“Nadie sabe lo que es el dolor de la inseguridad”

“Los hijos de las víctimas de inseguridad son negados sistemáticamente por el Estado que tendría que haber evitado que le arrebataran la vida a un esposo, a un padre”, señaló casi al borde del llanto Daniela Brito, una mujer que lucha para que se haga justicia por el crimen de su pareja y se respeten los derechos de los tres niños que quedaron huérfanos por un homicidio en ocasión de robo. “Nadie sabe lo que es el dolor de la inseguridad”, añadió con la voz entrecortada por la tristeza.

El 14 de diciembre de 2016, unos minutos antes de cerrar las puertas del local ubicado en calle Marcos Paz primera cuadra, una persona se presentó para realizar un depósito de $40.000 en el Rapipago. Luego ingresó una mujer con su pequeña hija y el propietario del centro de pago Agustín Ferrari le pidió a un empleado que los atendiera mientras él iba a buscar un café.

Cuando regresó, se encontró con una dramática escena: dos delincuentes habían ingresado al negocio, uno de ellos había tomado como rehén a la niña con síndrome de Down y el otro se había apoderado de la recaudación. Al ver esa situación Ferrari enfrentó a uno de los ladrones y comenzaron a forcejear. En esas circunstancias salió el disparo que lo hirió en la zona baja del abdomen. La víctima quedó ensangrentada mientras los delincuentes se daban a la fuga. Su corazón dejó de latir el 30 de diciembre.

A partir de ese día, Brito, que estaba gestando el octavo mes de embarazo del tercer hijo de la pareja -tenían una pequeña de tres y otro de un año- comenzó con su calvario. “Por un lado, comencé a pelear para que se hiciera justicia por él. Y por el otro, tuve que enfrentarme a la familia de mi marido para tratar de evitar que me desalojaran de la casa en la que vivíamos”, relató angustiada.

Con el tiempo, la viuda se dio cuenta de que había perdido las dos batallas. En el fuero penal, la causa no avanzó y el crimen quedó impune. En el civil, en medio de un largo proceso en el que hasta se incluyó pericias genéticas para comprobar la filiación de sus hijos, terminó con la pérdida de los bienes de la pareja. “La Policía detuvo a dos sospechosos, pero nadie logró identificarlos ni tampoco pudo sumar pruebas en contra de ellos. El caso quedó en la nada. De la noche a la mañana perdí a mi marido y todo lo que habíamos hecho por el bien de nuestros hijos. En otras palabras, sin justicia y en la calle”, explicó Brito en una entrevista con LA GACETA.

Otra lucha

La joven de 32 años comenzó con otro peregrinaje: ser escuchada. “Comencé a recorrer diferentes organizaciones para plantear el problema. Les explicaba que era muy duro poder mantener un hogar después de haber sufrido la pérdida de una parte importante de la vida familiar. Lamentablemente, ninguno de estos grupos me acompañó. Es más, me dijeron que tenía que usar un pañuelo si quería conseguir algo”, destacó.

Brito agregó: “pretendía que las autoridades me escucharan. Quería decirles que si existía una Ley Brisa que protege y brinda asistencia a los hijos de las víctimas de femicidios, también debería haber una para los hijos de las víctimas de crímenes de inseguridad. Me parece perfecto que las víctimas de esos crímenes reciban ayuda, pero creo que el Estado también debe saldar la deuda con los familiares de las muertes que se registraron porque no pudo protegerlos”.

“Trabajo, pero con lo que gano no me alcanza. La realidad de las familias que pasamos por esta situación es muy diferente. Tenemos que afrontar los gastos legales para obtener justicia y además la atención psicológica de todos los integrantes”, explicó Brito. “Mis hijos eran muy pequeños cuando mataron a su padre. El más chico, incluso, ni siquiera llegó a conocerlo, pero lo mismo se ven muy afectados por su situación. Incluso tienen secuelas que fueron y deben seguir siendo tratadas”, indicó.

Una iniciativa

Brito golpeó numerosas puertas y en 2018 logró llamar la atención del legislador radical José Canelada. Juntos dieron forma a lo que se conoció como la Ley Ferrari, un proyecto que, al no ser tratado nunca, perdió estado parlamentario. Al ser consultado por LA GACETA sobre este tema, el dirigente insistió con el tratamiento de la norma. (Se informa por separado)

“Tengo la sensación de que las autoridades quieren tapar todos los crímenes de inseguridad para no tener problemas políticos. No quieren visibilizarlos. No entienden que detrás de cada homicidio hay una historia de dolor y sufrimiento que se traslada a todas las familias. Es su obligación ayudarlos”, opinó Brito.

La mujer reconoció que busca la manera de contactarse con otras personas que pasan o pasaron por la misma situación. No las conoce, pero recuerda las penurias que vivieron las esposas de los policías asesinados hasta que pudieron cobrar sus pensiones. También mencionó a Sandra Herrera, la esposa del vigía peruano Sandro Silverio Reyes Ríos que como soldado sobrevivió a varios conflictos bélicos, pero perdió la vida en un intento de robo, que no pudo seguir afrontando el proceso penal por falta de recursos. Aunque las circunstancias hayan sido otras, tampoco dejó de mencionar el drama que están viviendo los tres hijos de Mariela Márquez que fue asesinada el año pasado en un centro comercial de Yerba Buena.

“Todos somos gente laburadora y ojalá podamos encontrarnos para reclamar por algo que consideramos justo. No puede ser que nadie reconozca los derechos de los padres, de las parejas y, fundamentalmente, de los hijos de las víctimas de la inseguridad. Nos tienen que escuchar y después brindarnos contención y asistencia. Puede ser una manera de reparar el dolor que genera no haber cumplido con su responsabilidad que es cuidarnos a todos”, finalizó.

Puntos destacados de la Ley Ferrari

- El programa será controlado por el ministerio de Desarrollo Social.

- Asistirá a los familiares de las víctimas o a los damnificados de los hechos de inseguridad.

- La ayuda consistirá en brindar contención jurídica y de salud (especialmente mental) y apoyo económico.

- Los cónyuges recibirán asistencia durante tres años si es que no trabajan. En caso de tener un empleo formal, la ayuda será durante 18 meses.

- Los descendientes  serán asistidos hasta que cumplan la mayoría de edad o la obtención de otro beneficio de carácter permanente que asegure el sostén económico.

- Los hijos de víctimas de la inseguridad podrán contar con la asistencia hasta que cumplan los 25 años si estudian en el nivel superior.