Ordenan decomisar las máquinas de construcción y de desmonte detectadas en el barrio “Las Pirámides”

La Cámara Federal de Apelaciones concedió la medida cautelar pedida por la Universidad Nacional de Tucumán para que se secuestren y decomisen maquinarias existentes y elementos de desmonte y construcción en loteo “Las Pirámides”, ubicado en el Km 28 de la ruta 338, en parte del terreno que corresponde al parque Sierra de San Javier. Se trata de elementos detectados por la UNT a través de relevamientos satelitales realizados por la Policía de Tucumán en el barrio privado que el lugareño Próspero Marcelo Sosa está erigiendo en el predio, que pertenece a la UNT.

La querella de la Universidad contra Sosa comenzó en 2018, cuando se descubrió que este estaba promocionando el loteo por internet. El lugareño, que había sido sobreseído en 2008 en un juicio por usurpación que le había iniciado una década antes la UNT, consideró que tenía derecho a hacer el barrio porque él no reconoce la titularidad de la casa de altos estudios. Esta, que posee los títulos de la propiedad de las 14.000 hectáreas del parque Sierra de San Javier, argumenta que la querella por usurpación contra Sosa se cayó porque no se la había seguido, pero que el dominio universitario del predio nunca estuvo cuestionado y que Sosa es un ocupante ilegal.

Cuando se descubrió el loteo, se hizo un proceso de reivindicación y se obtuvo una medida de no innovar de diciembre de 2018 para que no se siguiera construyendo. En 2021 se descubrió que continuaban las obras y que había desmonte del bosque nativo. “Nosotros aportamos imágenes de Google Earth que nos dio la Policía de Tucumán”, explicó Máximo Castro, abogado de la UNT. La Policía tucumana utiliza el servicio de seguimiento satelital para controlar que no se produzcan usurpaciones en terrenos de la provincia, sobre todo en la zona del Cadillal, dijo el abogado. Así es que presentaron estas imágenes, pero el juez federal Fernando Poviña rechazó el pedido de la UNT, por “el incipiente estado procesal de la causa, y la falta de determinación respecto de la titularidad de las maquinarias que se encuentran en el predio en cuestión, que debilitan el requisito de verosimilitud del derecho en relación al pedido”.

La UNT fue en apelación y la Cámara ordenó, primero, la inspección que se hizo el 6 de abril pasado, para saber si había más construcciones y más desmonte. “Ahí se comprobó que había 21 casas nuevas, un quincho y otras cuatro en construcción y que el barrio se estaba ampliando”, dijo Castro. En efecto, en esa inspección se descubrió que ya había 47 viviendas erigidas.

“Arma potencial”

Ahora la Cámara atendió la argumentación de la UNT en cuanto a que antes de considerar la titularidad de las maquinarias de construcción y desmonte se debe tener en cuenta que, estando la zona protegida por leyes medioambientales, cualquier maquinaria puede interpretarse como un arma que potencialmente se usa o usará para alterar el bosque nativo. Tras el informe del oficial de Justicia por el que comunica que “en el predio se pudo verificar la existencia de dos tractores de color naranja y un carro, todos sin identificación de dominio, así como también un rodillo liso tipo agricultura y materiales para la construcción”, quedó clara -según la UNT- “la poca importancia que el demandado atribuyó al cumplimiento de la manda judicial de 2018” que lo obligaba a suspender las construcciones.

“Para que una sociedad se encuentre ordenada y pueda lograr sus objetivos, los mandatos judiciales no pueden constituir una simple declaración abstracta, dogmática o doctrinaria, sino el paso inicial de una acción para que se cumpla lo en ellos establecido”, dijo la Cámara.

El tribunal determinó que el juez (Poviña) debe ordenar el operativo de secuestro y decomiso de los elementos, y que estos deberán quedar bajo guarda y exclusiva responsabilidad de la Universidad. ¿Qué vendrá después? “Vamos a pedir otras medidas preventivas de daño para evitar que vuelva a suceder. Lamentablemente, en materia ambiental siempre se va sobre las consecuencias, los hechos ya consumados”, dijo Castro, que ya antes había vaticinado que, cuando concluya el proceso de reivindicación del predio, “todas esas casas deberán ser demolidas”.