La suspensión de un sorteo de viviendas

“Por favor tengan consideración con la gente que está en padrones antiguos. Hace más de 20 años que estamos inscriptos”. “Es una vergüenza suspender el sorteo, con la ilusión con la que tantas familias esperan”. “Mmm todo turbio, todo turbio. Como siempre una provincia corrupta (...)”. “Es una vergüenza, no están capacitados para realizar ni un simple sorteo, que estaba programado hace tiempo. Una vergüenza lo que hacen y una total falta de respeto a nuestras ilusiones”. Mensajes como estos se repiten en distintas publicaciones de la página de la red social Facebook del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu). Además, un grupo dejó ayer la virtualidad y las consignas se replicaron en la vereda del organismo, con inscriptos que se autoconvocaron. La reciente suspensión de un sorteo de viviendas sociales generó indignación y liberó una vez más los fantasmas de presuntas irregularidades que suelen sobrevolar la institución.

Esos espectros tienen bases reales recientes, relacionadas con casos que involucraron tanto a ex autoridades (como la presunta adjudicación irregular de obras de casas a una empresa vinculada con un funcionario que en 2017 reveló una investigación de Panorama Tucumano, el programa televisivo principal de nuestro diario) como a ciudadanos ajenos a la institución ( los falsos gestores y aquellos adjudicatarios que venden o alquilan las unidades recientemente otorgadas).

En esta oportunidad, el domingo se estaba desarrollando un sorteo por 600 casas, que fue transmitido por Youtube. Según se comunicó oficialmente, las construcciones están distribuidas en Villa Carmela, Pacará, San Andrés, el barrio Congreso y Villa Mariano Moreno. La mitad, de acuerdo con el Ipvdu, están en condiciones de ser entregadas y el resto se terminará en los próximos meses. Cuando se había cumplido el proceso de 200 de ellas, el procedimiento fue suspendido. Como sucede ante cada convocatoria de este tipo, la expectativa alcanzó a miles de tucumanos que esperan la oportunidad de resolver sus problemas habitacionales. En este caso, estaba destinado a quienes cumplen los requisitos y tienen domicilio en los departamentos de San Miguel de Tucumán, Cruz Alta, Yerba Buena y Tafí Viejo.

El ministro de Obras Públicas, Fabián Soria, explicó que mientras se realizaba el procedimiento, se detectaron “inconsistencias” en la base de datos de los inscriptos. Es decir, que había personas anotadas para zonas donde no residen. Los padrones, detalló, se corrigieron y el domingo se podrá reanudar el sorteo de las 400 restantes.

La inquietud que se genera ante cada inscripción o sorteo puede explicarse en números. Distintos actores del Estado reconocen que el déficit de vivienda es grande en la provincia. Según datos publicados online en el Sistema Estadístico Provincial, con base en datos del censo 2010, el 54% de la población está en hogares con necesidades básicas insatisfechas en materia de vivienda. Una vez que los datos del relevamiento que se realizó este año se terminen de procesar, probablemente esa cifra se acrecentará. Otro dato significativo: el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) da cuenta de que en Tucumán hay 203 villas y asentamientos precarios.

La confianza en los organismos estatales es un bien escaso y, en gran parte, por acciones que manchan sus historias. Si bien se avanzó en la transparencia de los actos en el Ipvdu, que ahora son transmitidos, parece no ser suficiente porque las quejas y preguntas proliferaron entre los aspirantes.

Más allá de quiénes estén a la cabeza de las gestiones, este tipo de episodios no hacen más que minar más la credibilidad en el Estado en general y empañar el trabajo arduo de centenas de empleados que cumplen con sus tareas con seriedad. Las dudas se multiplican más cuando se trata de trámites que involucran asuntos sensibles para gran parte de la población como el acceso a un techo propio. El replanteo de los sistemas de transparencia y de control exhaustivo debe ser urgente. Sobre todo si el objetivo es recuperar la confianza en el Ipvdu y por ende, en el Estado.