Los productos de gestión menstrual representan un mayor costo económico para las personas menstruantes, lo que amplia las desigualdades sociales. Así lo señala un informe elaborado por técnicos de la Dirección de Economía, Igualdad y Género de la Nación.
En la Argentina, más de 12 millones de mujeres, de varones trans y de personas no binarias utilizan Productos de Gestión Menstrual (PGM), considerados de primera necesidad. No obstante, en términos económicos su costo profundiza las desigualdades sociales.
"Los PGM representan un costo para las personas menstruantes, que son, a su vez, la porción de la sociedad con menores ingresos, y con mayores niveles de precarización, de desempleo y de pobreza", destaca el informe.
Añade que esta situación empeoró con la pandemia: impactó significativamente en la economía de los hogares, lo que llevó a que el 70% personas modifiquen sus hábitos en el uso de estos productos, por motivos económicos.
"De este total, más del 70% tuvo optar por marcas o productos más económicos, mientras que un 26% debió comprar menos cantidad y optimizar su uso", señala el documento.
A las barreras económicas se suman la falta de acceso al agua e infraestructura, que afecta principalmente a las poblaciones que no tienen servicios de higiene, sanidad y agua y que, debido a ello, recurren a alternativas nocivas para su salud.
"Durante los meses más difíciles de 2020, en medio de las medidas de emergencia por la covid19, muchas mujeres afirmaron haber utilizado trapos, remeras viejas u otros elementos no destinados a la gestión menstrual dada falta de acceso a los PGM", destaca el documento.
Y añade que las extensiones de las redes de agua potable resultan fundamentales para garantizar el acceso a una gestión menstrual saludable.
"El 88% de la población contaba con acceso a agua por red. Sin embargo en los barrios populares, el acceso formal a servicios de agua alcanzaba sólo a un 11,6%, de acuerdo a estimaciones del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, en el año 2019", dice.
Por otra parte, el reporte destaca el resumen de políticas "Justicia menstrual", presentado por el Ministerio de Salud de la Nación, que identifica el impacto directo de la gestión menstrual, abordando la seguridad, efectividad, aceptabilidad e infraestructura necesaria para el uso de PGM.
Este material reconoce que la provisión de productos de higiene menstrual a sectores vulnerables tendría un efecto positivo en la equidad, pero, a su vez, advierte que la provisión de copas menstruales puede afectar negativamente en estos sectores por la falta de infraestructura e higiene.
Otro obstáculo que dificulta la correcta gestión menstrual es la distancia territorial a los centros de salud para consultas médicas y chequeos periódicos correspondientes.
Por último, la ausencia de instalaciones sanitarias y productos adecuados para la gestión menstrual produce ausentismo laboral y afecta las condiciones de desigualdad estructurales en su inserción económica.
"Las mujeres enfrentan condiciones de desigualdad estructurales en su inserción económica: ganan un 28% menos en promedio que los varones, tienen trabajos más precarios y presentan mayores tasas de desempleo", señala el documento.
De este modo, el costo de menstruar se enmarca en otras formas de desigualdad: "recae sobre los ingresos, siendo un obstáculo para estudiar o trabajar", concluyó el informe.