Por Nahuel Toledo
23 Julio 2022
DIFERENCIAS. Referentes aseguraron que aunque las circunstancias económicas pueden parecerse a las de 2001, la realidad social es otra. la gaceta / foto de JUAN PABLO SANCHEZ NOLI
En medio de un contexto económico volátil, marcado por la incertidumbre que genera el proceso inflacionario creciente y un descontrolado mercado cambiario, el descontento social gana terreno en las calles. Las movilizaciones de diversos sectores políticos y sociales observadas durante las últimas semanas son una clara muestra de ello.
En diálogo con LA GACETA, dirigentes de distintos espacios coincidieron en la visión de que el agravamiento del contexto social requiere de medidas, políticas y económicas, urgentes para descomprimir el escenario actual y evitar un estallido social, como ocurrió en 2001.
Sin certezas ni claridad
Martín Correa, dirigente del Partido Obrero (PO) en la provincia, se mostró desconfiado en que la administración de Alberto Fernández logré revertir la realidad y aseguró que ante una situación delicada como la que atravesamos “no queda en claro si la gestión del Gobierno nacional está en condiciones de terminar el mandato porque no se sabe quién lo sostiene. Además, es una gestión que no acierta una medida económica y tiene un dólar desmadrado”. En esta línea, Correa sostuvo que a partir de las presiones externas e internas, el Presidente no necesariamente se vería obligado a renunciar, pero si puede llegar a convocar a elecciones anticipadas.
En comparación con el escenario de crisis que atravesaba el país hace 20 años atrás, el referente del PO relató que en 2001 había un reguero de luchas con paros y movilizaciones, mientras que ahora solo se observa al campo obrero en la vía pública. “Los demás sectores están paralizados, como la Confederación General del Trabajo (CGT) que anuncia una movilización para agosto y dice que no es a favor ni en contra del Gobierno. Pero, las situaciones económicas son iguales a las que tuvimos en el 2000”, agregó. En relación a esto, Correa precisó que en los 50 merenderos que posee el partido dentro de la provincia ha crecido notoriamente la afluencia de personas.
Conflictividad encausada
Como referente del Movimiento Evita, Luciano Chincarini, apuntó que a la crisis económica generada por la escasez de dólares y un proceso inflacionario elevado que repercute con mayor énfasis en las clases populares, se sumaron las deficiencias internas del Frente de Todos, producto de una “tirantez constante” entre los principales actores de la coalición gobernante. “Esto deviene en un marco de debilidad política que no permite generar los cambios estructurales que necesitamos en la economía para evitar mayores impactos en la sociedad. Por eso hoy el rol que tenemos los sectores sociales es afianzar la coalición y no discutir el poder”, enfatizó.
Chincarini remarcó que en este contexto el Gobierno nacional también afronta presiones y construcciones que surgen desde sectores concentrados para generar inestabilidad en la gestión de Fernández. “No vislumbro un panorama como el de 2001 porque el conflicto social está encausado y conducido. Tenemos que tener en claro que las diferencias internas no pueden poner en riesgo la gobernabilidad”, exclamó.
El referente del sector también planteó una crítica profunda a la discusión política interna del peronismo y añadió que el movimiento viene planteando una teoría que supo ser exitosa pero hoy está agotada. “Debemos reformular las recetas que supieron dar resultado porque si el peronismo sigue apelando al desarrollismo como la única vía para generar bienestar está quedándose con una colcha corta que hoy deja, en el mejor de los casos, al 30% de los hombres y mujeres afuera. Esas personas hoy quedan afuera porque no están en la economía de mercado, sino en la economía popular”.
Por su parte, el legislador provincial Federico Masso fue contundente y detalló que ante una situación económica difícil, con un Banco Central de la República Argentina (BCRA) sin reservas y una fuerte presión “del círculo rojo que maneja la economía por arriba”, la administración federal tiene en sus manos las herramientas “para evitar un estallido social” y “analizar un blindaje social para que nadie especule y juegue con las necesidades de la gente”. “En 2001, por ejemplo, no había beneficios como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las organizaciones sociales no estaban organizadas como sucede hoy, pero el Gobierno está en la obligación de buscar mecanismos para oxigenar a los sectores populares y a los trabajadores registrados”, subrayó el referente local de Libres del Sur.
Masso profundizó su postura y advirtió que la situación del país es tan delicada que por primera vez en mucho tiempo “cayeron bajo la línea de pobreza un 83% de los trabajadores registrados” porque no llegan a cubrir con sus salarios el costo de los gastos básicos. “Hoy, en esta Argentina que exporta grandes cantidades alimentos hay gente que tiene la asignación universal y pide comida”, dijo el legislador. Y agregó que eso se evidencia en la mayor concurrencia de personas a comedores y merenderos.
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