Denuncia penal por la usurpación de un predio en Tafí del Valle

Un conflicto interno entre comuneros de Tafí del Valle se constituye en una de las causas que impulsó a un sector de los originarios a ocupar cinco hectáreas de un predio de El Lamedero (Las Tacanas). Son una veintena de personas que se instalaron ahí en carpas improvisadas. Estos desconocen un acuerdo de mediación en el que la comunidad asumió, a través del cacique Santos Pastrana y el letrado Manuel Santillán (de la organización indígena) que carece de derechos de todo tipo sobre el inmueble, cuya titularidad nominal corresponde a los herederos de Ángel María Salas. Aseguran que el pacto nunca fue puesto a consideración en asamblea comunitaria. “Se lo hizo a espaldas nuestras”, aseguran.

La propiedad estuvo en disputa judicial entre los sucesores de Salas, (con el patrocinio de Patricio García Pinto), la Comunidad Indígena Diaguita de Tafí del Valle, los herederos de Gerónima Pastrana y Luis Rosauro Centeno. Según el acuerdo ante la mediadora María Lucía Páez (registro 168), luego presentado ante el Juzgado Civil y Comercial del Centro Judicial de Monteros, la comunidad indígena “reconoció que carece de derechos sobre el inmueble, que este sea de carácter ancestral, comunitario, posesorio, dominial y/o cualquier otra especie”, explicó el abogado García Pinto. Precisó que además se comprometió a que “no iba a consentir, avalar, ni respaldar ninguna acción de hecho o de derecho ejercida sobre el inmueble objeto del acuerdo, intentada o perpetrada por terceras personas que pudieran actuar en su nombre o amparadas por la misma”. Frente al conflicto planteado, García Pinto dijo que formalizó una denuncia penal contra los usurpadores y además otra demanda ante el Juzgado en lo Civil y Comercial de los tribunales de Monteros por “incumplimiento del convenio de mediación en el que la comunidad reconoce no tener derechos sobre el inmueble ocupado”.

“Acuerdo justo”

Héctor Alejandro Alvarez, delegado de la base Malvinas y uno los promotores de la ocupación, cuestionó la situación. Insistió en que “nunca fue puesto a consideración, mediante asamblea, ante los comuneros”. “Pastrana tiene que dar una explicación sobre lo que hizo. Nos enteramos de que entregó una propiedad que fue relevada como parte del territorio ancestral y que ahora está en venta o en loteo”, dijo. “Nos vinimos a instalar para defender una tierra que nos pertenece”, añadió el dirigente. Rodríguez dijo que la Policía fue a desalojarlos “pero nos resistimos a abandonar este sitio porque llegó sin papeles de la Justicia”. Pastrana, por su parte, se defendió asegurando que firmó el acuerdo, en el que renunció a todo derecho sobre el terreno en cuestión, porque “desde siempre fue una posesión de Gerónima (Pastrana), aunque el que tenía los papeles era Salas”. “Pero el acuerdo fue justo ya que dos hectáreas quedaron para la posesoria y tres para el titular. Después apareció la comunera Fernanda Tejada prometiendo esas tierras que no le corresponden. Esto es un lío interno que pretende dejarme mal parado”, reconoció el cacique. “No puedo asumir como tierra comunitaria un inmueble que no lo es”, observó. El letrado Santillán sostuvo que el conflicto fue generado por un grupo que “arrogándose la representatividad de la comunidad salió a apropiarse de lo que no les corresponde”. “Hay un acuerdo que nadie puede desconocer. Lo lamentable es que conductas de este tipo, en el que aparece gente que invocando derechos ancestrales, dejan mal paradas a las comunidades indígenas en general”, advirtió el abogado. “No pueden aducir ignorancia de lo acordado. Pues hubo un año de negociación. Es una propiedad que jamás ocuparon”, advirtió.