09 Julio 2022
CAPTURA DE VIDEO.
La camarista penal Alicia Freidenberg derribó la acusación articulada contra Irene Benito, periodista de LA GACETA. En un pronunciamiento de 11 carillas notificado ayer, la jueza desestimó que constituyeran delitos los hechos que había denunciado el abogado y funcionario del Gobierno provincial, Alfredo Falú, tal y como Benito y su defensor, Patricio García Pinto, habían manifestado en numerosas ocasiones desde el comienzo de este proceso. Freidenberg, además, consideró que no correspondía otorgar a Falú el rol de querellante y aplicó las costas por el orden causado.
El pronunciamiento desbarata la actividad desplegada por las fiscalas Mariana Rivadeneira y Marta Ignacia Jerez -son hija y madre-, y por el juez Raúl Cardozo. Freidenberg adujo que el conflicto expuesto tenía naturaleza civil y no penal, y que ello surgía de la propia imputación que había hecho Rivadeneira a Benito en diciembre. En forma previa a ese acto, la fiscala había archivado la causa con el argumento de que la prueba avalaba la versión de la periodista -en el sentido de que había entregado un año antes de la denuncia un libro de escritura forense encargado por los colegios de Abogados de la Capital y del Sur, y que se la intentaba criminalizar por su labor-. La fiscala había dictaminado que había que tener cuidado puesto que estaban en juego las libertades de prensa y de expresión, principios constitucionales que gozan de una protección especial, pero, después, revivió el caso, e indagó a Benito y al ex presidente del Colegio de la Capital, Francisco García Posse.
“Desde el comienzo y sin que haya modificaciones posteriores que avalen volver atrás se avizoró la inexistencia de tipicidad de las conductas descriptas en forma bastante confusa”, reflexionó Freidenberg. Y agregó: “no es posible tomar hechos al azar y luego averiguar sin son delitos porque, si así no fuera, cada acto de la vida cotidiana podría ser sometido a investigación penal”. La jueza sentenció: “de los antecedentes no surge que en parte alguna se haya descrito alguna acción típicamente antijurídica y culpable, y menos la endilgada a Irene Benito como no sea el cuestionamiento del plazo de entrega del libro cuya entrega está acreditada, según la misma resolución fiscal”.
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