Por Gustavo Rodríguez
12 Julio 2022
LOS PRINCIPALES ACUSADOS. Edgar Bacchiani y sus colaboradores seguirán detenidos en el penal catamarqueño de Mirasoles.
La causa Adhemar tuvo un giro inesperado. En el último día antes de la feria, el juez federal de Catamarca Miguel Ángel Contreras emitió una polémica resolución. Procesó a responsables de la firma Adhemar Capital (AC); trabó embargo por más de $1.400 millones a los principales acusados; sobreseyó a otros y se declaró incompetente, por lo que el complejo expediente pasará a las manos de la justicia ordinaria. El fallo generó un enorme revuelo y los abogados ya anunciaron que apelarán la medida.
El proceso que derivó en este inesperado presente es tan complejo que vale la pena plantearlo por puntos para entenderlo:
1- La acusación:
AC era una empresa que se dedicaba a recibir dinero de inversionistas para la compra de criptomonedas. Recibía el dinero de inversionistas a cambio de un pago de suculentas comisiones que superaban ampliamente a las que se podría encontrar en cualquier plaza financiera. Si bien tenía sedes físicas en Catamarca (allí operaba la central), Tucumán y Córdoba, también tomaba efectivo en Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe, entre otras.
A fines de 2021, el Banco Central de la República Argentina solicitó que se investigara a la empresa ante la sospecha de algunas irregularidades. En enero, la Comisión Nacional de Valores (CNV) ordenó que cesara de operar. En los últimos días de febrero y primeros de marzo, la firma comenzó con una cesación de pago, lo que agravó la situación. En abril, el juez Contreras decidió acusar al titular de la firma Edgar Adhemar Bacchiani y a un grupo de colaboradores de los delitos de asociación ilícita, intermediación financiera sin autorización, lavado de activos y defraudación.
2- Una disputa:
El magistrado de Catamarca, mientras avanzaba con la pesquisa, tomó otra sorpresiva medida: ordenó que todas las causas que se abrieron, tanto en el fuero federal como en las justicias ordinarias de todo el país, fueran remitidas a su juzgado porque serían acumuladas. Por esa razón, las denuncias de los tucumanos terminaron pleiteando en la vecina provincia. La fiscala cordobesa Valeria Rissi se opuso y no sólo llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que resolviera la cuestión, sino que denunció las irregularidades que habría cometido para favorecer a Bacchiani.
La investigadora de “La Docta” había ordenado la detención en contra del CEO de AC por las más de 100 denuncias que había realizado. Pero los trámites se demoraron y cuando los policías cordobeses fueron a cumplir con la orden, Bacchiani ya había sido arrestado por orden de Contreras, lo que agravó aún más el conflicto entre los funcionarios judiciales.
El juez Miguel Contreras.
Después de haber tenido cuatro meses la causa en su poder, el juez federal tomó una sorpresiva resolución. Señaló que no había encontrado elementos para sospechar que Bacchiani haya lavado activos y que el único delito que él investigaría sería el de haber realizado actividades financieras no autorizadas. Dispuso además que la acusación de asociación ilícita y estafas reiteradas deberían ser investigadas por la justicia catamarqueña.
“La decisión es sorprendente y polémica. Falló así cuando crecía la presunción que el CEO de la empresa había manejado el dinero del poder político de esa provincia y la plata sucia que podría haber provenido de la corrupción”, explicó el abogado Alfredo Aybar que representa a los damnificados tucumanos. “Además no se entiende la resolución. Él dice que sólo investigará por haber realizado operaciones financieras no autorizadas, pero no tiene en cuenta que a partir de ese delito, se formó una asociación ilícita para cometer estafas reiteradas”, añadió.
El letrado dijo que el falló debe ser analizado porque él y otros abogados decidieron apelar. “Después se resolverá lo que hará la justicia ordinaria de Catamarca. Puede aceptar sin chistar la resolución, enviar el expediente a todas las jurisdicciones donde se radicaron las denuncias o esperar que la Corte de la Nación resuelva el conflicto”, opinó Aybar.
Legalmente esto no significa que las investigaciones vuelvan a fojas cero. Los fiscales o jueces utilizarán todo lo que ya está incorporado en el expediente de la justicia federal catamarqueña, pero generará una importante demora en el avance de la pesquisa.
3- Algunos beneficios:
La causa Adhemar tuvo algunos ribetes que terminaron siendo históricos en el país. Por ejemplo, Contreras le concedió el arresto domiciliario a Bacchiani para que pudiera revisar sus cuentas y así comenzar con un plan de reintegro de dinero a los ahorristas. Después de varios días le revocó el beneficio porque se comprobó que ni siquiera había podido ingresar a los bancos donde supuestamente tenía el dinero.
Después, el acusado, en una nueva declaración, le dijo al magistrado que un amigo al que él le había hecho varios favores estaba dispuesto a prestarle U$S 50 millones para que organizara un plan de pago. Contreras, sin investigar la identidad de ese “benefactor” y el origen de los fondos, autorizó al acusado para que comenzara a reintegrar las inversiones que habían realizado los ahorristas. Cuando el plan marchaba sobre rieles, no sólo se declaró incompetente, sino que además no resolvió un pedido de Bacchiani: que le permitieran usar los datos de su celular para seguir cumpliendo con lo que había pactado, ya que la cárcel de Miraflores, donde se encuentra detenido, no tiene internet.
“Es sorprendente que haya tomado una decisión así. Los acuerdos siguen tramitándose, pero de manera lenta por las trabas que él mismo impuso. Ahora, con su resolución, habrá que ver cómo seguimos con esto”, señaló Aybar que confirmó que ya logró que varios de sus representados recuperen unos U$S200.000 (unos $53 millones).
4- Embargos
Hasta el momento no se sabe cuánto es el monto que Bacchiani debe reintegrar ni la cantidad de ahorristas damnificados. Aybar sostiene que sólo en Tucumán, la firma captó por lo menos U$S 60 millones (más de $16.000 millones), pero en ese monto no están discriminados las inversiones en blanco y en negro. “Es todo un misterio porque no se investigó bien este punto y muchos decidieron no denunciar por temor a ser perseguidos por el origen de los fondos que invirtieron”, explicó.
En el fallo firmado el viernes pasado, Contreras decidió trabar millonarios embargos a todos los que seguirán procesados en la causa. Dispuso que se les realicen embargos preventivos a Bacchiani ($500 millones), a su pareja Zoraire Garcés Rusa ($100 millones), Iván Segovia ($200 millones), a José Armando Blas ($200 millones), a Franco Alexis Sarroca ($200 millones) y a la gerente de la sucursal de Yerba Buena, Sofía Esther Aylán ($200 millones). Estos $1.400 millones no representan ni el 10% del total de fondos que habría recibido sólo en nuestra provincia.
El abogado Alfredo Aybar.
5- Situación procesal
Antes de desprenderse de la causa, Contreras también resolvió la situación procesal de todos los mencionados en la causa. Confirmó las detenciones de Bacchiani, Segovia y Blas. Al mismo tiempo, ratificó que por cuestiones humanitarias (deben atender a sus hijos menores de edad) Garcés Rusa. Segovia y Aylán continuarán gozando del beneficio de arresto domiciliario. A todos los acusó de haber realizado operaciones no autorizadas.
Por último, dictó la falta de mérito para los tucumanos María Lihué Banegas y Lucas Barrera Oro y los catamarqueños Héctor Sagripanti, Pablo Sosa y Pablo Olmi, que habían sido empleados de AC. Varios de ellos aportaron elementos clave para que la investigación avanzara.
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