Por Gustavo Rodríguez
19 Mayo 2022
HISTORIA. La sede de Adhemar Capital de nuestra provincia funcionaba en avenida Solano Vera primera cuadra, de Yerba Buena. LA GACETA / FOTO DE FRANCO VERA
Mientras la justicia federal de Catamarca analiza cuáles son los pasos que dará en el caso Adhemar, una jueza tucumana trabó embargo por U$S6.500 de las cuentas de Edgar Adhemar Bacchiani a favor de uno de los inversores que le entregaron dinero para que invirtiera en la compra y venta de criptomonedas. Esta es la primera resolución de la justicia ordinaria de nuestra provincia desfavorable al CEO de Adhemar Capital (AC) que se conoce.
“No nos interesa que Bacchiani esté en Batán, Villa Urquiza o Miraflores; buscamos que nuestros representados recuperen el dinero que invirtieron”, señaló el patrocinante de siete damnificados, Jaime Roig, al responder por qué no iniciaron una demanda penal en contra del ejecutivo. “Buscamos otra alternativa y afortunadamente logramos un fallo importante que le da otro carisma al caso”, indicó.
Hasta el momento, sólo se conocía que varias víctimas realizaron una denuncia ante el fiscal federal Carlos Brito, que comenzó a investigar. Sin embargo, con el correr de las semanas, el juez federal de Catamarca, Miguel Ángel Contreras, solicitó que se declaren incompetentes para que él acumulara todas las causas, planteo que fue aceptado por su par de Tucumán, Fernando Poviña. El mismo pedido le hizo a la justicia ordinaria de Córdoba, pero la fiscala Valeria Rissi se negó a hacerlo y el pleito aún debe ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El jueves, el fuero nacional de esa provincia, después de muchas idas y vueltas, también declinó la competencia y giró todas las denuncias a los tribunales catamarqueños.
Además de Bacchiani, están acusados de haber realizado operaciones financieras sin autorización, estafas, lavado de activos y asociación ilícita, sus socios José Armando Blas, Franco Barroca, Sofía Aylán (gerente de la sucursal de Yerba Buena), Héctor Sagripanti Orellana, Pablo Sosa, María Lihue Banegas y Lucas Barrera Oro; estos dos últimos trabajaban en la sede de nuestra provincia de AC.
El caso
Roig inició la demanda de uno de los damnificados el viernes 6. Por sorteo, se designó a la jueza de Documentos y Locaciones I, María del Rosario Arias Gómez, para que entendiera el caso. Después de analizar la denuncia, convocó a las dos partes para que se realizara una audiencia de conciliación. “La fecha fue cuando a Bacchiani le daban el arresto domiciliario para que se empezara a analizar sus cuentas. Pero, pese a haber sido legalmente notificados, ningún representante de AC se presentó al encuentro”, explicó el profesional,
El abogado de los damnificados explicó que no les resultó sencillo plantear esta estrategia. “Primero estuvimos ingresando a un medio desconocido, por lo que nos tuvimos que asesorar bien antes de dar hacer el pedido de embargo. Luego, hicimos un estudio previo que dio sus resultados. Pero no podemos dejar de destacar el acompañamiento judicial. Todo esto se resolvió muy rápido”, indicó Roig en una entrevista con LA GACETA.
La magistrada ordenó que se oficie a Binance Services Holding Limited, una de las billeteras virtuales más importantes del mundo, para que inmovilicen U$S5.000 dólares en concepto de capital adeudado y otros U$S 1.500 por las posibles intereses que se pueden generar por el paso del tiempo. También dispuso que ese monto de dinero (más de $1,3 millones) sean depositados en una cuenta del poder judicial en el Banco Macro hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Arias Gómez, en su fallo, aclaró: “en caso de que el destinatario del embargo tuviera medidas cautelares trabadas con anterioridad al presente oficio, deberá hacerse efectivo una vez cumplidas las mismas. El oficiado deberá comunicar cuando se produzcan los depósitos”.
Problemas
“Binance es una empresa multinacional que tiene su sede en Irlanda, que es una especie de paraíso fiscal. Llegar hasta ellos fue bastante complicado porque no existen o no pudimos encontrar bienes a su nombre. La jueza interviniente entendió el planteo y no puso ninguna traba, sino que resolvió rápidamente”, explicó Roig.
El profesional también cuestionó una situación generada en los últimos días. “Varias de las personas que asesoro me llamaron para contarme que fueron intimados por la AFIP para que justifiquen el origen de los fondos que invirtieron en AC. Me llama poderosamente la atención que ello ocurra justo cuando se avanza en conseguir los embargos en contra del denunciado”, indicó. Bacchiani, cuando se presentó a declarar en Córdoba, había advertido que las personas que estaban dispuestas a denunciarlo penalmente podrían afrontar investigaciones del ente recaudador para averiguar de dónde había surgido el capital que invirtieron.
El fallo de la justicia tucumana se da en un momento clave del caso. El fiscal federal de Catamarca Santos Reynoso le solicitó al juez Contreras que embargue las cuentas que el CEO de AC tiene en Binance. Sin embargo, el magistrado señaló que es imposible hacerlo.
“Estos activos se encuentran retenidos por la empresa mencionada manteniendo sus cuentas congeladas. Asimismo, se debe tener presente que la misma no está radicada en nuestro país y, por ende, no se encuentra alcanzada por nuestras leyes, ni siquiera por el Régimen de Información de AFIP”, señaló el magistrado al explicar los motivos por los que rechazó el pedido preventivo del fiscal.
Las causas abiertas
La justicia federal de Catamarca investiga los casos registrados en esa provincia, Catamarca y Córdoba. No se descarta que se agreguen más.
La fiscala de Córdoba Valeria Rissi acusó al CEO por estafas reiteradas y asociación ilícita únicamente. No aceptó declinar la competencia.
La justicia ordinaria de la provincia embargó las cuentas de Bacchiani, No tendría que declinar la competencia, según el abogado Jaime Roig.
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