05 Agosto 2022
CAUSA VIALIDAD. Los fiscales dijeron que las licitaciones fueron una farsa, y que hubo una cartelización organizada por el Estado.
En la tercera audiencia de alegatos durante el juicio por la causa "Vialidad", los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola continuaron hoy con el análisis de las 51 obras públicas para Santa Cruz que recibieron las empresas de Lázaro Báez durante los Gobiernos de Néstor Kirchner y de su esposa, la actual vicepresidenta, Cristina Fernández.
El desglose de cada una de estas obras había empezado el martes, con las primeras 19. Hoy continuaron con el resto. Los fiscales señalaron que se presentaron las mismas empresas de Báez para competir entre sí, que las licitacions se abrían sin presupuesto oficial y que eran aprobadas en tiempos exiguos.
Según una nota publicada en el diario Infobae, una de esas obras fue una remediación de canteras en la ruta nacional N° 3, por un presupuesto de $ 75 millones que ganó Austral Construcciones, la empresa insignia de Báez. A la licitación se presentaron Kank y Costilla -también de Báez- y Petersen, que quedó descalificada porque presentó una oferta superior.
“¿Cómo iban a hacer una obra si no tenían presupuesto?”, se preguntó, retóricamente, Luciani. Y añadió que un día antes de la apertura de la licitación se había emitido una circular en la que se informaba las canteras a trabajar. “Eso debió estar en el pliego de bases y condiciones. ¿Cómo hicieron los ofrecimientos las empresas si no sabían que canteras iban a remediar? Esta obra es un fantasma, nunca se hizo”, dijo el fiscal.
También analizaron la primera obra que Báez hizo durante el Gobierno de la expresidenta. El 21 de febrero de 2008 se había convocado de manera urgente la pavimentación de una ruta, debido a la llegada de la veda invernal. Pero comenzó finalmente en 2010. “La única urgencia era adjudicar una obra a Báez”, dijo Luciani y destacó que la licitación se llamó sin asignación presupuestaria.
“No hay obra que finalice en término por la falta de capacidad de la empresa. Todas las licitaciones fueron una farsa. Hubo una cartelización organizada por el Estado nacional”, manifestó Luciani.
Mola analizó las obras que se hicieron para 2011, año electoral. Contó que fueron obras por montos muy superiores a los que se venían licitando. Una de ellas, por U$S 150 millones.
Los alegatos en este proceso judicial habían arrancado el lunes. Los fiscales habían acusado a la exmandataria y a los otros 12 imputados. “Néstor y Cristina Kirchner instalaron una de las matrices más extraordinarias de corrupción”, había afirmado Luciani en la primera audiencia. Al día siguiente habían iniciado el análisis de cada una de las obras: “las licitaciones eran una ficción porque no hubo control”.
La audiencia de hoy se realizó mediante videoconferencia y la vicepresidenta fue autorizada a no participar. Si bien durante esta etapa del juicio los acusados deben acudir, la expresidenta solicitó ausentarse debido a sus tareas en el Senado. Los miembros del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 la autorizaron.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso le dieron a los fiscales nueve audiencias para alegar. Luciani adelantó que usará todas, y que posiblemente requiera más días. De ese modo, el alegato fiscal se extenderá, de mínima, hasta fin de mes.
Luego llegará el turno de cada defensa -tendrán tres audiencias-. La primera será la de Báez; la sexta será la de la expresidenta. El tribunal espera dictar sentencia antes de fin de año.
“Este Ministerio Público Fiscal tiene por acreditado que entre 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares. Se trató de una organización que con una figura de espejo replicó en la clandestinidad un organigrama del Estado. Se trató de una asociación ilícita piramidal, que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de Estado y de la que participaron diversos funcionarios públicos que en paralelo al plano legal, pero valiéndose de sus competencias, prestaron los aportes necesarios”, había manifestado Luciani en la primera audiencia.
En la causa de juzgan las irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron de 2003 a 2015 para Santa Cruz. Además de Fernández y de Báez están acusados el exministro de Planificación Federal de la Nación Julio de Vido; el exsecretario de Obras Públicas, el tucumano José López; el extitular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Kirchner -primo del expresidente, y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, entre otros.
Según datos difundidos por el fiscal, las empresas de Báez recibieron el 78% de las obras que se habían adjudicado a Santa Cruz entre 2003 y 2015. De las 51, solo tres finalizaron en tiempo y forma; y no eran obras viales. Solo 27 de las 51 fueron culminadas -aunque 24 sufrieron severos e injustificados retrasos-. “Lo peor, inexplicable, 24 obras adjudicadas al grupo Báez fueron abandonadas, quedaron inconclusas. Esto deja al descubierto la falta de capacidad técnica de las compañías”, había dicho Luciani.
También reveló una prueba que no se conocía y que llamó “plan limpiar todo”. Se trata de mensajes de WhatsApp hallados en el celular de López, secuestrado cuando había sido detenido en 2016 cuando ingresaba bolsos con más de U$S 9 millones a un convento de General Rodríguez.
Luciani señaló que en esos mensajes se revelan reuniones de López y de Báez con Fernández, en noviembre y en diciembre de 2015, pocos días antes de que deje la Presidencia. Según la acusación, en esas reuniones se acordó el pago de todo lo que se le debía a Báez -$ 537 millones- por las obras a pesar que no estaban terminadas.
El martes, durante la segunda audiencia, los fiscales comenzaron a analizar cada una de las obras que recibió Báez.
Los primeros ejemplos fueron los de cuatro licitaciones que se hicieron de manera simultánea. “Con una inadmisible celeridad que no estaba justificada”, señalaron. Las licitaciones se habían convocado a fines de 2006, y se adjudicaron a principios de 2007. “Los contratos fueron firmados a pocos meses de comenzar la veda invernal, por lo que como establecía el contrato no se iba a poder comenzar los trabajos”, detalló Luciani y dijo que las licitaciones se adjudicaron en 45, 47, 46, 62 días desde el llamado a licitación. “Con una rapidez asombrosa, con una publicidad casi nula”, criticó.
La primera obra fue la pavimentación de 39 kilómetros de la ruta nacional 288 por $ 192 millones. A la licitación de presentaron Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti y Petersen. Las tres primeras de Báez y la cuarta “de cortesía”, dijo el fiscal, porque ofreció un 20% más y quedó descalificada. La obra se le adjudicó a Gotti que se la cedió a Austral. El plazo de la obra era de tres años, pero se extendió 120 meses y no finalizó.
La segunda obra fue la repavimentación de 67 kilómetros de la ruta 261 con un presupuesto de $ 93 millones. Se presentaron Kank y Costilla, Austral Construcciones y Petersen. Volvió a calificar “de cortesía” a Petersen que quedó descalificada porque presentó una garantía incorrecta. “Competencia ficticia”, calificó Luciani.
La pavimentación de 22 kilómetros de la ruta 40 fue la tercera obra. Con un presupuesto de $ 121 millones; se presentaron Austral Construcciones-Gotti, Kank y Costilla y Petersen, que fue descalificada por una oferta 20% superior. Ganó Austral-Gotti.
El mismo esquema se dio para el enripiado en la ruta nacional N° 3: se presentaron Kank y Costilla, Austral Construcciones y Petersen. La última hizo una oferta de 20% más y fue descalificada. Ganó Austral Construcciones por $ 238 millones, $ 39 millones más del presupuesto oficial.
“Nos permite dejar en claro que no solo hubo un direccionamiento grosero sino la falta de un adecuado control que tiene consecuencias nocivas para la administración. Y esto tiene como explicación que la orden de beneficiar a Báez venía de lo mas alto del poder ejecutivo”, había analizado el fiscal.
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