En la edición del diario del lunes, activistas ambientales e integrantes de ONG ecologistas opinaron que estamos alejados de las prácticas amigables con el medio ambiente y cuestionaban, en ese marco, el rol del Estado.
Según fija el artículo 41 de la Constitución provincial la Provincia, en sus distintos niveles, debe implementar medidas y acciones concretas en todas sus áreas, de manera prioritaria, para preservar el medio ambiente. Las directivas están trazada para que avance con medidas efectivas, sólo hay que atender la letra constitucional.
En aquella producción periodística hubo planteos y puntos de vista en esa línea, al tiempo que se deslizaron cuestionamientos. “Sin demonizarla, pero se ve mucha quema de caña y la falta de filtros en los ingenios. Asociado a la vinaza, que no es un residuo tan peligroso, pero tiene grandes volúmenes y es difícil gestionarlo”, apuntó un ambientalista.
Otro cuestionó la ausencia de políticas de reciclado, especialmente en San Miguel de Tucumán. “No entiendo cómo no tiene un sistema de reciclaje. ¿Cómo puede ser que no se estén valorizando los residuos?”, se preguntaba. “No hay una mirada socioambiental. Cada acción política tendría que tener una mirada socioambiental real, no para la prensa o para quedar bien. Creo que al Estado le falta muchísimo”, decía un ecologista haciendo hincapié en la responsabilidad del Estado. Se trata de miradas críticas con un solo destinatario: el Estado. Ayer el Gobierno de la provincia pareció reaccionar para atender esta problemática, ya que lanzó el programa federal Capacitaciones para la Acción Ambiental, a desarrollarse en el ámbito provincial.
Esta propuesta fue puesta en marcha el año pasado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación; y en la resolución oficial se remarca que la educación ambiental trasciende el ámbito formal de la educación tradicional y que por eso que resulta necesario llevar adelante acciones en los espacios informales y no formales.
Es un plan dirigido a organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales y ciudadanos, con el objetivo de promover el cuidado del ambiente y la formación de educadores ambientales territoriales.
Es un primer paso en la dirección de atender una problemática clave para el desarrollo de los países, y en Tucumán para que comiencen a trazarse líneas en dirección de convertirla en una provincia sustentable, con iniciativas que respeten los planteos de la Carta Magna que dispone que hay que preservar y cuidar el medio ambiente. Allí también se indica que así como la sociedad tiene el derecho de gozar de un ambiente sano y equilibrado, tiene el deber de cuidarlo en provecho de las generaciones presentes y futuras. “El ambiente es patrimonio común”, remarca.
Respecto del programa lanzado, se menciona que la capacitación de unas 500 personas se efectuará en el marco de la ley 27.621, de Estrategia Provincial de Educación Ambiental Integral, y que la coordinación conjunta estará a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Secretaría de Grandes Comunas.
El temario de capacitación para apuntar a una conciencia ambiental incluye aspectos específicos de Tucumán como la Cuenca Salí-Dulce, la quema de caña, la producción de bioetanol y el tratamiento de la vinaza. En buena hora que se ataquen estos problemas sociales, pero más que nada será fundamental que no queden en anuncios oficiales y puestas en escena para responder a los cuestionamientos puntuales y que se concreten como políticas de estado para el bienestar general.