El ex camarista de Apelaciones Enrique Pedicone reclamó a la Corte Suprema de Justicia que “dicte sentencia en el plazo perentorio de 48 horas” por la acción de amparo planteada respecto de su destitución, resuelta en febrero de 2021 por el Jurado de Enjuiciamiento. “Quiero, necesito y debo dejar documentada mi impotencia frente a lo que constituyó la más grave violación del sistema republicano y de derechos humanos que se ha consumado en los últimos tiempos en la Provincia, en circunstancias en que poderes 'salvajes' desbocados, desde el Poder Ejecutivo hasta la Legislatura, lograron un inédito fusilamiento del presentante, en un trámite plagado de irregularidades y de arbitrariedades, y que culminó con la separación de la 'víctima' de las funciones de magistrado de la Provincia y la 'premiación' del victimario en una vergonzosa unción como máxima autoridad del Poder Judicial”, afirma Pedicone en su presentación.
Fuerte enfrentamiento
La destitución del juez, que tuvo lugar el 17 febrero de 2021, fue el corolario de un fuerte enfrentamiento con el entonces vocal de la Corte, Daniel Leiva (hoy presidente del Alto Tribunal). Pedicone había denunciado que este le había solicitado el 28 de julio de 2020 que “maneje la intensidad” y “que siga picando bajo, volverlo a donde tiene que estar” el expediente penal de la denuncia por presunto abuso sexual contra el legislador provincial y líder de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi. El juez dijo que, en un encuentro en un bar céntrico, Leiva había dicho que actuaba a pedido del gobernador Juan Manzur y del vicegobernador Osvaldo Jaldo. Explicó que había grabado una conversación privada con Leiva en un café; puso esa grabación a disposición de la Fiscalía de Delitos Complejos y solicitó que se investigue al vocal.
Previamente, en agosto de 2020, Pedicone había sido el centro de un problema institucional en Tribunales, a raíz de su intervención en el caso “Punto y Banca”. Pedicone no estaba de turno pero intervino en el caso, aduciendo que contaba con el aval de los vocales Claudia Sbdar y Daniel Posse, y que el relator Andrés Garmendia le había informado verbalmente del apoyo del vocal Leiva. Pero este no acompañó la autorización para Pedicone, al igual que Eleonora Rodríguez Campos y Antonio Estofán, quienes sancionaron al juez .
Aprobación y rechazo
Después de la denuncia del juez contra Leiva, ambos fueron acusados para ser sometidos a juicio político. Pero la Legislatura rechazó el pedido contra Leiva y admitió los planteos contra Pedicone, quien, finalmente, fue destituido.
Pasado un año y cinco meses, el ex magistrado insistió con que su remoción fue contraria a derecho. Dijo que “están vencidos con creces todos los plazos legales y constitucionales, y la fecha no he logrado la debida tutela”. “Ante esta circunstancia, recurrí a los organismos internacionales (en los que recibí pronta y favorable respuesta), y ante V.E. como representación máxima del Poder Judicial, recabando urgente tutela a mis derechos humanos ultrajados por el accionar colusivo de los restantes poderes provinciales”.
Aclaró que, aunque no pretendía victimizarse, por los efectos y las consecuencias negativas que lo sucedido ha tenido en su familia, su persona, sus derechos, “la subsistencia material, la dignidad de trabajar y proveer al desarrollo familiar y personal y mi convicción republicana y democrática, ha llegado la hora de decir basta”. “La paciencia se ha agotado ante tamaña desidia, demora, indiferencia, grave incumplimiento de los plazos e indubitable denegación de justicia, todo lo cual configura claramente causales constitucionales de destitución”.
Opinó que “la república está subvertida; la verdad, negada hasta lo inimaginable (hay audios insospechados de la conducta delictiva de Leiva); y la razón y la moral, extraviadas”. Finalizó el escrito reiterando su pedido para “que se dicte sentencia en el plazo perentorio de 48 horas”.