11 Agosto 2022
PERPETUIDAD. Ortega lleva más de 15 años consecutivos en el poder,
MANAGUA, Nicaragua.- La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por diputados afines al presidente, Daniel Ortega, ordenó el cierre de un centenar de organizaciones, entre ellas, a una asociación de veteranos sandinistas.
En esta última ola de cierres, son ya 1.268 las organizaciones ilegalizadas, tras la revuelta popular de abril de 2018, calificada como intento de golpe de Estado por el gobierno de Ortega.
La medida, a pedido del Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobernación, fue aprobada por los 75 diputados sandinistas y sus aliados. Otros 15 legisladores, de los 91 que integran el Congreso, se abstuvieron de votar, y uno no ejerció su voto.
En lo que va de año, los legisladores sandinistas y sus aliados han quitado la legalidad a 1.069 ONG y un total de 1.268 desde diciembre de 2018. Una de ellas fue la Academia de la Lengua de Nicaragua.
En la nueva lista de organizaciones afectadas hay asociaciones defensoras de mujeres, de campesinos, de ayuda a pobres y enfermos, de diversidad sexual, productores de café, protectores de animales, comunitarias, de combatientes y colaboradores históricos sandinistas, y un hogar de ancianos. Según el Ministerio de Gobernación, las nuevas 100 ONG afectadas incumplieron con sus obligaciones conforme lo establece la Ley de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro y su Reglamento, y la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Entre otros, indicó el Ministerio de Gobernación, no reportaron los estados financieros por más de 5 y 25 años, detalles de donaciones, su origen y beneficiario final.
Asimismo, sostuvo que las Juntas Directivas estaban acéfalas por más de 5 a 25 años.
El diputado sandinista Filiberto Rodríguez, promotor de las iniciativas, dijo en el plenario que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018, aunque no presentó pruebas.
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales establecieron una cifra de 684 y el gobierno reconoce 200.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
Ortega, próximo a cumplir 77 años, lleva más de 15 años consecutivos en el poder, y enfrenta denuncias de autoritarismo y de fraude electoral. (Especial)
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