La fiscalía que investiga la causa “Vialidad” en la que acusan a la actual vicepresidenta Cristina Kirchner aseguró que el sistema de corrupción que se investiga era “planificado”.
Desde las 9 y hasta las 17 se llevó adelante ayer la sexta audiencia de las nueve previstas para los alegatos por delitos con la obra pública en Santa Cruz. El juicio conocido como la causa “Vialidad” investiga presuntos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Mientras la defensa de Cristina Kirchner recusó a dos de los tres jueces y a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola –quienes respondieron el planteo oralmente- la fiscalía expuso su hipótesis de cómo "fondearon las obras para Lázaro Báez" a su vez que “quedó demostrado que lo informado por parte del Ejecutivo al Congreso fue falaz”.
Después de analizar todas las obras los fiscales aseguraron que el planteo de la defensa de Fernández no guarda relación con lo que se vio en el juicio: “no era resorte del Congreso el presupuesto que se destinó a obra pública, porque omitieron informar sobre 17 obras que Lázaro Báez obtuvo con fondos nacional pese a la obligación legal”. Luciani añadió: “La presidenta de la Nación, el ministro de Planificación, el secretario de obras públicas y demás funcionarios comprometieron fondos nacionales a favor de Lázaro Báez por más de 2.000 millones de pesos sin darle aviso al Congreso nacional”. Las demás obras que se informaron al Congreso “fueron subvaluadas y se ejecutó por un monto más alto de los presupuestado, más de 6.000 millones de pesos. Las obras se informaron mal, todos los valores superaron lo aprobado”, sostuvo la fiscalía y agregó: “podemos asegurar el Congreso no contó con toda la información correspondiente a los fondos destinados a Santa Cruz, al grupo Báez, no se pudo ejercer control sobre esto".
Para la fiscalía “entre 2004 y 2015 muy poco le fue informado al Poder Legislativo sobre la obra pública vial en Santa Cruz y la poca información que recibió fue imprecisa e incompleta”. La fiscalía dijo que el 30% de las obras otorgadas a Lázaro Báez “no pasaron por el Congreso” y que para financiar esos contratos “se crearon circuitos administrativos carentes de todo control”.
Las audiencias continuarán el martes a partir de las 8.30.