 0,2% del PBI.
En ese diagnóstico coinciden en la consultora Ecolatina, cuyo economista jefe, Santiago Manoukian, consideró que el margen para desvíos expansivos es más acotado que antes: no solo para cumplir con la meta con el FMI sino por la decisión de no solicitar adelantos transitorios al BCRA en lo que resta del año.
“Necesariamente, la mitad del año estará signada por una mayor austeridad fiscal”, indicó el economista. Graficó la magnitud del desafío: la baja del gasto debería estar en 10% interanual (similar a la tasa de crecimiento real del primer semestre), lo que implicaría una caída del 8% contra el promedio real de los últimos 10 años.
A su vez, las erogaciones también deberían sufrir un recorte real en su comparación semestral. Esto último se traduciría en un ajuste fiscal (intra-año) casi inédito en los últimos 30 años: sólo en 2001 y en 2002 el gasto primario del segundo semestre fue inferior al del primer semestre en términos reales.
¿Es la alta inflación una aliada al gobierno?
En ese camino al ajuste del gasto, en Equilibra y Ecolatina sostienen que el efecto inflacionario ayudará a reducir en términos reales gran parte de partidas hasta fin de año. Mientras, resalta el trabajo de Monoukian, más del 40% del gasto indexado (jubilaciones y otras prestaciones) tendrá ajustes también acotados.
Equilibra considera que la suba de jubilaciones y otras prestaciones que paga la ANSES se reducirán en 0,6% del PBI por efecto inflación. Si se tiene en cuenta los bonos de $7.000 que se pagarán entre septiembre y noviembre a los jubilados con ingresos de hasta dos haberes mínimos, alcanzará el 0,4% del producto.
Con relación a otras partidas rígidas, especialmente salarios, la señal es que se buscará acotar su crecimiento, considera Ecolatina: habrá que monitorear la dinámica de las paritarias.
Otra parte del esfuerzo fiscal pasará por un recorte en las transferencias no automáticas a las provincias, que Equilibra calcula en 0,1% del PBI. En ese contexto, refuerzan el guiño del Congreso al nuevo consenso fiscal que le permite a los gobernadores sumar impuestos.
En Ecolatina advierten que, además, Massa debe mantener acotadas las erogaciones operativas del Estado con un control sobre los gastos accionales, en una “estrategia estaría en línea con la ratificación del techo presupuestado para el gasto en cada uno de los ministerios”. Y menciona, además de las transferencias a las provincias, los ejes a tener bajo control:
-Bienes y servicios destinados al funcionamiento operativo;
-Gastos corrientes;
-Gastos de capital (probablemente termine en los mismos niveles que 2021 en términos del PBI).
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