Por Federico Türpe
04 Junio 2022
Aún no se colocó un solo ladrillo, ni un foco, ni un obrador, pero el Estado tucumano ya gastó varios millones de dólares en uno de los proyectos más publicitados en los últimos 50 años.
Se trata del mil veces anunciado Centro Cívico, que iba a albergar al Poder Ejecutivo y a gran parte de la administración provincial, hoy concentrada en el casco céntrico de la capital.
Esta historia comenzó hace más de 20 años, durante el gobierno de Julio Miranda (1999-2003).
El principal objetivo era valioso, estratégico, indispensable y urgente para el área metropolitana: descentralizar las oficinas públicas, sacarlas del colapsado micro y macro centro, valorizar y urbanizar una zona devaluada y generar nuevas centralidades en los alrededores del Gran Tucumán.
Una ciudad que integran cinco municipios y diez comunas y que contiene a un millón de habitantes. El nuevo censo lo confirmará. Las estadísticas oficiales de 2010 habían arrojado 800.000 personas, hace 12 años.
Según recuerda el arquitecto Ricardo Salim, titular de la Unidad de Reconversión del Espacio Público (UREP), a fines de los 90 viajaron a Nueva York y firmaron el primer convenio para construir el Centro Cívico de Tucumán, que en su idea original era bastante más reducido que el que se terminó proyectando años más tarde.
La caída de Fernando de la Rúa y la crisis del 2001 sepultaron este propósito, porque se rompieron las relaciones con los organismos internacionales de crédito, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o del Banco Mundial (BM), ya que sin financiamiento extranjero esta obra era inalcanzable para las arcas provinciales.
La idea recobró fuerza a mediados de la gestión de José Alperovich, pero fue aplastada por la impronta urbanística de ese gobierno, que era construir donde había más demanda: Barrio Norte, Barrio Sur, Yerba Buena y Lomas de Tafí.
Con 1.100 nuevos edificios levantados durante el alperovichismo, la mayoría dentro de las cuatro avenidas y alrededores, la ciudad se centralizó aún más en los sectores más poblados.
Esta es una de las causas que explica el deterioro y la insuficiencia de los servicios públicos, como agua, cloacas y transporte público, y también el agravamiento de los problemas de tránsito.
Luego, en 2016, durante la primera administración de Juan Manzur, en medio de las burbujas del Bicentenario, se reencauzó el plan y se firmó un contrato con el estudio del reconocido arquitecto tucumano César Pelli (1926-2019), Pelli Clarke Pelli Architects.
El anteproyecto, conformado por 2.400 planos (66.000 metros cuadrados cubiertos y 44.000 netos) y a un costo de 2,4 millones de dólares, se terminó en noviembre de 2020.
El argumento que esgrimieron las autoridades en varias oportunidades para explicar la ralentización de la obra, con más de dos décadas desde el puntapié inicial y ya seis años desde la firma del contrato, fue la crisis de 2001, luego la falta de apoyo del gobierno nacional de Mauricio Macri y finalmente, la pandemia.
Su situación actual es una incógnita, aunque con seguridad si se hubiera reactivado ya se habría publicitado cien veces de nuevo.
La ruta del dinero
Dijimos al principio, sin precisar, que se van erogando en este proyecto varios millones de dólares, entre lo pagado y lo adeudado, -un especialista en obra pública estima que ya ronda los siete millones de dólares- porque incluso a un estudio contable le resultaría complejo detallar este monto, por varias razones.
La primera es que el proyecto se presupuestó al comienzo en 43 millones de pesos, después se elevó a 90 millones y la última cifra oficial que divulgó el Tribunal de Cuentas (2019) informaba 160 millones.
En el medio, las disparadas en la cotización del dólar, que pasaron de $15 en 2017 a $57 en 2019.
Tres años después y con un dólar real a $200, el costo de esta obra tranquilamente superaría los 600 millones de pesos, unos tres millones de dólares. A esto deben sumarse el costo del anteproyecto (US$ 2,4 millones) y una serie de gastos extras.
Entre ellos están los $ 42,3 millones abonados a inicios de 2018 por la expropiación del inmueble de 17,2 hectáreas, ubicado en Los Pocitos, Tafí Viejo, sobre la ruta 9, a la altura del Club de Cazadores.
También un millón de pesos para construir la cerca perimetral; 22 millones para diseños complementarios, como por ejemplo tres millones pautados con la firma Mackinla y Vignaroli para diseñar las instalaciones eléctricas; 2,5 millones acordados con Edar SRL por la ingeniería contra incendios; $750.000 al Estudio GF SA por la certificación LEED (sustentabilidad); 4,5 millones por instalaciones termomecánicas y ascensores a cargo de Estudio GF; 2,2 millones acordados con Estudio Labonia por las instalaciones sanitarias y de gas; 4,3 millones al Estudio AHF por el diseño de estructuras; $800.000 del contrato con Rafael Sánchez Quintana por la ingeniería acústica; 2,8 millones para el proyecto de iluminación (Cappiello+Partners); y 1,8 millones que se abonarán a AJL&P SRL por el diseño envolvente exterior.
Todos montos a valores de 2017-2019. Hoy deberían multiplicarse por cuatro, de mínimo.
Hay que agregar varias otras erogaciones que no se incluyen en el presupuesto, como los numerosos viajes de las comitivas a los Estados Unidos, con pasajes, viáticos, estadías, etcétera.
Aunque los funcionarios hacen parecer rutinarios estos recorridos (Manzur hizo más viajes al exterior que Macri), son desplazamientos costosísimos. Para dimensionar, el presidente Alberto Fernández gastó 500.000 dólares en la minigira de cuatro días que hizo por España, Alemania y Francia hace 20 días.
Sede inconstitucional
Quizás varios actores e impulsores del Centro Cívico ignoran que este proyecto viola la Constitución provincial, que muy pronto en su artículo 2° ordena: “Las autoridades superiores del gobierno tendrán su sede en la ciudad de San Miguel de Tucumán, que es la capital de la Provincia”.
Lo increíble es que este reglamento se modificó en 2006 y el presidente de aquella Convención Constituyente era el propio Manzur.
En rigor, la mayoría de los artículos, como el anterior mencionado, están copiados de la Constitución de 1990 (reforma donde Fuerza Republicana obtuvo el 49% de los votos y el 33,6% de los convencionales), y en el caso particular del artículo 2° ya figuraba de forma idéntica en la Constitución anterior, de 1907.
Se entiende el espíritu de esta norma en perspectiva, hace más de 100 años.
Pero no se comprende que ya en 1990 ningún convencional haya pensado (o si lo hizo no logró imponerse), que la ciudad ya daba claros signos de hiperconcentración en un casco histórico desbordado, y que debería haberse modificado ese artículo y abierto la posibilidad a descentralizar el gobierno y la administración pública, y de paso desarrollar zonas postergadas del área metropolitana.
Más incomprensible es que se haya repetido este apartado en 2006, cuando el caos ya era un hecho evidente.
Ese año ya había publicados varios estudios urbanísticos, como el GEO Ciudad que lideró la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT, que alertaba sobre la necesidad apremiante de descongestionar el microcentro tucumano, cuya calidad de vida estaba cada vez más deteriorada.
Con el agravante de la Plaza Independencia, que debería llamarse Plaza de las Protestas, casi siempre cortada, descontrolada.
Es una prueba de aquella premisa que sostiene que, en general, las reformas constitucionales priorizan intereses y beneficios personales o sectoriales, antes que la búsqueda sincera de una modernización y actualización, según van exigiendo los cambios históricos y las nuevas necesidades que surgen en la sociedad.
En 2006 la máxima preocupación de Manzur era garantizarle a Alperovich un tercer mandato y así lo hizo.
De todos modos, “es una Constitución muy abollada”, describió un abogado constitucionalista consultado al respecto.
Abollada porque está plagada de artículos que no se cumplen, otros inaplicables y otros varios que han sido anulados por instituciones superiores, como la posibilidad de realizar enmiendas para poder hacer modificaciones o actualizaciones parciales, sin necesidad de reformar toda la Carta Magna.
Una renovación completa obliga a recurrir a la elección de una Convención Constituyente.
Otro ejemplo de la incoherencia del texto que supuestamente nos rige y ordena es el inciso 3° del artículo 43° que impone el voto electrónico.
No sólo porque nunca se acató, en vías de sostener un sistema electoral tramposo y prebendario, sino porque otros artículos de la sección “Bases del Régimen Electoral” regulan el sistema de boletas partidarias de papel.
Es decir, fueron copiando y pegando viejos apartados y a la vez introduciendo nuevos sin percatarse que se incurría en contradicciones y en antinomias jurídicas.
Existen varios atajos legales para construir oficinas de gobierno fuera de la capital sin necesidad de una reforma constitucional.
Una podría ser mantener una sede “simbólica” en 25 de Mayo 50 y mudar toda la estructura operativa al Centro Cívico.
De todas maneras, como si hicieran falta atajos legales para sortear una Constitución que en Tucumán no se respeta.
El Centro Cívico se suma a una larga lista de proyectos anunciados y nunca concretados por la trilogía Alperovich-Manzur-Jaldo.
Como ya dijimos en otra oportunidad, este Gobierno debería haber creado la Dirección de Planos y Maquetas porque ya no hay lugar donde guardarlos.
No únicamente proyectos de obras públicas, sino también mejoras institucionales varias veces prometidas, como la Ley de Acceso a la Información Pública o la reforma del sistema electoral.
También fue desechado el rediseño del Aeropuerto Benjamín Matienzo, otro anteproyecto de Pelli, cuyo costo ignoramos.
Aunque sea por respeto a la memoria de uno de los tucumanos más célebres de la historia (el Centro Cívico era uno de sus sueños), esta democracia anunciadora debería al menos hacer una plaza con su nombre o renombrar una calle. Porque ya sabemos que más no se les puede pedir a los mismos hombres y nombres que desgobiernan desde hace 23 años.
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