Para poner en marcha la ley de Narcomenudeo se necesitarían $600 millones

“Ya no hay marcha atrás”. Esa fue una de las frases más escuchadas el miércoles por la mañana en un encuentro realizado en un salón de la Corte Suprema de Justicia donde oficialmente se puso en marcha la ley de Narcomenudeo. El proceso de entrada en vigencia se inició con la conformación de la llamada Comisión Interpoderes que tendrá la misión de acelerar la aplicación y seguimiento de la norma. Todos los miembros llevaron tarea a sus casas. En la próxima reunión que se llevará a cabo el jueves, empezarán a definirse cuestiones clave para su implementación. Ellas son:

Uno  

Millonaria inversión para investigar

El Poder Judicial y el Ejecutivo informarán sobre el presupuesto que necesitarán para poder hacer operativa la norma. Los responsables de cada área ya tienen a sus equipos analizando cada uno de los gastos “extras” que deben cubrir para luchar contra el también llamado microtráfico de drogas. Las primeras estimaciones indican que necesitarían más de $600 millones que serán analizados por la comisión.

La idea es que cada área informe sobre cuáles son las necesidades que requieren. Los responsables de investigar el delito son los que más inversiones deben realizar y, según coincidieron varias fuentes, se llevaría al menos el 80% del millonario monto. Por ejemplo, el Ministerio de Seguridad solicitará fondos para la compra de tecnología (cámaras de fotografías y de video) para conseguir pruebas en contra de los sospechados; móviles para realizar las investigaciones, mayor cantidad de personal (la idea es elegir a los hombres que tienen una foja de servicio intachable dentro de la fuerza) y, si los designaran para custodiar los secuestros, un inmueble que reúna las características de seguridad necesarias y un vehículo especial que se utilizará en el traslado de las sustancias.

En el Ministerio Público Fiscal (MPF) también están elaborando un listado de necesidades. Comienza con la compra o un alquiler de un nuevo inmueble, ya que la actual sede que funciona en avenida Sarmiento al 400 no podrá albergar la estructura que tiene proyectado implementar. También necesitará más auxiliares, tecnología, montar un laboratorio, nombrar más personal en el Equipo Científico de Investigación Fiscal (la idea es formar un nuevo grupo que sea totalmente independiente al de ahora) y móviles.

Por orden del ministro fiscal Edmundo Jiménez, funcionarios del MPF visitaron Salta y de Córdoba, provincia que desde hace años se aplica esta norma, con el único propósito de conocer cómo fue el trabajo que venían realizando. Descubrir los aciertos y errores que cometieron para potencializar los resultados. “Si vamos a luchar contra el narcomenudeo, hay que hacerlo en serio”, dijo una fuente de avenida Sarmiento al 400.

Tanto el Ministerio Pupilar de la Defensa como la Corte, en principio, sólo solicitarían los fondos que necesitan para cubrir los cargos de defensores oficiales y jueces que deben nombrar para la aplicación de esta norma.

En una entrevista con LA GACETA, el vicegobernador interino Osvaldo Jaldo insistió en no conocer los detalles los montos de los presupuestos que se presentarán en pocos días. “Vamos a analizarlos a todos y no tenga dudas de que la provincia afrontará lo que sea necesario. Esto no será un gasto, sino una inversión que ayudará a combatir la inseguridad en la provincia”, señaló. “La reunión que mantendremos con el ministro de Seguridad Aníbal Fernández también servirá para solicitar colaboración en la aplicación de esta norma”, añadió.

Dos  

Los puntos que deben solucionarse

En el encuentro realizado en la Corte se presentaron las cabezas de los tres poderes. Jaldo (PE), Sergio Mansilla (PL), Daniel Leiva (presidente de la Corte), Estela Giffoniello (por el MPF, en representación del ministro Jiménez) y Washington Navarro Dávila (MPD). La presencia de todos ellos fue una señal política. “Hay una voluntad para que entre todos trabajemos juntos con el fin del que la norma se ponga en marcha cuanto antes. Ya se han perdido varios años en discusiones legales. Eso quedó en el pasado, ahora estamos los tres poderes comprometidos en que se luche contra el narcomenudeo”, indicó el gobernador interino.

La primera tarea a solucionar es modificar algunos puntos de la norma que fue sancionada en 2019. Ya está decidido que los cargos de jueces serán cubiertos por magistrados subrogantes. Ahora bien, se analizará a cuál herramienta legal se recurrirá para “acomodar” algunas cuestiones. La norma habla de jueces especializados, cuando en realidad, los únicos especializados en el Poder Judicial son los de Niños, Niñas y Adolescentes y los de Ejecución. En este último caso, en nuestra provincia debería haber tres magistrados, pero hay una sola especializada en la materia, Alicia Merched. Los otros dos cargos son cubiertos con los subrogantes Ana María Iácono y Gonzalo Ortega.

“Se van a nombrar todos los jueces que hagan falta. Recientemente la Legislatura aprobó los pliegos de varios y en los próximos días, cuando el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) envíe nuevos candidatos, también se elevarán los postulantes”, explicó Jaldo. Fuentes del máximo tribunal de la provincia confirmaron que la idea es que los nuevos magistrados podrán intervenir en todas las causas y no sólo en las de narcomenudeo.

En el MPF también esperan definiciones. En los pasillos se rumorea que mantendrán el concepto de especialización de las fiscalías para luchar contra el microtráfico. La idea es imitar la tarea que desarrollan las de delitos contra la propiedad: están las que intervienen en casos de flagrancia y las que investigan a bandas. La norma sostiene que deben nombrarse cuatro fiscales, dos para el Centro Judicial de Capital y dos para los centros de Concepción y Monteros, pero no descartan que se la modifique para que sean tres y uno, ya que el cúmulo de causas será mucho más importante en el primero que en los otros dos. ¿Nombres? Hay muchos dando vueltas, pero los de Carlos Picón, Diego López Ávila y Miguel Varela marcharían en punta. “No hay nada definido por el momento”, aclararon funcionarios del MPF.

Por último, se debe adecuar la norma con el nuevo código procesal penal, puesto que fue sancionada cuando estaba en vigencia el viejo digesto. Los miembros de la comisión adelantaron que este inconveniente se resolverá con un mero trámite.

Tres  

No se resolvió la competencia

Hay otro tema que no está definido y que será clave para la aplicación de esta norma. Definir la competencia, es decir, cuándo intervendrá la justicia ordinaria y cuándo lo hará la federal. Está claro que la provincia se encargará de luchar contra el microtráfico y que la Nación deberá encargarse de las bandas.

Sin embargo, en todas las provincias en las que se aplicó esta norma surgieron dudas sobre quién debía actuar. La mayoría de ellas decidieron fijar la competencia según el peso de la droga secuestrada. Por ejemplo, si en una investigación se descubrían más de tres kilos, la responsabilidad de investigar el caso era del fuero federal.

Pero hubo casos en los que después de una larga pesquisa realizada por la justicia ordinaria, se encontraban en un “quiosco” que superaba esa cantidad de sustancia, por lo que el expediente pasaba al otro fuero. En este punto hay una coincidencia: tendría que haber una reunión con al menos los fiscales Carlos Brito y Agustín Chit y el juez federal Fernando Poviña para fijar los pasos a seguir. “Además, será muy importante que estén aceitados los canales de diálogo para que exista una mutua colaboración”, explicó una fuente de la Corte.

“Tenemos que colaborar con el fuero federal porque está a las claras que no tienen los recursos humanos para cumplir con esta tarea”, opinó Jaldo. En nuestra provincia, el fuero federal tiene un solo juez, los fiscales cuentan con menos de 10 personas para trabajar con las causas de droga y el Tribunal Oral Federal cuenta con un solo magistrado.

Cuatro  

Complicaciones sobre la marcha

La fecha en la que se aplicará la norma por ahora es un verdadero misterio. Algunos estiman que será antes de fin de año, otros señalan que es muy poco probable que comience a aplicarse en 2022, ya que quedan varios puntos por resolver. Mientras ello ocurre, en las calles hay una nueva tendencia en esta actividad ilícita. La venta de droga ya no es exclusividad de los clanes, sino de personas que encontraron en este delito una manera de subsistencia. “Consiguen una suma de dinero y compran pequeñas cantidades para comercializar en su barrio”, explicó una fuente policial.

En los últimos tiempos, la Digedrop y las fuerzas federales realizaron varios allanamientos donde encontraron poco más de 300 gramos de drogas. “Nos enfrentaremos a una cuestión al menos impensada: mucha gente tiene esta actividad ilícita como medio de vida. Al ser primerizos, casi con seguridad recibirán una pena condicional y, si no se la contiene, es muy probable que no abandone el negocio”, indicó una fuente de la justicia ordinaria.

Los investigadores también sostienen que enfrentará otro problema: cómo se determinará si una persona tiene droga para consumo personal o para la venta. “La Justicia Federal tiene muchos problemas por este tema. Las fuerzas detienen a una persona por tener 20 gramos de marihuana y después la terminan sobreseyendo aplicando diferentes fallos. Con la nueva norma, en principio, todos los casos de esta naturaleza terminarán en las fiscalías”, advirtió un investigador del MPF. Los representantes del Poder Judicial tienen otra preocupación que en algún momento plantearán en la Comisión: la falta de alojamiento de las personas que sean detenidas por cometer este delito. “La información que manejamos es que serán muchos y deben agregarse a los cometen delitos comunes”, explicó una fuente de la Corte. Jaldo dijo que están trabajando para que la crisis carcelaria no sea un problema. “La obra del penal de Benjamín Paz, la más importante que está haciendo el Gobierno, solucionará el problema. Mientras tanto, se construirán las alcaldías de Banda del Río Salí y en Las Talitas”, explicó el tranqueño.

Cinco  

El otro frente de batalla

La Comisión deberá resolver otra cuestión: la inclusión de los ministerios de Salud, Desarrollo Social, la Iglesia católica y grupos evangélicos para que colaboren en la lucha contra el narcomenudeo desde otra perspectiva: la recuperación del adicto y la del territorio que es dominado por los transas.

“Está previsto que se hagan reuniones para que todos comenten cuál es su experiencia, qué es lo que necesitan y cómo podemos trabajar juntos. La sociedad debe entender que un adicto no es un delincuente, sino un enfermo que necesita de la ayuda de todos para rehabilitarlo”, señaló Jaldo. “Nuestra idea también es ayudarlos económicamente para que nos colaboren en esta lucha”, finalizó.