La semana pasada el Tribunal Oral Federal dictó una sentencia absolutoria sobre una mujer que enviaba niños a limpiar vidrios en la Plazoleta Mitre. En un fallo que tuvo la disidencia del vocal Enrique Lillljedahl, los jueces Carlos Jimenez Montilla y Abelardo Basbús tuvieron en cuenta el informe de una trabajadora social que exponía que la acusada vivía en condiciones de igual vulnerabilidad que los niños, y que no tenía medios para salir de esa situación.
LA GACETA se comunicó con el juez penal en Niños, Niñas y Adolescentes (N.N y A) Federico Moeykens, para consultarle cómo hubiera influido la existencia del Defensor del Niño en este caso. El magistrado, en sus últimas resoluciones había exhortado a la Legislatura a evaluar la posibilidad de disponer por ley la creación de ese rol, cuyo titular deberá velar por el cumplimiento de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y de sanear los casos en los que no se estén respetando los derechos económicos, sociales y culturales de las personas menores de edad.
“A raíz de los casos en los que me tocó expedirme y frente a vulnerabilidades advertidas en adolescentes en conflicto con la ley, consideré oportuno que en la provincia se implementara la figura Defensor del Niño, para que este funcionario autónomo pueda intervenir en casos como el que se me consulta. Creo que hay un denominador común en juego: el llamado Interés Superior del Niño. En mis resoluciones consideré importante que el Estado provincial cuente con una herramienta más como la que ya existe en Nación y en otras provincias, y que la misma coadyuve a que se tomen medidas que garanticen el bienestar de los niños, niñas y adolescentes”, explicó el juez, que aclaró que sobre el fondo de la sentencia del Tribunal Oral Federal no opinaría. “Lo importante es que en cualquier resolución que implique a una persona menor de edad, prime el Interés Superior del Niño; por eso hay que entender que en los casos de chicos que cometen delitos, paralelamente siempre hay cuestiones proteccionales en juego”, sintetizó al respecto.
En la Legislatura le confiaron a nuestro diario que este es uno de los temas que aparece en agenda para tratarse este semestre. Sin embargo aún no hay una fecha específica. Existen por lo menos dos proyectos sobre el tema, uno impulsado por los legisladores radicales José Ascárate y José María Canelada, y otro que propusieron las parlamentarias Marta Najar y (la hoy senadora) Sandra Mendoza.
Hoy en día el órgano del Estado encargado de hacer valer los derechos y el Interés Superior del Niño es la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf). Por otro lado, el magistrado advirtió cuestiones que involucran también a la sociedad. “Remarquemos que cualquier ciudadano puede y debe advertir sobre casos en los que no se están respetando los derechos de los niños. A mi entender es grave que una sociedad naturalice ciertas cosas: todos los días vemos niños trabajando de limpiavidrios en los semáforos o pidiendo afuera de los bancos y a menudo aceptamos que así sean las cosas. Por supuesto que ahí hablamos de una realidad donde han fallado espacios de contención básicos como la familia o la escuela, pero también es ahí donde la sociedad debe ver a ese niño”, argumentó. Y luego complementó: “Muchos de esos niños que vemos en extrema vulnerabilidad crecen en entornos difíciles, donde tarde o temprano tienen algún encuentro con la droga. Muchos caen en adicciones, o directamente se sumergen en el delito por la cuestión que sea. Recién entonces como sociedad comenzamos a ver a esos chicos, cuando ya tienen problemas con la ley”.
“Creo que es importante que mostremos que hay una realidad, que todos la conocemos. Esto no se trata de reclamos al Estado, sino de que volvamos a poner en escena que tenemos un problema macro, que cada cual desde el lugar o función que ocupa podemos comenzar a resolver, y que no es otro que el procurar contar con infancias y adolescencias sanas dentro de nuestra sociedad, donde los N.N y A tengan asegurado el pleno ejercicio de todos sus derechos. En ese sentido, creo que el rol del Defensor del Niño ayuda a que estemos más cerca de conseguir ese objetivo”, analizó.
Funciones del Defensor del Niño
Uno.- Tomar acciones y recomendaciones ante las instancias públicas competentes, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (N.N y A)
Dos.- Proteger los intereses difusos o colectivos de las N.N y A, pudiendo interponer las acciones a que alude tanto la Constitución de la Provincia de Tucumán como el Código Procesal Constitucional.
Tres.- Supervisar instituciones públicas o privadas que se dediquen a la atención, contención y cuidado de los N.N y A, debiendo denunciar cualquier irregularidad.
Cuatro.- Difundir a la sociedad a través de campañas educativas, y de los medios de comunicación, el ejercicio de los derechos de N.N y A y la situación y necesidades de la infancia.
Cinco.- Recibir denuncias que formulen los NN y A o institución, con relación a menores, y darle tratamiento al tema.
Seis.- Proveer un espacio físico y virtual de NN y A en el organismo donde se generen ámbitos de diálogo para facilitar la palabra y la escucha.
Siete.- Garantizar el derecho de los menores a ser oídos, respecto de los temas de su interés y en las instancias donde se deciden políticas públicas destinadas a ellos.
Ocho.- Implementar que las instituciones estatales abocadas a NN y A incorporen las observaciones y perspectivas específicas que los menores realicen.
Nueve.- Impulsar la utilización de prácticas restaurativas.