Un escalofrío corre por las espaldas de los gobernadores. Tanto o más frío que el que muestran públicamente Alberto y Cristina Fernández, que tienen a una Argentina en vilo (porque el mundo ya sabe cómo se comportan políticamente). Mientras la ministra de Economía, Silvina Batakis, intenta convencer a los financistas e inversores globales de que el país ya está en la senda del ajuste, los mandatarios provinciales no saben qué les deparará este segundo semestre inflacionado. Desde hace tiempo, los gobernadores vienen hablando entre ellos -sin los interlocutores naturales que han sido el jefe de Gabinete, Juan Manzu,r y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro- no sólo para conformar la vieja liga, sino también para definir una estrategia que, en gran medida, llevó a la dupla Fernández a conducir el país, allá por diciembre de 2019. Ellos saben que son socios en el oficialista Frente de Todos y están dispuestos a exponer su postura frente a las internas de la coalición y también sobre el rumbo económico de una gestión que transita los últimos 17 meses de mandato. Pero esos gobernadores, además, juegan su propia interna. Hay quienes responden a Alberto (el tucumano Osvaldo Jaldo, por ejemplo), están también los que se inclinan por Cristina y, finalmente, se ubican aquellos que transitan por la ancha avenida del medio.
Pese a estos encolumnamientos, la inmensa mayoría de esos conductores de provincias coinciden en algo: las discusiones sólo se han dado en el corazón del poder, entre Alberto, Cristina y Massa, pero no sumaron a la mesa a ninguno de ellos, ni siquiera Manzur. En otras palabras, no se reconocen liderazgos preponderantes en el interior de la Argentina con el poder suficiente para tomar decisiones. En la sede central del Consejo Federal de Inversiones (CFI) ese será uno de los temas centrales de la nueva cumbre de la liga de gobernadores. Otro será posiblemente un posicionamiento integral sobre la situación socioeconómica y hasta puede darse un llamado general para que la cúpula del oficialismo resuelva pronto las diferencias para que el Partido Justicialista (socio mayoritario) se mantenga invicto en aquello de autoproclamarse como la única fuerza política capaz de empezar y terminar una gestión. La situación no parece fácil porque en medio del debate aparece el ajuste, aquello que Batakis está pregonando en Estados Unidos y que por estos lares ya han significado pujas internas en la Casa Rosada por el manejo del dinero y por el congelamiento de las designaciones. Párrafo aparte para los requerimientos del Fondo Monetario Internacional (FMI), que a través de su directora gerente ha dicho que en la Argentina se imponen “acciones dolorosas” para encarrilar la economía y para cumplir las metas pactadas entre el país y ese organismo por aquel crédito de U$S 44.000 millones. Un “waiver” (perdón) no parece ser del agrado de Washington. Con ese criterio, señalan algunos analistas estadounidenses, siempre se accederán a los caprichos de una Argentina que no honra sus deudas ni hace esfuerzos para generar una capacidad de pago de sus compromisos. Y aquí es donde se les ha pedido a los gobernadores un acompañamiento para que en cada distrito se aplique el mismo esquema de restricción del gasto.
Tras el encuentro de la semana pasada con la titular del Palacio de Hacienda, Jaldo le comunicó al ministro de Economía, Eduardo Garvich, cuál era la política que había que adoptar. Garvich es un funcionario al que le cuesta decir que sí cada vez que alguno de sus pares se sienta en su despacho para pedir ampliaciones de partidas presupuestarias. Ahora es Jaldo el que acompaña esa tarea. No está autorizando más partidas que las necesarias y, por los pasillos del edificio de San Martín y 25 de Mayo, ya se siente las rabietas de parte del elenco ministerial. “Si no les gusta, ya saben lo que pueden hacer”, es lo que se escuchó decir al vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo. Si todo sigue por esta vía, no habrá ampliación de presupuesto cuando en septiembre se presenten las proyecciones de cierre fiscal de este año y se diseñe el proyecto de Presupuesto para el año electoral 2023. Hasta entonces, Tucumán y el resto de las provincias sabrán cuánto dinero giraría el Gobierno nacional por transferencias de coparticipación federal, por leyes especiales y por giro para obras públicas.
Manzur será clave para cerrar el financiamiento de algunos proyectos ya anunciados y que hoy bordean la línea de la demora por la decisión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de postergar los créditos que estaban disponibles para la Argentina. En el board de ese organismo se evalúa que será difícil que el país salga de esta situación cambiaria, menos aún de un escenario de estanflación (estancamiento de la actividad económica con elevada inflación). Además, la postura asumida por el presidente del BID, Mauricio Claver-Carone es un claro pase de facturas al presidente de la Nación que, en algún momento, lo criticó duramente y en aquel mensaje también cayó el titular de las Organizaciones de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. Pero las diferencias no sólo se quedaron en las palabras. Alberto Fernández intentó imponer a Gustavo Béliz como titular del BID, una elección que finalmente quedó en manos del ex funcionario de la gestión de Donald Trump. Manzur tiene buena llegada a Washington y, en este recambio que se menciona, es cada vez más cercana la posibilidad de que se convierta en canciller. Dicen en Buenos Aires que la mudanza está casi definida para que el tucumano deje la Casa Rosada y se instale en el Palacio San Martín, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Mientras tanto, seguirá acompañando la gestión de Jaldo. Un dato curioso: es probable que Manzur llegue el jueves a Tucumán junto con su compañero de fórmula. Pero en la aeronave oficial también trasladaría a otros dos ministros: Wado de Pedro y Juan Zabaleta (Desarrollo Social), una incursión a territorio propio, tal vez el último como jefe de Gabinete si se cumplen las profecías de renovación de gabinete para oxigenar la administración de Alberto Fernández.