Por Álvaro José Aurane
10 Junio 2022
Jaldo evalúa designar jueces y fiscales subrogantes en la lucha contra el narcomenudeo
El vocal decano de la Corte, Antonio Estofán, y el ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez, elaboran sendos informes sobre las necesidades presupuestarias, edilicias y de capacitación para la puesta en práctica de la Ley 9.188
EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO. El gobernador, Osvaldo Jaldo, en el acto de ayer en el moderno gabinete científico pericial de la Agencia Regional.
El Poder Ejecutivo acelera para la puesta en práctica de la Ley de Lucha contra el Narcomenudeo en la provincia. Y el Poder Judicial está llevando a cabo los relevamientos para que la implementación se concrete.
El gobernador, Osvaldo Jaldo, inauguró ayer, a las 9, el Gabinete Científico Pericial de la Agencia Regional Federal del NOA de la Policía Federal, lo que representa un paso concreto para la aplicación de la Ley 9.188 y sus modificatorias.
“Una de las cuestiones sobre las que puso el acento la Justicia, respecto de las condiciones que deben darse para que la aplicación de la Ley de Lucha contra el Narcomenudeo sea efectiva, es contar con un laboratorio de última generación. La Policía Federal contaba con ese equipamiento y por eso el Gobierno de la Provincia firmó un convenio con esa fuerza. En el Ejecutivo colaboramos con el acondicionamiento edilicio y técnico para la instalación de ese laboratorio, que demandaba una serie de especificaciones técnicas en materia de provisión de energía eléctrica muy puntuales”, describió, en diálogo con LA GACETA.
“Ahora contamos en Tucumán con un equipo que analizará qué tipos de sustancias son las que se obtendrán en los secuestros de los operativos de las fuerzas de seguridad, y que es capaz de determinar el grado de pureza de esas sustancias”, puntualizó.
Pendientes
El Poder Judicial recibió esta semana el pedido formal de la Casa de Gobierno para que se informe acerca de cuáles son las “necesidades” de las distintas dependencias para hacer realidad las disposiciones de la ley que establece que es de competencia de los tribunales provinciales el combate del comercio minorista de drogas ilegales.
“Se está trabajando en la elaboración de un informe sobre las necesidades presupuestarias. Lo tendremos listo para presentarlo la próxima semana”, manifestó ante la consulta de este diario el vocal decano de la Corte, Antonio Estofán, designado por sus pares para ser quien represente al alto tribunal en la “Comisión interpoderes”.
“Pero no sólo vamos a solicitar recursos presupuestarios, sino que requeriremos que haya un esquema de mucha capacitación para todos los actores que intervendrán en esta materia. Y solicitaremos, también, que se acelere la designación de los jueces con competencia para la Lucha contra el Narcomenudeo, conforme indica la ley”, aseveró el juez supremo.
El panorama es similar en el Ministerio Público Fiscal. “La semana próxima tendremos listo el relevamiento de las necesidades, tanto en materia de presupuestos, cargos, infraestructura y espacio físico”, adelantó el jefe de los fiscales provinciales, Edmundo Jiménez. Justamente, puntualizó que si las obras de acondicionamiento edilicio van a demandar mucho tiempo, y hay premura en el poder político por la aplicación de la norma, podría pensarse en la sesión de un inmueble del Estado para establecer allí las nuevas fiscalías.
“Hay algunas cuestiones importantes, además, por resolver. Por un lado, es un problema que la Ley 9.188 y sus modificatorias creen las nuevas fiscalías determinando cuál será su especialización. Son cuatro las fiscalías. ¿Y si resulta que, por el volumen de trabajo, determinamos que hacen falta seis? ¿O sólo dos? Es el Ministerio Público Fiscal al que le corresponde determinar la política criminal. Y ahí tenemos un limitante”, advirtió.
“Por otro lado, en materia operativa, hay que pautar una línea divisoria precisa y clara respecto de hasta qué punto consideramos que nos encontramos ante un caso de narcomenudeo y cuándo entenderemos que se trata de un hecho más grave, que corresponderá a la órbita de la Justicia Federal. Entiendo que estas cuestiones deberán conversarse y revisarse en la ‘Comisión interpoderes’”, puntualizó.
Por estas razones, entre otras, Jiménez manifiesta que, a pesar de que existe voluntad y consenso entre los poderes del Estado por aplicar cuanto antes la Ley de Lucha contra el Narcomenudeo, “no sé cuánta inmediatez, en los hechos, vayamos a lograr”.
Subrogancias
Jaldo sólo le imprime premura a la cuestión. “Mi voluntad es trabajar para que la ‘Comisión interpoderes’ quede integrada ya durante la semana que viene y, a partir de ello, que se reúna y comience a trabajar”, puntualiza. En principio, la Legislatura es el poder del Estado que resta definir quiénes serán sus representantes ante ese organismo.
“Incluso, una de las cuestiones que voy a consultar es la posibilidad de designar defensores, fiscales y jueces subrogantes en los despachos que crea la Ley 9.188, hasta tanto se sustancien los concursos (en el Consejo Asesor de la Magistratura) y se designe a los titulares. Si se puede recurrir a esa figura (la de la subrogancia), mi opinión es que debe hacerse para que no haya demoras”, puntualizó.
Un laboratorio: Jaldo inauguró una dependencia que colaborará en la lucha contra el delito
El gobernador Osvaldo Jaldo, encabezó la inauguración del Gabinete Científico Pericial de la Agencia Regional Federal del Noroeste Argentino (NOA) de la Policía Federal Argentina en su sede emplazada en Laprida 1.074. El nuevo laboratorio científico será empleado por el Poder Judicial de la Provincia y la Policía de Seguridad para análisis de narcóticos, ADN e identificación de personas. Jaldo dijo: “nosotros anunciamos oportunamente un convenio con la Policía Federal Argentina que nos permitió dotarnos de complementación, planificación e investigación. Esto es lo que venimos haciendo con el Operativo Lapacho”. “Este convenio permitió incorporar a la provincia de un equipamiento de mayor tecnología que necesitamos para estas acciones que hemos tomado para cubrir la frontera norte, que es por donde entran la droga y el contrabando. Para cuando comencemos a ejecutar la Ley de Narcomenudeo, este laboratorio científico permitirá realizar análisis de sustancias tóxicas, de ADN y de identidad”, agregó. “Hoy es un día muy importante para Tucumán. Quiero agradecer a la Policía Federal; a la Gendarmería Nacional, centinela de la patria, y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Para nosotros es valioso también que la Justicia nos esté acompañando”, destacó Jaldo. En tanto, Walter Bernal, director general de la Agencia Regional Federal NOA-Tucumán, destacó además el trabajo conjunto realizado con la Policía de Tucumán, Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el Operativo Lapacho, “donde los resultados son óptimos, con operativos cerrojo en toda la provincia. Intercambiamos información y trabajamos en conjunto. Cada fuerza ocupó su lugar en distintos puntos de la provincia”.
SEGÚN PASAN LAS LEYES
EL ORIGEN.- En 2014, la Legislatura sancionó la Ley 8.664, que debía entrar en vigencia el 1 de marzo de 2015. Sin embargo, una acción declarativa de insconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, impulsada por el ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez, derivó en una medida cautelar que congeló la aplicación de la norma.
SALVANDO EL PRIMER ESCOLLO.- En agosto de 2019, por iniciativa del entonces presidente de la Legislatura, Osvaldo Jaldo, la Cámara sancionó la Ley 9.188, que replicaba el contenido de la aprobada en 2014, con el agregado de otros institutos.
MESA PARA CUATRO.- El artículo 12 crea una “Comisión interpoderes” integrada por un vocal de la Corte, el ministro Público Fiscal, la ministra de Gobierno, el ministro de Seguridad y el presidente de la comisión de Seguridad y Justicia de la Legislatura.
VARIOS FISCALES Y MUCHOS JUECES.- La norma, además, crea, en el Centro Judicial de la Capital, dos Fiscalías de Lucha contra el Narcomenudeo, una defensoría oficial especializada en la temática, dos juzgados de instrucción penal unipersonales de Lucha contra el Narcomenudeo y “cuatro jueces penales unipersonales” en esa materia. Simultáneamente, en el Centro Judicial de Concepción crea, también, dos fiscalías, una defensoría oficial y dos jueces penales.
EL SEGUNDO ESCOLLO.- Pero un año después, en agosto de 2020, los vocales del máximo tribunal frenaron también la aplicación de esta norma, nuevamente a instancias de una acción del Ministerio Público Fiscal. En esa oportunidad, al igual que en la anterior, Jiménez planteó que en Tucumán no estaban dadas las condiciones objetivas (presupuesto, lugares de detención, cantidad de fiscales...) para que la Justicia provincial asumiera la competencia en materia de narcomenudeo.
POR SÍ O POR NO.- En enero, Jaldo le manifestó a LA GACETA que esperaba una respuesta del Poder Judicial respecto de la cuestión de fondo: que se expida respecto de si la Ley 9.188 era válida, y por tanto aplicable, o no. En febrero, el Poder Ejecutivo solicitó formalmente la “resolución urgente” del expediente. “La materia procesal que se debate en autos constituye un problema vital de honda repercusión social que asume diariamente en un cariz alarmante. El tráfico de drogas castiga dolorosamente a la población de nuestra provincia, desencadenando inseguridad, violencia y muerte”, fundamentó el abogado Leonardo Debono, en calidad de apoderado de la Provincia, la parte “demandada” en el caso.
UN “SÍ” DIVIDIDO.- El 25 de abril, por mayoría, la Corte Suprema levantó la medida cautelar que frenaba la implementación de la ley de narcomenudeo en la provincia. El máximo tribunal reclamó al Gobierno que cumpla una serie de pasos para que la aplicación de la norma pueda ser efectiva. El fallo fue emitido con los votos del presidente, Daniel Leiva, de Antonio Estofán y del camarista Sergio Gandur (por la excusación de Eleonora Rodríguez Campos); y la disidencia de Claudia Sbdar y de Daniel Posse.
UNA MESA MÁS GRANDE.- En el ínterin, la legislación también fue sufriendo enmiendas. La primera de ellas se dio en diciembre de 2019, con la sanción de la Ley 9.212. Esa norma, en primer lugar, amplía la “Comisión interpoderes”. Agrega al ministro Pupilar y de la Defensa y suma tres legisladores (además del titular de la comisión de Seguridad y Justicia): dos por la mayoría y uno por la minoría. Invita a integrarse, además, a un representante de la Justicia Federal y a otro del Ministerio Fiscal de la Nación.
RECALCULANDO.- La Ley 9.212 establece que la fecha de su entrada en vigencia iba a ser el 1 de septiembre de 2020. Precisamente, en septiembre de 2020 se dicta la Ley 9.302, al solo efecto de prorrogar la entrada en vigencia de la norma, dado que se encontraba frenada en el Poder Judicial. La nueva fecha es el 15 de abril de 2021.
NO TANTOS JUECES.- Finalmente, en noviembre de 2021 la Legislatura aprueba la Ley 9.315. Esta norma introduce modificación en los cargos judiciales creados por la 9.188. Mantiene para la Capital las dos fiscalías de Lucha contra el Narcomenudeo, pero eleva a dos las defensorías oficiales especializadas y fija en dos los jueces penales en la materia. Ya no figuran los “cuatro jueces penales unipersonales”. Aclara que los magistrados integrarán el Colegio de Jueces (ya rige el nuevo Código Procesal Penal para toda la provincia), “conservando su especialidad. Sin perjuicio de ella, deberán intervenir en otros casos penales cuando fuere necesario.”
ASÍ EN EL ESTE COMO EN EL OESTE.- Idéntica estructura se establece para el Centro Judicial de Concepción: dos fiscales, dos defensores oficiales y dos jueces, todos para la Lucha contra el Narcomenudeo. A esto se agrega una defensoría especializada en el Centro Judicial de Monteros y otra en el Centro Judicial del Este.
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