Manantial Sur debería estar concluido hasta octubre

Poco menos de 10 años habrán pasado desde que comenzaron los trabajos para edificar 2.500 viviendas sociales en Manantial Sur hasta que se entregue la última de las llaves. A través del programa “Reconstruir”, la Provincia consiguió este año el financiamiento para recuperar 952 casas que no pudieron ser entregadas en tiempo y forma por incidentes de infraestructura y la aplicación de nuevas reglas de control de los adjudicatarios. Con los años fueron devoradas por los yuyos y las malezas, sufrieron el deterioro del paso del tiempo y fueron arrasadas por vándalos durante la cuarentena estricta. Los trabajos demandarán unos $450 millones y deberán estar finalizados en un plazo máximo de 120 días desde la firma de los nuevos convenios con las mismas empresas que las levantaron. A fines de octubre de 2022 está previsto que concluya la entrega de una obra que comenzó en 2013, a través del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV).

En el marco de los festejos por el 9 de Julio, el presidente Alberto Fernández hizo entrega de 100 casas recuperadas (la número 50.000 de su gestión, según informó Nación). Previamente, la Provincia había otorgado la posesión de siete viviendas, por lo que resta poner a punto y entregar 845 inmuebles.

La interventora del IPV, Stella Maris Córdoba, había dicho a este diario que se harán recepciones parciales de las casas a medida que vayan estando en condiciones de ser habitadas. De ese modo se busca evitar nuevas vandalizaciones. En cuanto a los adjudicatarios, la ex legisladora aclaró que todas están comprometidas por convenios que se han firmado con gremios y organismos estatales durante la gestión de Gustavo Durán.

Culpas compartidas

En su discurso, el Presidente responsabilizó a la gestión de Mauricio Macri por el abandono que sufrieron las viviendas. “Cuando veníamos para aquí, Jorge Ferraresi (ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat) me comentaba que todas estas casas habían quedado abandonadas con un 90 por ciento de avance y que inexplicablemente en el año 2017 se dejaron de hacer. Y me pregunto, ¿por qué alguien dejó de hacerlas, por qué alguien tuvo tan poco corazón de dejar 800 casas a punto de ser terminadas? (...). Burocráticamente era difícil terminar estas casas; hizo falta una ley para poder reconstruir lo que estaba sin terminar. Algo que había empezado Cristina (Fernández), que Macri decidió no seguir y nosotros vinimos a terminar por los argentinos y argentinas porque ellos la necesitan”, dijo.

Hasta ese momento ningún funcionario provincial -ni Juan Manzur como gobernador ni el interino Osvaldo Jaldo- había responsabilizado a Macri por el deterioro de las casas. Sólo había habido críticas contra lo que fue el “Plan Belgrano” que condujo José Cano (UCR). En abril de este año, el flamante ministro de Obras y Servicios Públicos, Fabián Soria, dijo que en Manantial Sur “pasaron muchas cosas desafortunadas con responsabilidades compartidas”, pero tampoco hizo alusión a la gestión anterior. Eduardo Mateo, representante de la Cámara Tucumana de la Construcción, reconoció que la obra tuvo muchas complicaciones. “Se convirtió en un calvario para empresas y para el Gobierno”, resumió.

Casi una década

Manantial Sur empezó a ser construido en junio de 2013. El Estado destinó $326 millones a la construcción de las 2.500 casas de este complejo (U$S 50 millones según la cotización oficial de aquel momento). El emprendimiento completo -con infraestructura- tenía un presupuesto de $800 millones (U$S 123 millones). La Legislatura autorizó al entonces interventor Durán a obviar la licitación pública (Ley N°8.570). En julio 2014, la Cámara autorizó un adicional compensatorio extraordinario por $30 millones (Ley N°8.696).

Las casas debían entregarse entre 2015 y 2017, pero los tiempos se alargaron por los incidentes ya mencionados. El sistema de bombeo de líquidos cloacales debía ser construido por la empresa ByM, pero, a fines de 2016, esa firma y el IPV rescindieron el contrato. Se dispuso una asistencia financiera de $15 millones para que la SAT se hiciera cargo de la tarea. Además, a fines de 2019, la Provincia inyectó $246 millones a través de decretos de necesidad y urgencia (DNU) que fueron firmados por Manzur y avalados por la Cámara (Ley N°9.472), pero la pandemia frenó las obras de recuperación. El salvajismo volvió a atacar durante la cuarentena estricta y dejó a más de 1.000 casas en un estado deplorable: sin sanitarios, sin aberturas y, algunas, hasta sin techo.

A través de la Ley N° 9.518, se autorizó al IPV a rescindir los contratos con las constructoras para poder acogerse al programa “Reconstruir”. Allí se advierte que los fondos percibidos mediante el DNU se considerarán pago a cuenta del precio del contrato de reactivación y completamiento del emprendimiento habitacional. Dichos montos se tomaron a valores históricos, no actualizados.