Por Roberto Delgado
17 Junio 2022
El ex rector Juan Alberto Cerisola, principal acusado en la causa "YMAD". Foto de archivo LA GACETA / DIEGO ÁRAOZ
Aunque se agregaron los procesamientos a 22 empresarios como presuntos partícipes en las maniobras de las obras hechas con dinero de la minería en la UNT, aún es incierto en la Justicia Federal el juicio oral contra el ex rector de la UNT Juan Alberto Cerisola y sus ex colaboradores, porque el Tribunal Oral Federal está prácticamente desarmado desde hace un año, cuando se jubiló Gabriel Casas, quedó solo el juez Enrique Jiménez Montilla y los dos subrogantes, Enrique Lilljedahl y Jorge Abelardo Basbus, dijeron que tenían obligaciones que cumplir en sus jurisdicciones, postergadas por la pandemia. En 2018 se había jubilado Alicia Noli y no hubo novedades sobre cobertura de cargos.
La causa contra el ex rector se vincula con presuntas irregularidades en el manejo de utilidades de la minería por unos $ 353 millones (unos 85,5 millones de dólares en cotización de 2010) enviadas por Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) para obras realizadas en la UNT entre 2006 y 2009. El fiscal federal 1, Carlos Brito, investigó el caso tras las denuncias de Ramón Eudal, Oscar López y la Sindicatura General de la Nación. La causa fue elevada en 2018 a juicio contra Cerisola y sus ex funcionarios Luis Sacca, Olga Graciela Cudmani y Osvaldo Venturino, y en 2019 los coimputados pidieron dos peritajes adicionales (uno contable y otro de ingeniería civil), con lo que se difirió el juicio, a lo que se sumó luego la pandemia, que paralizó todo.
Investigación ampliada
Paralelamente, la Cámara Federal de Apelaciones ordenó que se realizara una ampliación de la investigación en busca de responsabilidades en las empresas contratadas por la UNT para hacer las obras. El fiscal Brito investigó si se produjeron “anomalías generadas por las empresas contratistas tales como cartelización de precios, pagos irregulares, pagos anticipados sin autorización, desvío de fondos, incumplimiento del proyecto de obra, facturación apócrifa”. En informes de auditoría interna de la UNT se detectó que hubo inconsistencias en el pago a las empresas; empresas que no estaban inscriptas en los organismos fiscales y empresas adjudicadas pese a que estaban informadas en el Banco Central como deudores incobrables. Otras anomalías detectadas fueron que se adjudicaba a una empresa una obra y terminaba haciéndola otra que no figuraba en el pliego. También se emplearon pericias de Gendarmería sobre los valores cobrados en las obras.
Ahora el juez federal II, Fernando Poviña, procesó sin prisión preventiva y embargó bienes de 22 empresarios por presunto cobro de sobreprecios en los trabajos. Se trata de Luis Exequiel Movsovich, Marcelo Eduardo Boero, Pedro Alberto Varela Ottonello, Juan Manuel Peña, Guillermo José Pasquini, Ana Inés Cossio, Juan Carlos Aranda, Norma del Valle Zóttola, Ricardo Aníbal Fernández, Ruth Soledad Fernández, Manuel Guillermo Galindo, Roberto Antonio Galindo, Javier Martínez Riera, Oscar Enrique Prado, Juan Vicente Guzmán, Horacio Eduardo Gordillo, Fernando Adrián Gordillo, Martín Preatonio, Héctor Gerardo Preatonio, Héctor Fidel Preatonio, Jorge Ignacio Zeballos y Máximo Federico Mellace
Esta segunda causa seguiría un camino paralelo a la de Cerisola y sus instancias previas a la elevación a juicio se desarrollarán mientras se espera que los acusados en la causa principal sean sentados en el banquillo.
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