Por Gustavo Rodríguez
28 Junio 2022
Facundo Puente (22 años) vivía en Los Pocitos y se graduó en la universidad de la calle. Juan Pablo Segundo Ibarra (40), oriundo de Banda del Río Salí, llegó a cursar materias en la Facultad de Odontología. Ambos recorrieron el horrendo camino de las adicciones que los llevó a diferentes destinos. El primero fue brutalmente asesinado después de haber sido torturado por más de una persona. El otro terminó en un calabozo por robarle el celular a una docente mientras dictaba clases en la Facultad de Bellas Artes. Ambos casos son claros ejemplos de que la droga influye en la inseguridad de la provincia.
El eslogan “la droga mata” se hizo carne en Tucumán. De los 36 homicidios que se registraron en lo que va del año, 13 -más de la tercera parte- tuvieron al consumo problemático o la venta de sustancias como móvil de estos crímenes. Personas que arrebataron la vida a parientes que estaban drogados; peleas por el dominio territorial de la actividad ilícita; y adictos que fueron ultimados por los mal llamados “justicieros” forman parte de este combo mortal. Una situación que tiende a agravarse porque cada vez son más las personas que deciden volcarse al narcomenudeo para subsistir a la crisis económica y social. Este dato arroja dos análisis: si hay más “quioscos” de venta (oferta), es porque aumentó la demanda (adictos) y la proliferación de puntos de comercialización, según los especialistas, generará una competencia que derivará en una escalada de violencia en las calles de la provincia.
Puente e Ibarra venían arrastrando problemas con la ley. Las causas que se le abrieron fueron las mismas: afrontaron cargos por delitos contra la propiedad y violencia doméstica por, supuestamente, haber amenazado o agredido a un miembro de la familia. Esta historia se repite una y otra vez en la Justicia. El 90% de los detenidos que se sientan en el banquillo de los acusados aseguran que consumen alguna sustancia. Otro dato: a más del 40% de los que reciben condenas condicionales, pero se les revoca la medida por reincidencia. Está claro entonces que un adicto no es un delincuente, sino que delinque para seguir consumiendo.
Lecturas
Una buena parte de la sociedad no sólo les da la espalda, sino que los estigmatiza a los adictos. En los barrios, a estos jóvenes de entre 15 y 40 años, que caminan buscando de qué apoderarse para comprar sustancias, los bautizaron como “plagas”. Cuando alguno de ellos es asesinado por algún vecino que se arroga el rol que no le corresponde, en las redes sociales y en los comentarios de los foros, los tucumanos escriben dos hirientes y repudiables palabras: “uno menos”.
Días atrás, el lector Oscar Humberto Gómez, en una carta de lectores publicada por LA GACETA, se preguntó: “¿Cuándo un iluminado obligará a los centros psiquiátricos de esta nación a tomar las medidas pertinentes para internar a los enfermos peligrosos hasta su total rehabilitación? Los recursos de amparo no tienen eco en la desesperante situación de cuántas familias están en riesgo; el adicto puede robar y hasta quitar o quitarse la vida. ¿No es suficiente para librar captura y aislarlo mediante una ley vigente? No hacen falta nuevas normas, sí la difusión para que los afectados puedan buscar una solución. Además, que los juzgados civiles les den un tratamiento urgente a estos expedientes y después, rogar que haya un lugar dónde internar al ser querido.
Fuerte mensaje
En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, la Iglesia emitió un durísimo comunicado sobre la realidad tucumana. “El consumo y el narcotráfico traen aparejados otros problemas: con un poco de agudeza en la mirada, se percibe el racimo de males que trae a un barrio este flagelo del tráfico ilegal de drogas: abusos complejos, violencias, trata, privación ilegítima de la libertad incluso a menores, muertes, suicidios, etc. Pero preocupa más la naturalización de estos males”, plantearon. El arzobispo Carlos Sánchez recordó que la Iglesia había advertido de esta situación en 2015. Recalcó que en esos tiempos habían detectado el problema en algunas zonas, pero ahora se ha prolongado en todos los sectores sociales. “Es como una mancha de aceite que se va extendiendo por la provincia”, ejemplificó.
En 2015 se aprobó en nuestra provincia la primera ley para luchar contra el narcomenudeo, pero nunca entró en vigencia. El gobernador interino Osvaldo Jaldo logró lo que José Alperovich y Juan Manzur no pudieron hacer: convencer a los tres poderes del Estado para que se aplicara la norma. Los datos que manejan son tan graves y preocupantes que están buscando las alternativas para que no sólo haya una persecución penal, sino que también pretenden recuperar a los adictos. Pedir la colaboración a las organizaciones que trabajan en la rehabilitación de los adictos y sumar a los profesionales de los ministerios de Salud y de Desarrollo Social son las herramientas que buscan utilizar para acabar con el racimo de males que generan el consumo y el tráfico de drogas.
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