La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, fue autorizada por el Tribunal Oral Federal a no presenciar la tercera audiencia de alegatos del Ministerio Público Fiscal (MPF) en la causa "Vialidad", en la que está acusada de haber encabezado una supuesta asociación ilícita dedicada a sustraer fondos públicos mediante la adjudicación y ejecución irregular de obras públicas en Santa Cruz.
La exposición de este viernes, que fue iniciada por el fiscal Diego Luciani, fue prevista para ser concretada a través de la plataforma Zoom. Tal como había sucedido el martes pasado, la titular del Senado de la Nación fue excusada de conectarse por estar dedicada a “tareas parlamentarias”, según consignó TN esta semana.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso le dieron a los fiscales nueve audiencias para alegar. Luciani, que expone junto a Sergio Mola, adelantó que usará todas y que posiblemente requiera algunas más. Así, el alegato fiscal se extenderá de mínima hasta fin de mes. Luego será el turno de cada defensa, que tendrá tres audiencias por imputado. La primera será la de Báez y la de Cristina Kirchner, la sexta. La expectativa del tribunal es que antes de fin de año haya veredicto.
Esta semana, CFK recibió fuertes respaldos de parte de organizaciones peronistas, que denunciaron una "persecución" del sistema judicial y político para tratar de "proscribir" a la referente del Frente de Todos (FdT) de cara a las elecciones de 2023.
"Una asociación ilícita piramidal"
“Este Ministerio Público fiscal tiene por acreditado que entre 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares. Se trató de una organización que con una figura de espejo replicó en la clandestinidad un organigrama del Estado. Se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de estado y de la que participaron diversos funcionarios públicos que en paralelo al plano legal pero valiéndose de sus competencias prestaron los aportes necesarios”, describió Luciani en la primera audiencia.
En la causa de juzgan las irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Lázaro Báez recibieron de 2003 a 2015 para Santa Cruz.
Junto con Cristina Kirchner y Báez están acusados Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, José López, ex secretario de Obras Públicas, Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner, y Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, entre otros.
Sobre las obras, el fiscal dio algunos datos. Las empresas de Báez recibieron el 78% de los proyectos que sea adjudicaron a Santa Cruz entre 2003 y 2015. Solo tres fueron finalizadas en tiempo y forma, y no eran obras viales. Solo 27 de las 51 fueron terminadas, de las cuales 24 tuvieron demoras severas con retrasos injustificados. “Lo peor, inexplicable, 24 obras adjudicadas al grupo Báez fueron abandonados, quedaron inconclusas. Esto deja al descubierto la falta de capacidad técnica de las compañías”, describió Luciani en su acusación.
También reveló una prueba que no se conocía y que llamó “plan limpiar todo”. Se trata de mensajes de texto hallados en el celular del tucumano José López, que se le secuestró cuando fue detenido en 2016 en el convento de General Rodríguez, donde pretendía ocultar los bolsos con nueve millones de dólares.