La Copa estimuló reformas, pero el trabajo semiesclavo sigue en pie en Qatar

El Mundial 2022 obligó a Qatar, el país anfitrión, a reformar su legislación laboral propia de la época colonial. Pero los cambios normativos no lograron modificar la realidad del trabajo semiesclavo que afecta especialmente a los extranjeros que llegan a Doha con el deseo de integrarse a una de las economías más prósperas del mundo. Esa mano de obra procedente de las naciones pobres de África y de Asia, que a menudo huye de tragedias inenarrables, se encuentra con un sistema proclive a todo tipo de abusos, que, según Amnistía Internacional (AI), habría provocado la muerte “inexplicable” de miles de trabajadores. Pese a los nuevos límites, el modelo en vigor aún coloca a las vidas de los empleados a merced de sus patrones: este paradigma conforma el lado oscuro de las obras majestuosas erigidas para celebrar el fútbol y glorificar a Qatar.

El veredicto que opaca la fiesta consta en el reporte “Chequeo de la realidad 2021: a un año de la Copa del Mundo, el estado de los derechos de los trabajadores migrantes en Qatar”. Amnistía Internacional, una organización global orientada a garantizar el respeto por los derechos fundamentales de cada ciudadano, dijo el año pasado que la cuenta regresiva del torneo de la FIFA había comenzado -el Mundial será inaugurado en noviembre por los calores insalubres del verano del Hemisferio Norte- sin que el Estado ajustara su proceder al acuerdo que había formalizado con la Organización Internacional del Trabajo. Ese entendimiento estaba dirigido a erradicar el abuso laboral y la explotación de los más de dos millones de trabajadores migrantes que representan el 90% de la fuerza laboral. Estos desarrollan las tareas menos calificadas, aunque indispensables para sostener el estilo de vida lujoso y las ambiciones de grandeza que distinguen a Qatar.

Antes de 2017, el sistema “kafala” (maximiza la relación de dependencia hasta supeditar el movimiento libre de los empleados al consentimiento de los empresarios) concentraba las críticas. El monitoreo de Amnistía Internacional sostiene que su derogación en los papeles no se tradujo en una derogación en la práctica, y que los antiguos hábitos explotadores encontraron la manera de reciclarse. “Esta falla pone en duda la promesa de las autoridades de que la Copa del Mundo iba a ser un punto de inflexión o el comienzo de un nuevo juego para los trabajadores migrantes”, apunta el reporte disponible en la web (amnesty.org/es/).

“Cautivos”

Los extranjeros que desembarcan en Qatar para trabajar en la construcción, la seguridad, y los servicios de limpieza y de hotelería, entre otros sectores, padecen reducciones injustificadas de salarios; condiciones laborales indignas y barreras inexpugnables para cambiar de trabajo. Los trabajadores sometidos a estos abusos deben pelear solos porque tienen prohibido sindicalizarse. Uno de los problemas detectados corresponde a la propia Justicia, cuyo funcionamiento no ha logrado disuadir a los inescrupulosos. Tales circunstancias complacientes con la impunidad habilitan a los empleadores a seguir haciendo “negocios como siempre”, pese al cambio de reglas.

Ante la Organización Internacional del Trabajo, Qatar se había comprometido a alinear su orden jurídico a los principios básicos del derecho laboral internacional. Se suponía que este debía ser uno de los legados del Mundial y, con ese fin, el Estado sancionó una serie de leyes. Pero la implementación resultó más compleja de lo esperado y desató una ola de resistencia embanderada en el derecho de los contratantes a cumplir sus obligaciones fundadas en la mano de obra barata. La pandemia contribuyó a ralentizar las modificaciones por el cierre de fronteras -y el bloqueo del ingreso de nuevos asalariados- y de actividades.

El viejo orden semiesclavo persiste en el hecho de que, en términos generales, no basta la voluntad de los trabajadores migrantes para renunciar a un empleo y tomar otro, o para abandonar Qatar. Según AI, hay muchas maneras de mantener “cautivo” a un empleado, entre ellas, la confiscación de su pasaporte.

Aunque el 30 de agosto de 2020 el emirato se convirtió en el primer país de la península arábiga que eliminó el requisito del permiso del patrón para cambiar de trabajo, el proceso de salida sigue siendo arduo y presenta numerosas barreras que implican la continuidad de las opresiones del “kafala”. Ocurre que el nuevo empleador aún solicita el consentimiento del antiguo, o que este se ocupa de impedir el traspaso mediante la cancelación de las visas y la denuncia de delitos que automáticamente manchan la foja de antecedentes del trabajador, y lo exponen al arresto o a la deportación.

También sucede que el Ministerio de Desarrollo Administrativo, Trabajo y Asuntos Sociales (Madlsa por sus siglas en inglés) incumple el plazo de siete a 10 días hábiles establecido para aprobar el cambio de empleos. El informe de Amnistía refiere que algunos trabajadores llegaron a aguardar el visto bueno de Madlsa durante meses, tiempo en el que no sólo perdieron la nueva oportunidad laboral, sino que se vieron expuestos a represalias muy serias en las compañías que pretendían dejar. Al cabo de la espera, un aviso inmotivado de denegación termina de frustrar el anhelo de encontrar un empleo mejor. Madlsa dijo a la ONG que los solicitantes pueden presentarse en sus oficinas para obtener una explicación, pero esa alternativa está reñida con el hecho de que los trabajadores no disponen de la posibilidad de ausentarse de sus puestos sin que ello les genere una sanción. Algunos ni siquiera poseen días de descanso.

Los escollos burocráticos han producido un “mercado de pases” donde las compañías empleadoras (“sponsors”) prestan su consentimiento para liberar un trabajador a cambio del pago de sumas de dinero que van desde RC (riyal catarí) 5.000 a 15.000 (desde U$S 1.375 a 4.125, entre cinco y 15 veces el salario mensual mínimo), aunque ese permiso ya no haga falta. Según AI, se trata de un “negocio muy lucrativo” que demuestra la permanencia del consentimiento patronal supuestamente abolido. “Los trabajadores migrantes quedan atados a quienes los contratan desde el momento en el que ingresan a Qatar: son ellos los que en la mayoría de los casos deciden cuándo y cómo terminará esa relación inicial”, observó la organización de la sociedad civil.

Uniforme refrigerado

Las investigaciones de Amnistía Internacional detectaron dos grupos particularmente vulnerables: servicios doméstico y de limpieza, y de seguridad. Las empleadas sin retiro o con la modalidad “cama adentro” enfrentan el riesgo más alto de abuso puesto que viven con sus patrones. Como el mecanismo de aprobación estatal de cambio de empleo no garantiza la confidencialidad, estas mujeres corren el peligro de quedarse en la calle, o de sufrir amedrentamientos y extorsiones antes de lograr la autorización para trabajar en otro lado.

Los guardias de seguridad, por su parte, están muy expuestos a las inclemencias del clima catarí como consecuencia de las rondas de vigilancia a la intemperie que están obligados a hacer, a veces durante 12 horas los siete días de la semana.

Otra de las prácticas irregulares identificadas por AI consiste en la costumbre a pagar menos que el salario mínimo; a demorar las liquidaciones de sueldo y a practicar deducciones arbitrarias. Esta realidad pulveriza el deseo de estabilidad económica que lleva a los trabajadores a migrar y afecta a las familias que dependen de las remesas que aquellos envían.

“En los casos más serios, los abusos referidos a los ingresos colocan a la mano de obra extranjera ante el riesgo del trabajo forzado”, advierte el reporte. Pese a los esfuerzos de Qatar por revertir los incumplimientos salariales, este seguía siendo el reclamo más común en 2020 de acuerdo con los registros de la Organización Internacional del Trabajo.

En términos de gravedad nada supera a las dudas que despierta la muerte repentina e inexplicable de miles de trabajadores -más de 15.000 extranjeros entre 2010 y 2020-. Amnistía sospecha que el calor incombustible de Qatar (es uno de los países más calientes del mundo), sumado a la ausencia de medidas de prevención y a jornadas sin fin, es la causa de estos fallecimientos no esclarecidos. Otra vez de poco habrían servido las normas adoptadas para prohibir la actividad a cielo abierto entre el 1 de junio y el 15 de septiembre, y cualquier otro día a partir de los 32.1 grados; autorizar los descansos voluntarios en los días tórridos y registrar las razones de defunción. “Las autoridades cataríes fallaron en la investigación de las muertes en infracción a sus deberes internacionales”, dijo la ONG.

Frases como “causas naturales” o “insuficiencia cardíaca” consignadas en los certificados ocultan las explicaciones profundas de la mortalidad y su conexión con condiciones laborales perniciosas. Entre los fallecidos abundan los hombres jóvenes sin antecedentes médicos relevantes que parecen haber sido víctimas de golpes fulminantes de calor y de deshidratación. Es tan grave el problema climático que el Comité Supremo para la Organización y el Legado (SC por sus siglas en inglés), contraparte local de la FIFA, se precisa de haber introducido uniformes refrigerados para mitigar el impacto de la temperatura. Amnistía Internacional sostiene que Qatar puede hacer muchísimo más para ajustar su mercado laboral extremadamente injusto a su economía de primer mundo.

Los informes del SC cuestionan que las organizaciones de derechos humanos no hagan foco en los estándares especiales que el país anfitrión aplicó entre los trabajadores extranjeros implicados en la construcción de la infraestructura mundialista (incluye siete de los ocho estadios afectados a la competencia). Estas manifestaciones oficiales aseguran que, gracias al torneo número uno de fútbol, hoy hay reglas más equitativas que nunca en la historia de Qatar y de la región. “Son una prioridad clave para nosotros y seguiremos avanzando después del Mundial”, prometió Hassan Al Thawadi, secretario general del Comité Supremo, en el documento “Estrategia de Sustentabilidad de la Copa del Mundo de la FIFA 2022”. Aún con las medidas de protección, 34 trabajadores de las obras del SC habían muerto entre 2015 y febrero de 2021, según la auditoría externa publicada por el organismo de Al Thawadi. En una gira de promoción del torneo, el secretario general dijo que Qatar sólo podía hacer una cosa al respecto: profundizar las reformas para que las penurias de los trabajadores migrantes no hayan ocurrido en vano.