Tafí del Valle: reclaman una pronta solución para una usurpación

“Pedimos a las autoridades judiciales que nos den una respuesta rápida y efectiva a nuestro padecimiento, porque de lo contrario no habrá seguridad jurídica ni paz para nadie en Tafí del Valle”. La exhortación la formuló Silvia del Valle Albuixech, viuda del ingeniero Ángel María Salas. La mujer es una de las herederas de las tierras que pertenecían a su esposo y que están en El Lamedero (Las Tacanas). Desde hace algunos días el inmueble, de unas cinco hectáreas, permanece ocupado por miembros de la comunidad indígena.

Según la investigación, el grupo se arroga la pertenencia de este terreno, desconociendo un acuerdo de mediación en el que la comunidad asumió, a través del cacique Santos Pastrana y el letrado Manuel Santillán (de la organización indígena), que carece de derechos de todo tipo sobre los terrenos en cuestión. “El inmueble, hoy usurpado por personas que dicen ser de la comunidad originaria, le fue entregado como pago a mi difunto esposo por su trabajo de amojonamiento, mensura, tasación y división, entre otros, en la sucesión Maciel de Esteves Amalia. Estas tareas empezaron en la década de 1970 y le llevó muchos años realizarlas”, contó la mujer. Y agregó: “en julio de 1990 (Salas) recibió el inmueble que fue inscripto a su nombre en el Registro Inmobiliario. Desde esa fecha hizo libre uso del terreno, vendiendo algunas fracciones, pagando impuestos e incluso reconociendo la posesión a algunos lugareños que efectivamente la tenían”.

Albuixech recordó los momentos agradables que vivió en el lugar con su extinto cónyuge e hijos. Precisó que en el 2009 realizó un nuevo plano de mensura que es el que hoy delimita el inmueble del que su familia es propietaria. “En este también -contó- se delimitó las fracciones que ocupaban algunos lugareños, a quienes mi esposo les ofreció facilitarle lo que necesitaran a fin de que escrituren lo que poseían”.

Durante la nota, la viuda de Salas insistió: “somos los herederos y continuadores de esa posesión y obviamente propietarios de esta”. Más adelante relató que fue a partir de 2016 y 2017 que comenzó a tener problemas con vecinos del lugar que reclamaban la posesión del terreno. Entre los demandantes figuraron Rosauro Centeno y Gerónima Pastrana y sus hijos. Precisó que este conflicto concluyó con un acuerdo de mediación, formalizado en el marco de un juicio de reivindicación, en el que la comunidad indígena reconoció que no tenía derechos posesorios. “Parece mentira y produce una enorme frustración que habiendo realizado las cosas en forma legítima y por las vías judiciales correspondientes, hoy miembros de la propia comunidad indígena desconozca lo que acordó y firmó legítimamente su representante, para cometer actos ilegítimos” se lamentó. Finalmente insistió en pedir a la justicia una pronta resolución del caso.

El caso se conoció cuando varias personas se presentaron en el terreno y tomaron posesión, armando precarias carpas, lo que motivó una presentación judicial. Pastrana, por su parte, aseguró que firmó el acuerdo, en el que renunció a todo derecho sobre el terreno en cuestión, porque “desde siempre fue una posesión de Gerónima (Pastrana), aunque el que tenía los papeles era Salas”. “Pero el acuerdo fue justo ya que dos hectáreas quedaron para la posesoria y tres para el titular. Después apareció la comunera Fernanda Tejada prometiendo esas tierras que no le corresponden. Esto es un lío interno que pretende dejarme mal parado”, reconoció el cacique.