04 Junio 2022
PANDILLAS. Las maras controlan las extorsiones y la venta de drogas.
SAN SALVADOR, El Salvador.- Violaciones masivas a los derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como tortura y malos tratos, son algunas de las denuncias que hizo llegar Amnistía Internacional a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Al menos 18 personas murieron bajo tutela del Estado, reveló el informe de la ONG humanitaria, tras realizar una investigación de crisis en el país en el marco del régimen de excepción decretado el 27 de marzo por el presidente Nayib Bukele.
El gobierno tomó esa medida luego de que hubo un pico de homicidios, presuntamente cometidos por pandillas, y lo extendió dos veces hasta la fecha.
A mediados de mayo, algunas agencias internacionales, como Reuters, reportaron que, en medio del estado de excepción, la fuerza pública detuvo a decenas de inocentes acusados de pertenecer a las pandillas, conocidas como “maras”, para cumplir con cuotas de capturas impuestas por sus superiores.
“Hasta el 28 de mayo, se reportaban al menos 18 personas muertas bajo tutela del Estado durante el régimen de excepción. Dada las precarias condiciones carcelarias, existe el temor fundado de que el número de víctimas fatales pudiese incrementar en los siguientes días”, dijo AI en un comunicado.
Los números están basados en reportes de la ONG centroamericana Cristosal, que señaló que el total de fallecidos son hombres y que algunos murieron por falta de atención médica y otros presentaron signos de tortura. Todos murieron en hospitales o camino a ellos.
El Ministerio de Justicia y Seguridad, la Policía y el Ejército no respondieron sobre el contenido del informe de AI.
En la víspera, en un discurso por su tercer año de mandato, el presidente Bukele aseguró que su gobierno está a punto de “ganar la guerra contra las pandillas”.
“Digan lo que digan, hagan lo que hagan, escriban lo que escriban, ataquen una y otra vez, les digo: no nos van a detener. Tenemos a Dios y al pueblo salvadoreño de nuestro lado”, afirmó el gobernante, que asumió en junio de 2019.
El estado de emergencia ha sido prorrogado en dos ocasiones por los diputados oficialistas. Más del 70% de los salvadoreños avalan la medida contra los grupos criminales, según tres diferentes encuestas.
A fines de marzo, Bukele pidió al Congreso que declare un régimen de excepción, que suspende algunas garantías constitucionales, luego de un repunte histórico de los homicidios.
Sin embargo, las medidas tomadas han despertado la crítica de organismos como AI, Human Rights Watch y otros, que consideran que están apresando a miles de inocentes, en medio del plan de seguridad del popular mandatario.
En su informe, AI denunció que las autoridades salvadoreñas han limitado el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el acceso a un juez independiente, además de realizar detenciones sin el cumplimiento de requisitos legales y audiencias con hasta 500 acusados a la vez.
Desde el 27 de marzo hasta el momento, la Policía y el Ejército han detenido a más de 36.000 personas acusadas de pertenecer a las pandillas, entre ellos, 1.190 menores de 18 años de edad, según cifras oficiales.
Surgidas en Estados Unidos tras la guerra civil de El Salvador (1979-1992), las pandillas se extendieron por Centroamérica y parte de México, donde controlan las extorsiones y la venta de droga.
En El Salvador, se estima que más de 70.000 personas integran la Mara Salvatrucha; su rival, Barrio 18; y otras pandillas más pequeñas. (Reuters)
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