Un médico de 55 años fue condenado por haber cometido cuatro abusos sexuales simples mientras se desempeñaba como director del Caps de Colalao del Valle, hasta 2018, según determinó la Justicia.
En un histórico juicio abreviado, que se llevó a cabo en el Juzgado de Paz de Amaicha por pedido de la comunidad de los valles calchaquíes, el médico Eugenio Heliodoro Guantay reconoció su autoría en los hechos y las partes acordaron una condena de tres años de prisión, de los cuales uno cumplirá con arresto domiciliario y los otros dos de manera condicional. Además por pedido de la abogada querellante, Jimena Gómez Roselló, la jueza Stella Maris Arce le suspendió la matricula profesional a Guantay por 10 años.
Dependiendo de la gravedad de cada caso, por cuatro hechos la figura legal de abuso sexual simple (es decir, cuando no hay acceso carnal) prevé una pena de entre seis meses y 12 años de prisión en caso de que un imputado sea encontrado culpable tras un debate oral.
Aceptable
“La condena nos parece aceptable, sobre todo porque las víctimas están conformes con este fallo y porque para la gente esto fue histórico. La comunidad de los valles nunca había vivido un proceso ahí, y con esto sintieron que por primera vez la Justicia fue hacia ellos y no que ellos debían viajar a la capital para tener justicia”, aclaró la querellante Gómez Roselló en una entrevista con LA GACETA.
El juicio abreviado se realizó de manera mixta: la jueza Arce y la querella viajaron a Amaicha y estuvieron in situ, mientras que el detenido junto a su defensor, Ricardo Scheuermann, presenciaron la audiencia vía zoom desde el Centro Judicial de la capital, al igual que la fiscal de cámara Stella Giffoniello, quien leyó ante la jueza los términos del acuerdo al que habían arribado las partes.
“Es la primera vez que una jueza penal de la capital viaja hasta Amaicha para realizar una audiencia y dictar una sentencia. Esto es algo que desde 2020 estábamos pidiendo: que la sentencia se dicte en los valles. Esa solicitud fue apoyada por varias organizaciones sociales, por la oficina de Asistencia a la Víctima, y esto tiene que ver con el reconocimiento de la desventaja geográfica y económica. Planteamos que en estos cuatro años las víctimas ya dieron mucho de su parte, viajando constantemente a Monteros, un viaje de cuatro horas ida y vuelta, para conocer los avances de la causa y buscar justicia. Por todo eso le planteamos a la Justicia que ya le tocaba poner de su parte y acercarse al territorio para dejar un mensaje”, argumentó Gómez Roselló.
La querellante agregó que como encargado del Caps, Guantay tenía un cargo importante dentro de un pueblo chico. “Esto lo coloca en un lugar de mucha desigualdad de poder frente a las víctimas y los habitantes del pueblo. El poder que tenía podría compararse con el de un director de escuela, con el de un cura o un delegado comunal. Son figuras de mucha centralidad en un pueblo. Entendemos que esto ha dañado el tejido social”, añadió.
Guantay ya había sido apartado de su cargo por el Siprosa. Ahora con la suspensión de matrícula, no podrá ejercer la medicina ni de manera privada por el plazo de 10 años. Además la querella pidió que el o la profesional que asuma frente al Caps primero realice capacitaciones en perspectiva de género. Además solicitaron que se arbitren los medios para realizar capacitaciones en las escuelas y los hospitales de los valles.
Por otra parte, el defensor Ricardo Scheuermann sintetizó que “el caso se resolvió mediante un acuerdo entre la querella y la defensa”. Además agregó que por pedido de su representado la defensa optó por no hablar públicamente del caso.
Fuentes judiciales explicaron que los hechos denunciados ocurrieron entre enero de 2014 y octubre de 2018 en perjuicio de cuatro víctimas: A.G, L.G, Y.G y de N. (menor de edad). En las acusaciones -que fueron reconocidas por el imputado- se menciona que en los cuatro casos Guantay, valiéndose de su oficio (y de la minoría de edad de la cuarta víctima), aprovechó para manosear de manera injustificada a las víctimas en sus partes íntimas.