¿Podrá recuperar la UNT el predio de Las Pirámides?

Hace pocos días la Universidad Nacional de Tucumán denunció por desobediencia judicial a Próspero Marcelo Sosa, el lugareño que ha erigido el barrio privado llamado Las Pirámides en el cerro, en el sector sur del parque Sierra de San Javier, que pertenece a la UNT. La Casa de Altos Estudios acusa a Sosa de haber seguido construyendo en el predio, pese a que la Justicia le había ordenado en 2018 “suspender de inmediato toda construcción de vivienda, tala de árboles y de toda especie vegetal, parquizado de terreno y cualquier otra acción que deprede el sector”, por tratarse de “un área natural protegida en donde está prohibida toda actividad humana que altere el ecosistema”. Este pedido de la UNT surge luego de un largo periplo judicial llevado a cabo para demostrar que Sosa, que había sido descubierto en 2018 cuando ya llevaba construidas 21 casas del barrio, siguió con su emprendimiento inmobiliario y para junio pasado ya tenía 47 viviendas levantadas.

Es decir, en cuatro años, con orden judicial en contra y con la Universidad presionando para tratar de hacer cesar la ocupación del lugar, duplicó la cantidad de construcciones. ¿Cómo se avizora el futuro? ¿Puede terminar como el caso del barrio ubicado debajo del CAPS de Horco Molle, donde viven unas 120 familias descendientes de los antiguos trabajadores de caña que vivían en la zona antes de que fuera expropiada para la UNT? Hoy la Universidad no intenta expulsarlos, sino sólo limitar su expansión y por eso ha logrado dos resoluciones judiciales para impedir que dos hijos de esos ocupantes levanten casas y ocupen nuevos terrenos.

Convivencia con ocupantes

El caso de Sosa es emblemático y forma parte no sólo de la historia de las ocupaciones en las 14.000 hectáreas del parque Sierra de San Javier, sino de los altibajos en la política universitaria para conservarlo. Es descendiente de un arrendatario de la familia Paz Posse, que era la dueña del sector sur de San Javier, en el límite con Villa Nougués. Es decir que el padre de Sosa le alquilaba un predio a los Paz Posse para hacer cultivos. Después de  la expropiación y la compra en 1948, la UNT siguió manteniendo algunos de esos arriendos de terrenos para cultivo de caña. Era una manera de convivir con los ocupantes, siempre y cuando las actividades no significaran la a alteración del ecosistema. Esto se conocía muy bien desde tiempos del rector Eugenio Flavio Virla, en los años 60, cuando se formó una comisión que no sólo estudió la conveniencia de seguir con la construcción de la Ciudad Universitaria en San Javier sino que hizo un censo de las tierras de la Universidad en el cerro.

Muchos de esos ocupantes se han incorporado a la misma Universidad -varios guardaparques son descendientes de las familias de Horco Molle, e incluso un hermano de Sosa, Sergio, fue guardaparque en la UNT- en una especie de simbiosis entre ocupantes y la entidad dueña de los terrenos. Algo cambió en la actitud de Sosa, que fue denunciado por usurpación en 1998, después de un incidente del 97 con guardaparques, en un juicio larguísimo que la UNT no se ocupó de seguir y que terminó 10 años después cuando el ex juez Daniel Bejas sobreseyó a Sosa por falta de acción de la denunciante. Juzgó que había pasado demasiado tiempo sin que se moviera la causa y la terminó. A partir de entonces el ocupante consideró que si no es usurpador es un legítimo poseedor y comenzó su proyecto inmobiliario, negándole derechos a la UNT e incluso desconociendo la validez de los documentos de la casa de estudios.

Estados alterados

Da la casualidad de que el comienzo de la actividad inmobiliaria de Sosa coincidió con la alteración de la conciencia en la Universidad con la llegada de los fondos provenientes de las  regalías mineras -precisamente entre 2006 y 2009 se hicieron varias de las cuestionadas obras para supuestamente terminar la Ciudad Universitaria- y con las polémicas por la desatención de la tarea de los guardaparques como custodios del enorme predio del parque universitario. En esa época se desarmó el instituto Claes Olrog de formación de guardaparques.

Para 2018, cuando se descubrió que Sosa estaba comercializando a través de internet terrenos en Las Pirámides -también esto se supo a causa de un incidente, cuando visitantes a la cascada “Salto de la corzuela” ubicada en el río San Javier, a 2,5 km al oeste de Las Pirámides, fueron expulsados por hombres armados que aducían ser dueños del predio de la universidad- ya había conciencia de los conflictos que tenía que resolver la Universidad.

El del barrio Horco Molle, tan viejo como la UNT, se mantiene hoy a raya con un control tipo “Gran Hermano” que hace la Universidad para evitar que haya más viviendas, y con las negociaciones eternas para que los habitantes del barrio no tengan más luz que la que da un medidor comunitario mientras se les propone que pueden quedarse en los terrenos siempre que reconozcan la titularidad del predio de la UNT. No los correrán pero tampoco los dejarán que piensen que alguna vez serán dueños de sus casas. Otro conflicto de largo aliento, el de los terrenos que pertenecían a Clementina Viaña de Colombres Garmendia en Tapia, sobre la ruta 341, está a punto de resolverse. Ya se hizo juicio de sucesión y se está haciendo un procedimiento de escrituración.

En el terreno en Tapia falta resolver una usurpación de dos personas, de apellidos Villarreal y Torres, que reclaman posesión de un terreno y que hace tres años fueron objeto de un operativo de la Justicia porque habían autorizado a que un country en construcción atravesara el terreno con manqueras para llevar agua del río al barrio privado. La Justicia y al UNT secuestraron todo el material.

Vientos cambiantes

Por lo demás, el parque Sierra de San Javier requiere atención constante -son 74 km de sur a norte- tanto de los guardaparques como de la guardia universitaria -unas 200 personas-. Hace dos semanas se aventó el intento de usurpación de área suroeste del predio del Manantial de la Facultad de Agronomía y Zootecnia, donde debieron construir una zanja de 500 metros para evitar el ingreso de intrusos. Con frecuencia se debe lidiar con cazadores furtivos, tramperos, recolectores de mantillo y hasta “emprendedores” que intentan poner cultivos de plantines de marihuana, según contó Rodolfo Salinas, director administrativo del parque. Anteayer hubo un incidente en la zona de Tapia, cerca de Tafí Viejo. El miércoles a la noche hubo cazadores de chanchos que hicieron fuego en la zona del Taficillo para atraer a los animales hacia ellos. El viento cambió en dirección a la zona que ya estaba quemada y su estrategia se  perdió.  Igual debió ir la gente de la UNT, según contó el guardaparque Manuel Pachado. El tema seguridad de toda la Universidad se va a tratar el jueves, cuando se reunirán los consejos de protección universitaria, según contó el secretario general de la UNT, José Hugo Saab.

El cambio de actitud frente a los problemas de ayer ha sido notorio en los últimos años. ¿Alcanzará para lograr que las viviendas de Las Pirámides sean demolidas y se restituya el bosque nativo? Hay una orden de junio de la Cámara Federal para que el juez Fernando Poviña organice el secuestro de maquinarias y elementos utilizados para la construcción del barrio y la tala de árboles. El magistrado, que es el único juez federal que tiene Tucumán -el juzgado II está vacante desde que se fue Bejas y el Juzgado III no ha sido constituido- no da abasto. El abogado Máximo Castro, que representa a la UNT, es optimista: “yo creo que esas casas van a ser demolidas y la gente se deberá ir”, dijo. Hay que verlo. Lamentablemente los tiempos de la Justicia están marcados por sus carencias. La Universidad ha obtenido buenas respuestas judiciales y ha armado sus equipos de custodia. Pero Sosa está visible, en conflicto con la UNT desde hace 25 años, y cada vez construye más casas.