Por Álvaro José Aurane
28 Junio 2022
CELERIDAD. A días de recibir aval legislativo, Jaldo designó los magistrados. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
La seguridad viene ocupando un lugar central en el discurso y la agenda del Poder Ejecutivo provincial. Desde la entrega de un centenar de móviles policiales en marzo, en un acto del que participó el presidente Alberto Fernández, hasta la inauguración a principio de este mes del Gabinete Científico Pericial de la Policía Federal con sede en la provincia (la Provincia colaboró con la puesta en funcionamiento del laboratorio) y de las obras para el penal de Benjamín Paz, pasando por la puesta en vigencia de la Ley de Narcomenudeo en abril.
Ahora, la firma de los decretos que ponen en funciones a 11 jueces, fiscales y defensores oficiales para cubrir vacantes en el Poder Judicial parece apuntar en la misma dirección: 10 de esos nombramientos cubrirán vacantes en despachos penales, donde se tramitan causas vinculadas con la inseguridad.
De estas 11 designaciones, nueve forman parte de un listado de ternas que el Consejo Asesor de la Magistratura había remitido al Poder Ejecutivo y que estaban pendientes de definición en la Casa de Gobierno (el mandatario escoge un postulante de entre los tres que le son propuestos, seleccionados tras un concurso público de antecedentes y oposición, y envía sus antecedentes a la Legislatura para que se les preste acuerdo, o no). En algunos casos, como publicó LA GACETA en su informe del 23 de diciembre último, algunas ternas databan de 2020.
Esta vez, en cambio, la celeridad marcó el ritmo de las determinaciones. Todas las designaciones concretadas ahora, mediante decretos refrendados por el gobernador Osvaldo Jaldo y la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, corresponden a los pliegos que recibieron acuerdo de la Legislatura hace menos de dos semanas, en la sesión celebrada el pasado miércoles 15.
Al Centro Judicial de la Capital corresponden siete designaciones. Todas en despachos de competencia penal.
• Fanny Siriani fue consagrada como magistrada en el Colegio de Jueces Penales, de acuerdo con el decreto 1.862/14 (Ministerio de Gobierno y Justicia). La terna había sido remitida por el CAM a la Casa de Gobierno el 30 de junio de 2021.
• Juana Francisca Juárez es ahora jueza del Tribunal de Impugnación, mediante el decreto 1.865/14 (MGyJ). La terna que integró databa del 25 de marzo de 2021.
• También como jueza del Tribunal de Impugnación fue designada Laura Julieta Casas, mediante decreto 1.866/14 (MGyJ). La terna que conformó fue enviada por el CAM al Poder Ejecutivo el 12 de agosto de 2020.
• Guillermo Taylor se desempeñará como juez penal en el Colegio de Jueces, subrogante en el Centro Judicial de la Capital, mediante el decreto 1.867/14 (MGyJ). Su terna fue enviada al PE el 30 de junio pasado.
• Para magistrada penal en el Colegio de Jueces, subrogante en los tribunales de San Miguel de Tucumán, fue nombrada Elizabeth Myriam Raddi, por medio del decreto 1.868/14 (MGyJ).
• Eliana Karina Gómez Moreira fue designada también como jueza penal en el Colegio de Jueces, subrogante en el Centro Judicial capitalino, mediante el decreto 1.869/14 (MGyJ). Tanto el caso de Gómez Moreira corresponden a ternas de este año.
• Susana Elina Cordisco fue nombrada como fiscala de Instrucción Penal, en el Centro Judicial de la Capital, a través del decreto 1.859/ 14 (MGyJ). Su terna había sido elevada a la Casa de Gobierno el 3 de septiembre del año pasado.
En cuanto a Monteros:
• El decreto 1.861/14 (MGyJ) nombra como defensora oficial Penal de la II Nominación a Silvia Adriana Rivero. (Ternada desde el 28 de julio de 2021)
• Carlos Gustavo Paliza será el defensor oficial Civil y del Trabajo, según determina el decreto 1.858/14 (MGyJ). (Ternado desde el 28 de abril de 2021)
Para Concepción:
• La Defensoría Oficial Penal de la VI Nominación será ocupada por Martín Rodrigo Zottoli Correa, según el decreto 1.863/14 (MGyJ). (Ternado desde el 23 de junio de 2021)
• La Defensoría Oficial Penal de la IV Nominación es para Carlos Sebastián Pais, según el decreto 1.864/14 (MGyJ). (Ternado desde el 26 de mayo de 2021).
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