Por Roberto Delgado
12 Julio 2022
Quiénes son los empresarios procesados por las obras en la UNT y cuáles son los trabajos
Poviña dictó en abril procesamiento sin prisión preventiva y embargo a 20 personas, vinculadas a 11 empresas que hicieron obras con fondos de regalías mineras, en una causa complementaria a aquella por la que espera juicio oral el ex rector Juan Alberto Cerisola.
UN CASO LLAMATIVO. La obra de la Facultad de Derecho en los tiempos en que se hizo la remodelación. la gaceta / fotos de antonio ferroni - hector peralta (archivo)
La Justicia federal tiene aproximadamente tres años para enjuiciar a 20 empresarios procesados por presuntos sobreprecios en las obras realizadas entre 2006 y 2009 en la UNT. Se trata de causas por presunta defraudación, que tiene una pena máxima de seis años y el plazo, en casos como este donde hay una institución federal como la Universidad damnificada, se cuenta desde el momento en que hay un funcionario nacional involucrado, según explicó una fuente de la Justicia. En este caso estaban involucrados el ex rector de la UNT, Juan Alberto Cerisola, el ex director de Contrataciones Universitarias, Osvaldo Venturino, y la ex directora de Construcciones Universitarias, Olga Cudmani. Ninguno está ya en la Universidad: Cerisola dejó de ser rector en 2014 y Venturino y Cudmani se jubilaron; la última en hacerlo fue Cudmani en 2019, lo cual marca el plazo de la indagatoria hasta 2025.
Los 20 empresarios integraban 11 empresas contratadas para trabajos en la Universidad en el marco de lo que Cerisola y su equipo establecieron como lo necesario para la conclusión de la Ciudad Universitaria, establecida por la ley 14.771 como destino obligado de las regalías mineras que llegaran de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio, ente que integra la Universidad.
Cerisola, que hizo cambiar el objeto de la ley mediante un acta firmada en YMAD en 2008, con el objeto de tener libre disponibilidad de los fondos mineros, fue acusado con su equipo (el que integraba también su ex funcionario Luis Sacca) por administración fraudulenta en el manejo de $ 353 millones de fondos mineros ingresados entre 2006 y 2009. Cerisola, Sacca, Venturino y Cudmani esperan ser enjuiciados por ello, aunque aún no hay fecha ni jueces para que se inicien las audiencias. Después de que se enviara a juicio oral esta causa, la Cámara de Apelaciones ordenó que se investigara también a los empresarios contratados para los trabajos y así fue que, tras la investigación del fiscal Carlos Brito, el 18 de abril el juez federal Fernando Poviña los procesó sin prisión preventiva y dictó embargos por los presuntos sobreprecios en 17 obras. Presumiblemente, los empresarios apelaron su procesamiento.
Obras y procesados
- Marcelo Eduardo Boero, empresa Boero
El empresario Boero y Sylvia Viviana Coronel fueron acusados por la obra N° 478, “Laboratorio de Ciencias Exactas”. Se les imputó haber cobrado $ 4.776.000 por el trabajo, que en valores de mercado de 2008 eran $2.421.994. Boero negó la acusación y se negó a declarar. Se le dictó embargo por $ 5 millones. Coronel negó el hecho y dijo que fue empleada administrativa hasta 2007 y que luego se mudó a Tierra del Fuego. Se le dictó falta de mérito para procesarla o sobreseerla.
- Pedro Alberto Varela Ottonello y Juan Manuel Peña, empresa Anticorrosiva del Norte
Obra N° 477, “Salón de uso múltiple, Facultad de Educación Física”. Cobraron $ 2.996.347 y el valor de mercado era $ 1.927.496. Varela Ottonello negó todo; dijo que su empresa vendía productos químicos desde hacía 37 años en el NOA y que era agente comercial de una empresa alemana. Dijo que hubo obras adicionales complementarias pedidas por la UNT. Añadió que su empresa tenía una política de precios “absolutamente independiente a las expectativas de los usuarios y/o contratantes”. Dijo que la pericia de Gendarmería no advertía si en la determinación de su precio incluía gastos generales, adicionales e imprevistos. Peña hizo un alegato similar. Embargo por $ 2 millones a cada uno.
- Juan Carlos Aranda y Norma del Valle Zottola, empresa Rondeau
Obra N° 473, “Residencia Universitaria - Adecuamiento Edilicio para Discapacitados - Horco Molle”. Cobraron $ 3.820.727 y según el mercado costaba $ 1.764.157. Aranda negó todo y dijo que la pericia era “parcial, subjetiva y arbitraria porque no contempla la realidad y la plenitud de la obra en cuestión, omitiendo algunos ítems tanto en las obras civiles como en la instalación sanitaria”. Embargo por $ 4 millones a cada uno.
- Ricardo Aníbal Fernández y Ruth Soledad Fernández, empresa Con-Fer
Obras Nº 459 (“Facultad de Psicología - Etapa II. Terminación Centro Prebisch”, por la que cobraron $ 2.194.389 y valía $ 1.187.780) y N° 511 (“Facultad de Educación Física, Aulas y Vestuarios”, por la que cobraron $ 4.884.512 y valía $ 4.268.159). Fernández dijo que su empresa familiar trabajó 37 años con obras públicas; que ganaron correctamente las dos licitaciones (una era pública y la otra privada) y que el monto que le imputaban haber cobrado en la obra 459 no coincidía con el valor del contrato. También dijo que la pericial de Gendarmería omitió hacer estimaciones sobre gastos generales y costos impositivos. Embargo por $ 3,5 millones a cada uno.
- Manuel Guillermo Galindo y Roberto Antonio Galindo, empresa Camaro
Obra Nº 486, “Facultad de Psicología Aulas y Cátedra”. Cobraron $8.650.401 y costaba $4.005.290. Negaron los hechos y se abstuvieron de declarar. Embargo por $ 9 millones a cada uno.
- Javier Martínez Riera y Oscar Enrique Prado, firma Pramarco
Obra Nº 527 (“Asunt- Remodelación local obra social”; Cobraron $ 3.363.660 y costaba $ 1.719.009) y N° 467 (“Secretaría de Bienestar - Casa del Estudiante”; cobraron $ 2.676.893, y costaba $ 1.202.821). Martínez Riera negó sobreprecios; dijo que su empresa trabajaba desde hacía 15 años y que fueron contratados conforme a la Ley de Obras Públicas. Embargo por $ 6 millones a cada uno.
- Juan Vicente Guzmán, firma Obritec
Obra Nº 480, “Facultad de Agronomía y Zootecnia - Remodelación de Laboratorios para Certificación”. Cobró $ 10.404.371 y costaba $ 2.532.641. El hombre, domiciliado en Villa Mariano Moreno, negó los sobreprecios. Dijo que estaba desocupado y que su empresa había quebrado hacía ocho años. Embargo por $ 15 millones.
- Horacio Eduardo Gordillo y Fernando Adrián Gordillo, firma Gordillo
Obras Nº 544 (“Facultad de Odontología - Ampliación y Remodelación del Área de Esterilización Centro Prebisch”; cobraron $ 527.473 y costaba $ 316.205) y 481 (“Facultad de Odontología, Edificio de Clínica Odontológica”; cobraron $ 8.641.949 y costaba $ 3.608.739). Horacio Gordillo negó sobreprecios y pidió que se cite a declarar al perito de Gendarmería, cuyo informe dijo que iba a impugnar y explicó detalles de las obras. Embargo por $ 10 millones a cada uno.
- Jorge Ignacio Zeballos y Máximo Federico Mellace, empresa Barcal
Obra Nº 538, “Facultad de Arquitectura y Urbanismo - Criatic - Etapa II”. Cobraron $ 2.698.118 y costaba $ 781.924. Zeballos negó sobrepredicos y dio otro monto de obra que contrató la UNT. Añadió que de esa obra se desprendieron dos complementarias y un imprevisto. Dijo que en la pericia de Gendarmería se podían observar dos pagos repetidos. Embargo por $ 4 millones a cada uno.
- Exequiel P. Movsovich, empresa Betón
Obras Nº 545 (“Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, laboratorio de instrumentación industrial”; cobró $ 4.689.740 y costaba $ 1.593.523); N° 465 (“Facultad de Filosofía y Letras - Complejo de Aulas”; cobró $ 9.331.197 y costaba $ 3.348.313) y N° 533 (“Facultad de Derecho y Ciencias Sociales”). En este último caso se lo acusó de haber cobrado anticipos financieros por $ 6.154.603, los cuales no estaban previstos en el pliego de bases y condiciones. También, por haber solicitado que se le reconocieran, en el marco de la misma obra, mayores costos, los cuales comprendían, por una parte, el alquiler de un terreno, por un valor de $ 298.042, en el período correspondiente a enero de 2010 a septiembre de 2011, “siendo el monto reconocido superior al reclamado y sin tener respaldo documental”; por otra parte se reconoció $ 4.449.726, los cuales no se encontraban previstos en la contratación efectuada, resultando un 62% más del monto originalmente reclamado. Finalmente, en la misma obra, el haber cobrado por trabajos adicionales $ 3.598.834, habiéndose otorgado un anticipo financiero de $ 1.805.862, “los cuales no se encontraban previstos en la contratación efectuada para la mencionada obra, ocasionando de este modo un perjuicio a la administración pública nacional (UNT)”. Negó la imputación y expresó que el haber cobrado anticipos financieros no configura un ilícito reprochable penalmente. Y que “en cuanto a los mayores costos ante la imposibilidad de comenzar la obra dado que hubo una entrega parcial de la misma (tardía), se ideó una solución para ello, la cual consistía en el alquiler de un inmueble lindero para comenzar los trabajos”. Embargo por $ 18 millones.
- Héctor Gerardo Preatonio, Héctor fidel Preatonio y Alejandro Martín Preatonio, empresa Mitsuito
Obra N° 519, “Remodelación y Refuncionalización Casa N° 8 San Javier”. Cobraron $ 8.132.891 y costaba $ 3.051.644. Héctor Preatonio negó la acusación y dijo que no estaba a cargo de la actividad de construcción de la empresa. Alejandro Preatonio explicó que él se ocupaba sólo de la compra de materiales y que no tenía conocimiento de la contratación efectuada con la UNT. El padre de ambos, Héctor Fidel Preatonio, se negó a declarar y se remitió a un escrito presentado electrónicamente. Embargo por $ 10 millones a cada uno.
- Cerisola y sus ex empleados de la Universidad: les ampliaron los embargos
Osvaldo Venturino, ex director de Contrataciones, negó la imputación, criticó el informe de Gendarmería y dijo la realidad edilicia de la UNT había determinado que se generen trabajos adicionales. Explicó que su área estaba subordinada a Construcciones Universitarias. Embargo por $ 47 millones.
Olga Cudmani negó haberse apartado de las leyes vigentes y remitió a su declaración de 2016. Embargo por $ 20 millones.
Juan Alberto Cerisola negó las imputaciones y los montos de las pericias de Gendarmería. Dijo que su resolución por la que hizo depender del Rectorado Construcciones Universitarias era correcta. “No he participado nunca ni he conocido la fijación del precio de las obras, ni tampoco he asistido a ningún acto de licitación de obra, siendo como declararé en el juicio oral que tendré prontamente, en algunos casos participaron decanos y un juez federal, de una licitación pública”, expresó. Embargo por $ 20 millones.
El juez Fernando Poviña, por otra parte, rechazó las críticas de los imputados a las pericias de Gendarmería. Dejó asentado que “la pericia judicial y los informes técnicos que la Policía puede y debe realizar, poseen igual valor probatorio intrínseco y quedan sujetos a su valoración por el tribunal”.
El juez dictó falta de mérito para Aldo Antonio Polti, empresa Construcciones y Servicios
Obra Nº 513, “Remodelación y Mantenimiento de Casa N° 10 y estacionamiento para 10 autos - Horco Molle”. Cobró $ 354.304 y costaba $ 230.922, según la pericia. Negó los sobreprecios; dijo que había un acta en la carpeta de la obra con una firma que él no puso. Negó los valores presentados en la pericia de Gendarmería. El juez le dictó falta de mérito para procesarlo o sobreseerlo.
El juez dictó falta de mérito para Guillermo José Pasquini y Ana Inés Cossio, de Mak Construcciones
Obra N° 532, “Escuela de Agricultura y Sacarotecnia, construcción de cinco módulos de Campo Horco Molle”. Negaron el hecho. En una resolución firmada el viernes 8 de julio, el juez dictó al falta de mérito para ser procesados o sobreseídos, "sin perjuicio de la investigación que se realiza en la causa", expresa la decisión judicial.
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