12 Agosto 2022
Acuerdo en Chile para adaptar la constitución
El referendo del 4 de septiembre se acerca a paso rápido y la propuesta del Gobierno para una nueva Carta Magna parece perder terreno. Por ello, los partidos políticos oficialistas firmaron un acuerdo en el que se comprometen a introducir cambios si gana la opción “apruebo”
Plurinacionalidad
Los derechos de indígenas generan resistencia entre quienes temen que se afecte la integridad territorial chilena. Para hacer frente a esas preocupaciones, los partidos oficialistas, que apoyan al presidente Gabriel Boric, proponen que el mecanismo de consulta indígena se aplique “sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas” y que el consentimiento previo de las comunidades, establecido en la propuesta de Constitución, “no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales”.
Sobre las autonomías territoriales, el acuerdo contempla que seguirán “los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y de las libertades reconocidas y protegidas para todas las personas”, para lo cual se establecerá “expresamente” que sus atribuciones deben ser “coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile”. Finalmente, en cuanto a los sistemas de justicia indígena, el oficialismo reafirmó la “igualdad ante la ley como principio rector. Además, propusieron que “la justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales”.
Derechos sociales
El nuevo documento constitucional describe a Chile como “Estado social y democrático de derecho” que debe proveer bienes y servicios para asegurar los derechos de las personas, en contraste con la actual Constitución, que favorece el actuar de las instituciones privadas por sobre el Estado en la provisión de bienes sociales como educación, salud y pensiones. El texto señala que el Estado debe garantizar prestaciones básicas uniformes otorgadas por instituciones públicas o privadas, propone un Sistema de Seguridad Social público y la creación de un Sistema Nacional de Salud.
Si gana la opción “apruebo”, el oficialismo se compromete a introducir cambios, en el caso de las pensiones, que incluya: “el derecho a una pensión digna será en base a un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad”.
El documento especificó que la propiedad de las viviendas está asegurada. “Se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia”, dice la propuesta, en respuesta a la campaña de miedo que agitan los partidos de la derecha chilena, en la que se asegura que la nueva Carta Magna le dará derecho al Estado a expropiar casas a los ciudadanos.
El Sistema Nacional de Salud “permitirá a distintos gobiernos, de diversas tendencias políticas, innovar en nuevas soluciones y no limita la posibilidad de que participen los privados como prestadores” de los servicios. “La ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada, donde siguen existiendo clínicas, hospitales y centros médicos privados”.
El acuerdo también contempla la educación como un derecho, planteando que “se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada, con pleno reconocimiento del Estado dentro del Sistema Nacional de Educación”.
Seguridad
Los partidos que respaldan el gobierno de Gabriel Boric abordaron los cuestionamientos referentes a los “Estados de Excepción”, un tema que ha sido muy controvertido por los hechos de violencia que se registran habitualmente en el sur del país en los últimos tiempos, sobre todo con respecto a la propiedad sobre territorios indígenas. Proponen “establecer en la Constitución el Estado de Emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, a requerimiento de la autoridad civil y en las condiciones calificadas que establezca la ley, en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho”.
Sistema Político
En este tema, el oficialismo se comprometió a analizar el nuevo sistema político que propone el texto de la Convención “para lograr el mejor equilibrio entre el poder legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales”. El pacto no menciona cambios a la propuesta de eliminar el Senado y propone que “la reelección presidencial no proceda consecutivamente”. En cuanto al gasto fiscal, anunciaron necesario “eliminar la atribución de presentar mociones parlamentarias” que causen perjuicios directamente a los gastos del Estado.
Además, plantearon que “la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales fijadas por ley, deberán ajustarse al máximo anual que a este efecto fije la Ley de Presupuestos, con expresa regla de responsabilidad fiscal”.
Poder Judicial
Uno de los temas controvertidos de la propuesta de nueva Constitución es el fin del “Poder Judicial”. En su reemplazo crea un “Consejo de la Justicia” integrado por 17 personas, entre ellos ocho jueces, dos indígenas y otros cinco miembros nombrados por el Congreso.
Sobre este asunto, los partidos del gobierno abordaron garantizar la independencia del poder judicial, para lo cual proponen “reemplazar, en la Constitución, la denominación ‘Sistemas de Justicia’ por la de ‘Poder Judicial”.
Además, argumentaron la necesidad de revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces.
Adicionalmente señalaron que “conviene hacer explícito que la calificación de los jueces por ese Consejo no considerará el contenido de sus fallos”.
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