Por Daniel Salvador
24 Junio 2022
A LA ESPERA. El mercado reclama ajustes en la norma que está vigente.
Un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados avanzó con los dictámenes sobre la reforma de la Ley de Alquileres (27551). Con 40 firmas, el Frente de Todos logró el despacho de mayoría, mientras que el de Juntos por el Cambio y los bloques federales, alcanzó 39. Sin embargo, en el recinto los votos no aparecen favorables para el FdT, dado que la oposición lo superaría en número para imponer su texto. Incluso pueden pedir una sesión para debatir el tema los primeros días de julio, ya que hoy no tiene fecha.
Restaría definir la postura que tendrán los cuatro diputados libertarios, quienes pujaban directamente por la derogación de la ley. Teniendo en cuenta los acompañamientos en comisión, el dictamen de minoría contaría con 116 legisladores de JxC, 8 del interbloque Federal y 4 del interbloque Provincias Unidas.
Ambos proyectos avanzan en beneficios impositivos para promover la oferta de propiedades. Sin embargo, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, ratificó el rechazo del oficialismo a esa iniciativa, que afirmó tiene muchos aspectos “en contra de los inquilinos”. “Esperemos que el Parlamento no lo termine aprobando”, sentenció.
En tanto, la diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical) destacó el consenso alcanzado entre los bloques opositores. “Estas medidas intentan reconstruir el mercado de alquileres y darle confianza al inquilino y al propietario. Tenemos que volver a reconstruir ese mercado que hoy no está”, remarcó.
Principales puntos
Los principales puntos del proyecto consensuado por la oposición se refieren a los plazos y liquidación de alquileres. Según las opiniones, la oposición quiere reemplazar a la ley vigente desde hace dos años, y generó incertidumbre entre propietarios e inquilinos. Ellos son:
*El contrato de alquiler, si carece de plazo expreso mayor, será por uno mínimo legal de dos años (el plazo actual es de tres años)
*El precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes, entre tres y 12 meses.
*Para los ajustes, las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio del contrato. Podrán optar entre: el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) o el Índice de Salarios (IS) elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices.
*Los contratos de locación de inmueble deben ser declarados por el locador ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
*Incorpora incentivos fiscales para los propietarios. En el caso de los monotributistas, la actividad de locación de inmuebles, mediante contratos registrados, se considerará como una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades afectadas. En el caso de Bienes Personales, quedarán exentos los inmuebles destinados a alquiler para casa-habitación. Y habrá exenciones para el Impuesto a los Débitos y Créditos bancarios en caja de ahorro o cuentas corrientes bancarias utilizadas en forma exclusiva para las operaciones a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación.
El oficialismo, en tanto, propone mantener la ley vigente y sumar algunos beneficios fiscales a los propietarios que alquilan sus inmuebles para mejorar la oferta de viviendas.
Según datos del mercado, hubo una suba en los alquileres por encima de la inflación para los nuevos contratos, con dueños que buscaban cubrirse de sus efectos negativos y de la baja rentabilidad.
Planteos y expectativas de profesionales inmobiliarios
La Ley de Alquileres entró en vigencia hace dos años, pero a los pocos meses sus efectos no deseados hicieron que diversos sectores comenzaran a plantear cambios. Incluso, fue uno de los lemas de campaña de la oposición en las últimas elecciones legislativas. En su momento, la norma tuvo amplio consenso: se aprobó en Diputados en noviembre de 2019, pero recién fue sancionada por el Senado en junio de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández. En noviembre de pasado, Sergio Massa había anunciado que impulsaría una modificación de la ley actual. Y el 1º de marzo de este año, en la apertura de las sesiones en el Congreso, el Presidente también pidió avanzar con los cambios. Pero el tratamiento legislativo se demoró y cuando la oposición anunció la convocatoria a una sesión especial para derogar en abril la ley vigente, los distintos bloques llegaron a un acuerdo para que se debata un proyecto consensuado.
En el Colegio de Profesionales Inmobiliarios porteño (CPI) guardan muchas expectativas. “Confiamos en que el proyecto exprese la postura que delineamos todas las entidades del sector. La demora en los cambios generó incertidumbre en el mercado locativo de viviendas. Pedimos a los legisladores que sigan trabajando en pos de lograr un consenso que lleve tranquilidad a las familias”, aseguró Marta Liotto, titular del CPI.
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