30 Junio 2022
INSTITUTO GORETTI. Archivo
A dos meses de la fecha prevista para la finalización de la auditoría en los institutos de atención de niños, niñas y adolescentes de Tucumán, el contenido de ese informe mantiene su carácter reservado. Por eso, el legislador José Ricardo Ascárate (UCR-Juntos por el Cambio), envió una nota al gobernador, Osvaldo Jaldo, a los fines de que se le remita cuanto antes una copia de las actuaciones.
El pedido formal fue presentado este jueves ante la mesa de entradas de la Casa de Gobierno, y está fundamentado en que el dirigente radical es presidente de la comisión de Familia, Niñez, Adolescencia, Discapacidad y Adultos Mayores del Poder Legislativo.
En el escrito, Ascárate requirió las copias de "la auditoría en los institutos de atención de niños, niñas y adolescentes dentro del ámbito del Ministerio de Desarrollo Social", que fuera ordenado mediante decreto 1.108/1, dictado el 13 de abril.
El informe, recuerda la nota, debía ser "realizado por una comisión interministerial y multidisciplinaria ad hoc, integrada por funcionarios de las áreas de Desarrollo Social, Seguridad, Salud y Educación", y se había estipulado su fecha de finalización para el 22 de abril.
"Los plazos se cumplieron sin que, hasta hoy, se hayan contestado los pedidos de informe realizados; ni tampoco informado a la Justicia provincial sobre la colocación ilegal -tal como consta en el informe de la Corte- de dispositivos contraconceptivos en menores sin la asistencia de padres o responsables, como indica la ley", afirmó Ascárate a LA GACETA.
GRAVE ACUSACIÓN. El legislador José Ricardo Ascárate (Unión Cívica Radical) denuncia que implantan chips anticonceptivos a preadolescentes en el Hogar Santa María Goretti. LA GACETA / ARCHIVO.
A principios de abril, el legislador radical dio a conocer el caso del abuso sexual sufrido por una niña de 13 años que estaba alojada en el Instituto Goretti, hecho revelado por el abuelo de la víctima. Además, según la denuncia penal impulsada por la familia de la víctima, en ese establecimiento se le había implantado un chip anticonceptivo sin autorización.
Las versiones indican que podría haber otros casos similares en la institución, advirtió Ascárate. Y, al margen de la causa que se tramita en la Justicia, el gobernador Jaldo decidió avanzar el 13 de abril con un proceso administrativo.
A través del decreto 1.108/1, el titular del Poder Ejecutivo advirtió sobre la "necesidad de realizar un diagnóstico integral del estado de funcionamiento de los Hogares e Institutos de atención de personas, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social".
"Es deber indelegable del Estado velar por las personas en condiciones de vulnerabilidad, máxime en los casos que han sido institucionalizados, siendo el principio regulador el interés superior del niño y el respeto de los derechos humanos", expresa el instrumento en los considerando.
Por ello, Jaldo ordenó "la realización de una auditoría multidisciplinaria e integral en los institutos de atención de personas en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social".
La tarea fue asignada "a una comisión interministerial ad hoc", que debía "elevar el informe de rigor hasta el día 22 de abril del corriente año".
Sin embargo, todavía no hay datos sobre la auditoría, que debía alcanzar otras 10 instituciones (entre ellas, el Belgrano, el Roca, el Santa Rita y el Santa Micaela).
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