Una dirigente gremial de los tribunales provinciales planteó una extensa denuncia en contra del titular del Ministerio Pupilar y de la Defensa (MPD) del Poder Judicial de Tucumán, Washington Navarro Dávila, y solicitó que se dé inicio a una investigación penal por presuntas irregularidades en el alquiler de una sede del organismo, en Salta 260.
Además, un segundo apartado de la presentación judicial, se puso el foco sobre una propiedad de Navarro Dávila en Tafí del Valle, puesto que, según la denuncia, el funcionario judicial estaría llevando adelante una obra particular con recursos del MDP.
El magistrado afirmó a LA GACETA que en estos momentos se encuentra fuera de la provincia, pero, a su regreso, se pondrá a disposición de la investigación, aunque enfatizó que se trata de una "falsa denuncia".
El escrito fue elevado ante la Fiscalía Regional del Ministerio Público Fiscal (MPF) por la empleada judicial Nélida Alejandra Martínez Romero, con el patrocinio del abogado Gustavo Morales.
Entre otras figura previstas por el Código Penal, señalaron los supuestos delitos de "fraude en perjuicio de la Administración Pública"; "violación de los deberes de funcionario público"; "peculado de bienes y servicios" y "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública".
Los denunciantes apuntaron también contra otras autoridades y empleados del Ministerio Pupilar y de la Defensa, órgano que, entre otras funciones, reúne los defensores oficiales de la Justicia provincial.
En un primer hecho, señalaron que Navarro Dávila dispuso el alquiler del inmueble situado en calle Salta 260, por un monto total de $ 8,9 millones, por el lapso de 36 meses. Martínez Romero y Morales aseguran que el ministro pupilar efectuó "una contratación directa para ocultar maliciosamente" los supuestos vínculos de parentesco entre los dueños de esa propiedad y la secretaria institucional del MDP, María Laura Gutiérrez. A esto sumaron que se ordenaron "obras de refacción, construcción de oficinas y colocación de un nuevo techo, sin declarar todo ello al Tribunal de Cuentas". Estos trabajos, sostienen los denunciantes, "fueron cuestionadas en tres oportunidades por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, al carecer de 'permiso de obra', pero no se efectivizaron las clausuras porque lo impide el funcionario de dicho municipio, Juan Siviardo Gutiérrez, padre de la Secretaria Institucional María Laura Gutiérrez".
El segundo hecho consignado en el texto firmado por Martínez Romero y por Morales refiere a la adquisición de un inmueble en Tafí del Valle, en el barrio privado "Los Alisos. "Navarro Dávila (está) utilizando ilegalmente para la construcción de esta vivienda, tanto personal como bienes materiales asignados por el Estado provincial al Ministerio Pupilar y de la Defensa", señalaron.
En esa línea, denunciaron que se utiliza un minibús perteneciente al organismo "para llevar materiales de construcción del MPD hacia el inmueble (situado en los valles)", y que le texto es conducido por personal de la repartición.
"Todos los materiales que se desvían para beneficio personal de Navarro Dávila con la construcción del inmueble en la localidad de Tafí del Valle están legalmente asignados a una obra de las defensorías penales de calle Laprida 1.074, lo que deja en evidencia el flagrante y grosero desvío para uso propio por parte de Navarro Dávila", añadieron los denunciantes.
Martínez Romero y Morales adjuntaron a la presentación un documento de 186 páginas, en el que aparecen informes digitales, fotografías y otros elementos que, según los firmantes, deberían ser considerados como elementos de prueba de sus dichos.
Además, requirieron que se cite a la dirigente judicial a ratificar la denuncia y aportar más pruebas; y que se solicite la apertura de una investigación jurisdiccional contra el ministro Pupilar y de la Defensa "por tener privilegios constitucionales".
Navarro Dávila, en un texto enviado a LA GACETA, rechazó la versión de Martínez Romero y de Morales.
"Me encuentro viajando a San Juan y volveré el día domingo. Inmediatamente a mi regreso me pondré a disposición de la Fiscalía para que pueda practicar todas las medidas que considere pertinente; compulsar todas las documentaciones y realizar las inspecciones necesarias para poder tener el legajo completo, en donde va a quedar demostrado que todo es una falsa denuncia”, sostuvo el ministro Pupilar y de la Defensa.