“El ‘Pacto Social’ no está en juego; quieren correr el eje”

Van en ascenso las turbulencias entre la oposición y el oficialismo local por la dispar distribución de fondos no reintegrables entre distritos del mismo signo político y aquellos que no lo son. Luego de las duras críticas que recibió de parte de autoridades de los municipios administrados por el radicalismo, el gobernador interino Osvaldo Jaldo desafió ayer a los jefes municipales Mariano Campero (Yerba Buena), Alejandro Molinuevo (Concepción) y Sebastián Salazar (Bella Vista) a retirarse del Convenio de Asistencia Garantizada (también conocido como “Pacto Social” o “Pacto Fiscal”).

“Si un intendente decide salir del ‘Pacto’, lo aceptaría inmediatamente porque soy muy respetuoso. Firmaríamos un acuerdo y se tendrían que manejar con los recursos propios. Es más, no le cobraríamos la deuda con la Provincia”, expresó el mandatario en una entrevista exclusiva con LG Play.

Desde la Casa de Gobierno, el tranqueño embistió nuevamente contra los jefes municipales y, en especial, contra el diputado y presidente de la UCR local, Roberto Sánchez (lo había acusado de discriminar a las tres ciudades administradas por radicales). “Hemos venido trabajando armónicamente en seis años. Nunca se habló de discriminación. Jamás alzaron la voz. No todos hablaron de discriminación, pero sí Sánchez, que está en campaña para ser candidato gobernador: ve ‘una puertita’ y entra”, lanzó.

Las tensiones estallaron luego de un informe que publicó LA GACETA, en el que recopiló y expuso que en el primer semestre de 2022 la Provincia otorgó al menos $8.100 millones de asistencia financiera no reintegrable para 15 de los 19 municipios. No hubo aportes en este sentido para Bella Vista, Concepción y Yerba Buena, y la Capital recibió $35 millones.

No al enojo, sí a rendir cuentas

Sánchez se hizo eco de las expresiones de Jaldo y le advirtió que lo que debe explicar es cuál es el criterio con el que se otorgaron $8.100 millones de dineros no reintegrables en seis meses (en promedio, $1.350 millones por mes). “El Gobierno quiere correr el eje de la discusión. El ‘Pacto Social’ no está en juego. Lo que deben explicar es cuál es la razón por la que distribuyen fondos millonarios en forma discrecional, por fuera de ese pacto, a los municipios de su mismo signo político y discriminan a los opositores”, expuso. De todos modos, dijo que apuesta por el diálogo. “No hay que enojarse, solo rendir cuentas y asumir que no puede haber ciudadanos de primera y de segunda”, añadió.

En una extensa publicación, Molinuevo planteó que no se puede tener municipios autónomos si se les retacea el sustento financiero disponible. Argumentó que Tucumán sólo coparticipa 12,8% del total de impuestos nacionales y provinciales que se recaudan. Agregó que el cuadro se agrava porque no se distribuye lo recaudado por Ingresos Brutos, impuesto que representa el 80% de los ingresos provinciales. De ese modo, dijo que se “impide a los municipios y comunas salir del ‘Pacto Social’ y afrontar las obligaciones salariales, prestar servicios públicos y proyectar obras”. “Venimos siendo duramente discriminados sólo por tener un Gobierno de un espacio político diferente”, dijo.

Según pudo saber este diario, en la Casa de Gobierno buscan contener el malestar que se desató externa e internamente. Incluso, trascendió que antes del fin de semana habría un nuevo encuentro entre Jaldo y los radicales para intentar calmar los ánimos.

“Látigo y billetera”

El ex diputado José Cano también se subió al ring y consideró que Jaldo amenazó a los intendentes radicales con sus declaraciones. “Política del látigo y la billetera que aprendió con José Alperovich”, chicaneó. Le reprochó también que no sepa explicar por qué municipios oficialistas recibieron miles de millones y los opositores, nada. “Los números y los decretos son la prueba más evidente de lo que pretenden negar”, expuso.

También con críticas salió el legislador radical José María Canelada, quien dijo la única manera de ponerle fin al “Pacto Fiscal” es rediscutir la coparticipación de los recursos que la provincia envía a los municipios. “Hay que tomar el debate que se ha planteado como una oportunidad para, de una vez por todas, tener una distribución que garantice a las municipalidades su funcionamiento y que puedan darle mejores servicios a los vecinos”, expuso respecto a la controversia por el reparto discrecional de fondos.

El “Pacto Social” es un mecanismo nacido en el alperovichismo (Ley 7.974) mediante el cual el Ejecutivo garantiza el pago de sueldos y otros gastos a cambio de que los distritos cedan su coparticipación nacional, provincial y el fondo de desarrollo. A su vez, la Provincia puede otorgar asistencias -reintegrables o no- a través del Ministerio del Interior, que conduce Miguel Acevedo, para obras u otro tipo de necesidades.