Por Gustavo Rodríguez
07 Junio 2022
En un año electoral, la inseguridad estará en la cabeza de todos los candidatos que pretendan ocupar cualquier cargo porque es lo que más preocupa a la sociedad. Pero la gran pregunta es: ¿presentarán nuevas políticas de seguridad o insistirán con parches de seguridad? Hasta aquí todo parecería indicar que se inclinarán por la segunda opción.
Los acontecimientos de los últimos días pueden ser tomados como parámetros. Hace menos de una semana, concejales opositores de Yerba Buena generaron toda una polémica cuando anunciaron que pretendían instalar una comisaría en una casa abandonada en la plaza del barrio Procrear. Los ediles oficialistas, apoyando a los vecinos de ese sector de la ciudad, se opusieron rotundamente. “Los problemas de inseguridad no se solucionan poniendo un destacamento”, repitieron una y otra vez los que están alineados con Mariano Campero. Esa es una zona roja en la localidad pedemontana y, si bien todas las partes presentaron planteos razonables sobre la instalación de la dependencia policial, hasta aquí nadie debatió seriamente el problema. Días atrás, a cinco cuadras del lugar donde estaba proyectada la instalación de la nueva sede de la fuerza, una familia sufrió un violento asalto.
El intendente capitalino, Germán Alfaro, inauguró recientemente el nuevo y moderno centro de monitoreo que cuenta con 250 cámaras de seguridad. “Es nuestro aporte al Ministerio de Seguridad de la provincia”, señaló el funcionario. Pero el sistema no está conectado aún al servicio de 911; la división policial que debe atender las emergencias en caso de que los operadores descubran que se está cometiendo un ilícito. Los funcionarios municipales explicaron que las imágenes que tomarán los equipos serán fundamentales para que la Justicia los utilice como pruebas. En pocas palabras: otra vez se piensa en la persecución penal y no en la prevención del delito, que es como realmente se combate a la inseguridad.
Vigías y algo más
“Pese a que no nos corresponde, afrontamos el desafío”, explicó el intendente Darío Monteros al hablar sobre el cuerpo de vigías de Banda del Río Salí, que es el más numeroso de toda la provincia. “Es el área que se lleva la mayor cantidad del presupuesto. Me gustaría que consulten a las autoridades de los 47 establecimientos educativos de la ciudad cuáles fueron los resultados”, añadió. Son unos 300 los guardias que prestan funciones en esa ciudad y antes de fin de mes se sumarán las primeras 40 mujeres al equipo. Además, cuenta con el acompañamiento de 40 efectivos policiales que cumplen servicios adicionales.
Los funcionarios de Yerba Buena, opositores al Gobierno provincial, también hicieron mucho por la prevención del delito en su ciudad. Tiene menos efectivos, pero trabaja de manera coordinada con la Policía desde su creación. “Lo importante es que siempre hablamos, analizamos y coordinamos los esfuerzos”, dijo en reiteradas oportunidades el secretario de Seguridad, Mauricio Argiró. Combatir la inseguridad, que es una tarea que no les corresponde, se transformó en casi una obligación para todos los intendentes.
Los municipios también empezaron a pedir colaboración a las fuerzas federales. Las Talitas, que no tiene guardias urbanos, le cedió terrenos a la Policía Federal para que sus hombres patrullen las calles. El intendente bandeño también consiguió que exista un puesto de control de esta fuerza en la puerta de ingreso más importante de la ciudad. Monteros tiene una base de entrenamiento de Gendarmería Nacional. En definitiva, todo suma, pero los funcionarios saben que no es la solución a largo plazo, sino un paliativo.
Sin embargo, hay una deuda pendiente del Poder Ejecutivo: la puesta en marcha de la Ley de Policía Municipal. Una iniciativa del gobernador en uso de licencia Juan Manzur que fue aprobada en 2018 y que sigue sin entrar en vigencia. La norma, en principio, servía para regular el funcionamiento de los cuerpos de vigías, delineaba puntos claros en la formación de los guardias, controlar su tarea y organizar operativos de manera conjunta.
Pero el punto más polémico y que genera trabas era el que expresaba que la provincia se debe hacer cargo de los sueldos y del equipamiento de los guardias urbanos. Pero, hasta aquí, nada de ello ocurrió. Trazar políticas de seguridad no es sencillo porque se debe encontrar un equilibrio justo. Son medidas que deben pensarse para conseguir resultados a largo plazo, no inmediatos, porque se corre el riesgo de que terminen transformándose en meros parches.
Lo más popular
