Por Álvaro José Aurane
06 Julio 2022
El oficialismo ha elevado a la categoría de política de Estado el combate contra el denominado “microtráfico” de drogas ilegales en la provincia. La puesta en vigencia de la Ley de Lucha contra el Narcomenudeo (9.188 y modificatorias) ocupó buena parte de la agenda del Poder Ejecutivo durante la primera mitad del año. Consiguió, en ese contexto, que el Poder Judicial levantara la medida cautelar que frenaba la norma y, con ello, los tres poderes del Estado comenzaron a trabajar en su la puesta en vigencia efectiva. Y a poco de ello advirtieron que para hacer realidad la ley en cuestión hacía falta otra ley.
La “Comisión interpoderes”, justamente, elaboró la semana pasada un documento con las propuestas de cambios, que fue formalizado luego como un proyecto de ley. Ayer, justamente, la comisión de Seguridad de la Legislatura dio dictamen favorable a esas modificaciones, que ya están en condiciones de ser debatidas en el recinto. En rigor, se esperaba que el lunes se emitiera despacho, pero el tratamiento de la iniciativa se había estancado. Trascendió que, en términos metafóricos, el enojo del gobernador Osvaldo Jaldo (cifra en la lucha contra el narcomenudeo una de sus principales apuestas políticas) se escuchó desde Formosa. Ayer, finalmente, hubo acuerdo.
De fondo
Como cambio de fondo, la nueva ley (una vez que sea sancionada) eliminará la afectación específica de los nuevos juzgados, fiscalías y defensorías oficiales a la lucha contra el narcomenudeo.
Es decir, los nuevos cargos creados previstos por la Ley 9.315, de noviembre de 2021, se mantienen. Son, concretamente, dos fiscalías, dos defensorías oficiales y dos jueces, para el Centro Judicial de la Capital. Idéntico es el caso para el Centro Judicial de Concepción. A esto se agrega una defensoría en el Centro Judicial de Monteros y otra en el Centro Judicial del Este.
Pero ahora ya la legislación ya no establece que esas estructuran están específicamente “especializadas” en la lucha contra el narcomenudeo. En el caso de los magistrados, explica la “Comisión interpoderes” en los fundamentos de su planto, porque “a partir de la reforma procesal penal de la Ley 8.933, como de la Ley 9.119, la organización jurisdiccional y administrativa del fuero penal sufrió profundas modificaciones. En el caso particular de los magistrados, se suprimió la figura tradicional del juzgado y se reunió a todos los jueces en los denominados Colegios de Jueces Penales”.
En el caso de los fiscales porque, como explicó reiteradamente el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, establecer por ley la “especialización” de los despachos interfiere “con el diseño de la Política Criminal y de la persecución penal, atribuciones propias del Ministerio Público Fiscal de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Nuevo Código Procesal Penal de la Provincia”.
“¿Y si resulta que, por el volumen de trabajo, determinamos que hacen falta seis fiscalías? ¿O sólo dos?”, planteó Jiménez el pasado 6 de junio a LA GACETA. Se refería al “inconveniente” de que las cuatro nuevas fiscalías estuvieran afectadas por ley a la lucha contra el narcomenudeo.
De forma
Como cambio de forma (pero para nada superficial), la nueva ley modificatoria, de aprobarse, cambiará una vez más la composición de la “Comisión interpoderes”. Esa mesa encargada de monitorear los resultados y las necesidades de la política contra el tráfico minorista de drogas ilegales fue creada por la Ley 9.188, sancionada en agosto de 2019. En su esquema original tenía cinco miembros: un vocal de la Corte, el ministro Público Fiscal, la ministra de Gobierno, el ministro de Seguridad y el presidente de la comisión de Seguridad y Justicia de la Legislatura.
En noviembre de 2019, la Ley 9.212 agregó al ministro Pupilar y de la Defensa y sumó tres legisladores (además del titular de la comisión de Seguridad y Justicia): dos por la mayoría y uno por la minoría. Invitó a integrarse, además, a un representante de la Justicia Federal y a otro del Ministerio Fiscal de la Nación.
Cuando se promulguen los cambios, la composición definitiva de ese organismo será:
• Un vocal de la Corte (hoy es Antonio Estofán).
• El ministro fiscal (Jiménez).
• El ministro de la Defensa (Washington Navarro Dávila).
• La ministra de Gobierno (Carolina Vargas Aignasse).
• El Ministro de Seguridad (Eugenio Agüero Gamboa es hoy el presidente de la comisión).
• Tres legisladores (dos por la mayoría y uno por la minoría)
• Y el ministro de Salud (Luis Medina Ruiz).
En los fundamentos se subraya que el narcomenudeo no es sólo un fenómeno de materia penal, sino que también una dimensión concreta en la salud pública, en el plano de las adicciones.
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