22 Junio 2022
Monotributo. Imagen ilustrativa
Por Jeremías Morlandi
Director de Políticas Públicas del Centro de Estudios Económicos Argentina XXI (CEEAXXI).
La cuestión del empleo siempre está en discusión en Argentina. En el año 2000, la tasa de desempleo tocó el 15% y fue elevándose hasta tocar su pico de 22% en el año 2003. Con la estabilización de la economía, luego del fuerte ajuste del gobierno de Duhalde y las buenas condiciones internacionales en el primer gobierno del matrimonio Kirchner, el desempleo fue disminuyendo, llegando al 9% en el año 2007 y se mantuvo alrededor de ese valor hasta el año 2019. Con las cuarentenas instauradas por el Gobierno Nacional, los gobiernos provinciales y el gobierno de CABA de Rodríguez Larreta, el desempleo terminó 2020 en 11%. Al cierre del 2021, con la recuperación del empleo asalariado y la suba del empleo público, el desempleo se ubicó en 7%.
Por otro lado, el empleo público es otro factor clave a analizar, ya que en nuestro país, el Estado ha funcionado como una agencia de empleo. Durante los últimos 22 años, ninguna administración ha realizado ninguna reducción significativa del empleo público y, de hecho, existen 13 provincias donde éste supera al empleo privado.
Si analizamos el empleo entre las últimas cuatro presidencias de Argentina (2007-2021) nos vamos a encontrar con que:
-El rubro “Asalariados del Sector privado” en 2021 ronda los 6 millones de trabajadores (recupera en 2021 todo lo perdido durante la pandemia) y termina con un saldo positivo de 9,7% contra el año 2007. Un incremento de 541 mil asalariados.
-El rubro “Autónomos” evidencia un fuerte incremento del orden del 70% entre 2007 y 2021 (poco más de 733 mil personas). Entre 2019 y 2021 el total se redujo en más de 321 mil personas.
-El rubro “Monotributistas” en 2021, totalizó 2.01 millones de personas, casi el doble que 2007.
-El rubro “Asalariados del Sector Público” registrados entre 2007 y 2021, se incrementó en 37% (3,1 millones de personas).
Con Universidades
Se remarca la categoría de “registrados”, dado que de acuerdo con proyecciones de CIPPEC (2015) “al menos un 30% de los trabajadores estatales prestan servicios a través de modalidades de contratación de obra y servicios contemplados en los decretos 1318/11 y Nº1421/02, como así también mediante los convenios de cooperación a través de las universidades”. Los trabajadores contratados bajo la modalidad monotributo, no son contabilizados oficialmente bajo la calificación de “asalariados del sector público”.
Si se toma como cierta esta estimación, se llega a la conclusión de que hay que separar a los monotributistas públicos de los privados. Esto es así dado que, tomando la cantidad de empleos públicos registrados y la cantidad de monotributistas, se llega a la conclusión de que 5 de cada 10 monotributistas trabaja para el Estado en el año 2021.
Entonces, es pertinente hacer una correcta división entre el agregado del sector público, incluyendo a los asalariados del mismo y los monotributistas públicos, y el agregado del sector privado.
Con los números presentados previamente encontramos que, en 2021, el total de trabajadores del sector privado era de 7,76 millones, representando un incremento del 25% en 15 años (+1,5 millones de personas).
Respecto al sector público, en 2021 el total de personas empleadas fue de 4,3 millones, lo que representa un crecimiento del 37,1% desde 2007.
Si analizamos por gobierno, encontramos que, durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011), el empleo privado se expandió en más de 855 mil trabajadores (+14%) y el público en 857 mil personas (+15,2%); y durante su segundo mandato (2011-2015) el crecimiento fue menos pronunciado: se sumaron 326 mil trabajadores al sector privado (+5%) y 374 mil empleados públicos nuevos (10,3%).
Rubro autónomos
El mandato de Mauricio Macri, tuvo sus altas y bajas con el empleo privado, incorporando finalmente 625 mil trabajadores (+8%) y 158 mil trabajadores del sector público (+4%) Por último, analizando los primeros dos años del mandato de Alberto Fernández, se observa que el empleo privado se redujo en más de 245 mil trabajadores (-3%), golpeado por la fuerte caída en el rubro Autónomos que estudiamos previamente, mientras que la cantidad de empleados públicos se incrementó en 158 mil personas (+3,8%).
Queda claro que la realidad del sector privado está muy lejos de la del sector público. Se observa que el empleo público no debió enfrentar los vaivenes de las crisis económicas. Tomemos el ejemplo de los asalariados del sector privado. Sólo crecieron poco más de 9% en 15 años y en 5 de esos años experimentaron bajas. Durante la pandemia se perdieron casi 200 mil empleados y, si bien es cierto que en 2021 se recuperó esa cifra con creces, el empleo público jamás cayó, sino que siguió aumentando. Con los autónomos ocurre una situación similar, aunque sin recuperación post pandemia.
Precarización laboral
Si examinamos a los monotributistas, vemos que también existe una relación de desigualdad entre sector público y privado. No se le exige lo mismo a uno y a otro. Si a un privado se le ocurriera contratar a un trabajador bajo la modalidad de monotributo, el Estado seguramente diría que estamos frente a una precarización laboral, ya que estos trabajadores son empleados estatales, en cualquiera de sus tres niveles, pero figuran como “proveedores” en muchos casos y facturan como monotributistas.
La precarización en la que incurre el Estado no es inocente, se utiliza para ocultar a la ciudadanía, el verdadero peso del empleo público que carga sobre sus hombros. Con el perverso cuento del Estado presente están absorbiendo cada vez más recursos del sector privado, que languidece.
Con la evidencia presentada, podemos ver que, por cada trabajador del sector público hay menos de 2 trabajadores del sector privado. Esa relación para Estados Unidos, por ejemplo, es de más 1 trabajador del sector público por cada 5 del sector privado; en Brasil, de 1 a 11; y en España, de 1 empleado público por cada 7 trabajadores privados.
El alivio del peso del empleo público en los trabajadores privados se debe encarar de dos maneras. En primer lugar, a través de una reforma del Estado para reducir el empleo público, disminuyendo la excesiva cantidad de áreas en las que el sector público quiere participar y es ineficiente. Se podría iniciar un plan de retiro obligatorio con la indemnización que asigna la ley laboral vigente. En paralelo, mediante una reforma laboral que baje drásticamente los costos en los que incurre un empleador a la hora de contratar y reduzca el riesgo de litigios, para así lograr ampliar la base de trabajadores del sector privado en blanco, reduciendo a su vez el empleo en negro. El INDEC estima que casi 5 millones de personas forman parte del empleo no registrado, cifra que subió más del 10% desde el primer trimestre del 2017, fundamentalmente por los altos costos laborales y la inestabilidad económica.
El sector privado es el motor de crecimiento del país y el sector público un mero proveedor de servicios que los privados no pueden ofrecer. Es vital avanzar con reformas de estas características, y también urge entender que el sector público está al servicio del sector privado y no al revés.
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