Por Álvaro José Aurane
22 Julio 2022
GERMÁN ALFARO. “Este Gobierno está al margen de la ley”. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANTONIO FERRONI
La respuesta del Gobierno provincial a la demanda interpuesta por el PJ de Tucumán para declarar inconstitucionales los plazos electorales establecidos por la Constitución de 2006, y así poder anticipar los comicios provinciales de agosto para celebrarlos en junio, generó una indignada reacción en la dirigencia de Juntos por el Cambio.
“(Osvaldo) Jaldo y compañía quieren un gobierno al margen de la Constitución. No tienen inconvenientes con los plazos de la Carta Magna, sino que tienen problemas con la legalidad. Eso demostraron desde que son gobierno”, disparó el intendente de la Capital, Germán Alfaro.
“No cumplen con otorgar autonomía a las municipalidades. No cumplen con dictar una ley de voto electrónico. No cumplen con dictar una ley de régimen electoral para evitar el festival de acoples. No cumplen con invertir en escuelas, hospitales y comisarías garantizar educación, salud ni seguridad pública de calidad. No cumplen con combatir la pobreza para darle una vida digna a los tucumanos. Y no cumplen con invertir en obras públicas de infraestructura para que Tucumán deje el estado decrépito en el que la sumieron”, cuestionó.
“Este gobierno al margen de la ley ahora ni siquiera respetar los plazos electorales que el mismísmo PJ de Tucumán estableció en la Constitución reformada e 2006 y con los cuales se votó en 2007, en 2011 y en 2015. Los tucumanos necesitamos un gobierno ajustado a derecho, pero el gobierno solo quiere una provincia flojita de papeles”, denunció.
“Puro acting”
“Esto es puro acting”, repudió el presidente de la UCR, Roberto Sánchez. “El PJ le pide en junio a la Justicia que declare inconstitucionales dos artículos de la Constitución y ahora el Gobierno, que es del PJ, contesta la demanda diciendo que no es necesario que se expidan los jueces porque lo hicieron en 2019 cuando se anticiparon los comicios ese año. Es una puesta en escena para hacer lo que quieran con la Constitución”, condenó el diputado.
“Lo único que quieren es despegarse del Gobierno nacional en las elecciones del año que viene”, redobló el radical. Renegó, además, de que la Provincia plantee que el antecedente judicial de 2019 es válido. “Que hayan violentado la Carta Magna una vez no convalida que la violenten nuevamente. Los jueces tampoco están por encima de la Constitución”, advirtió.
Sánchez recordó, además, que la Convención Constituyente de 2006 “estuvo dominada por el PJ. Ellos aducían que el plazo de 120 días entre los comicios y la asunción del gobernador debía ser achicado, porque la transición era muy prolongada. Ahora se contradicen. Si quieren anticipar las elecciones de 2023, que las llamen junto con las PASO”, desafió. El parlamentario consignó, además, que la junta de gobierno de la UCR resolvió la semana pasada accionar judicialmente para reclamar que se respete la Constitución y sus plazos.
“Tercero interesado”
Precisamente, el legislador y delegado al comité nacional de la UCR, Raúl Albarracín, pidió concretamente que la UCR se constituya como tercero interesado en la causa que inicio el PJ de Tucumán en la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo para declarar inconstitucionales los artículos 100 y 43, inciso 6° de la Carta Magna. “El rol como partido de la democracia que tenemos por historia, doctrina y manda constitucional nos exige salir de la indiferencia ante el nuevo avance del oficialismo contra la Constitución, buscando acomodarla a su antojadizas conveniencias”, manifestó.
“La apatía o falta de interés en esta cuestión puede acarrear mayores consecuencias funestas a nuestra sociedad. Hay que poner a la UCR a disposición de la Constitución de los tucumanos y defenderla de la pretensión del oficialismo de flexibilizar la Carta Magna para acomodarla a sus pretensiones. Ya estamos viendo en este expediente judicial cómo coinciden y se confunden las pretensiones del Gobierno con las del PJ”, contrastó.
“Al fango”
“El lamentable intento del Partido Justicialista para obtener un fallo judicial que legitime su pretensión de adelantar las elecciones provinciales para despegarse de las elecciones presidenciales arrastra al fango la institucionalidad de la provincia y debe interrogarnos sobre el rol de la instituciones y su sometimiento a los designios del poder político”, bramó José Cano, ex diputado nacional y actual delegado al comité nacional de la UCR.
JOSÉ CANO. “El oficialismo confunde al Estado con el partido”. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE JOSÉ NUNO
A partir del planteo del Gobierno en la contestación de la demanda del PJ, en el que afirma que los plazos electorales fijados en la Constitución de 2006 ya no tienen vigencia, Cano planteó que “el gobierno tiene el falso convencimiento de que hoy, o no existen términos para llamar a elecciones, o bien que el gobernador puede convocar a elecciones cuando le venga en ganas. Todas las opciones imponen escenarios de ausencia de marcos institucionales adecuados para regir el proceso eleccionario provincial, conduciendo a un estado de ausencia del derecho y vigencia de los caprichos”, alertó.
“Hoy el país es azotado por la inflación, la ciudadanía es atormentada por la inseguridad y la falta de empleo genuino, y la improvisación sistémica ha suplido los programas de políticas públicas. Realmente avergüenza ver al Partido Justicialista y al Gobierno de la Provincia estén ocupados en intentar justificar como burlar la ley y la Constitución para obtener ventajas electorales y despegarse de las elecciones presidenciales”, sentenció.
“Otras prioridades”
“El oficialismo sigue confundiendo el Estado con el partido”, lamentó el ex concejal José Luis Avignone. “Las sentencias que fueron dictadas hace cuatro años y permitieron anticipar los comicios de 2019 declararon inconstitucionales los artículos 43, inciso 6°, y 100, sólo para el caso que planteaba el Frente Renovador. En ese momento, cuando la Provincia contestó la demanda, defendió la vigencia de esas normas. Ahora, la Fiscalía de Estado abandona la defensa de esas normas y presenta argumentos que, en definitiva, coinciden con el objetivo del amparo que promueve el PJ: que el Gobierno pueda llamar a elecciones en junio en vez de agosto, como manda la Carta Magna”, cuestionó.
“El país está caminando al filo del precipio y en Tucumán el oficialismo sólo piensa en violentar la Constitución. Las prioridades del gobierno debieran ser otras”, criticó.
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