Por Rodolfo Casen
14 Mayo 2022
INVESTIGACIÓN. El médico “trucho” fue sorprendido en un sanatorio. LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
El ejercicio ilegal de la medicina por parte de “médicos mellizos” o “falsos” en centros asistenciales privados se extiende aparentemente a causa de una falta de control sanitario efectivo por parte del Siprosa. Ahora salió a la luz otro caso que se suma al descubierto en el Sanatorio Jesús María de Concepción. Se trata del denunciado por la médica Patricia Aparicio, emergentóloga que se desempeña en servicios públicos y privados de la capital.
A pesar de que el hecho del que fue víctima aconteció hace casi cinco meses hasta ahora, según dijo, no tiene noticias de la denuncia que realizó ante el Departamento de Fiscalización Sanitaria del Siprosa. Por eso la profesional se apresta a formalizar una presentación ante la justicia a fin de que se tomen medidas contra una ex compañera de estudio de la universidad. Según Aparicio, esta mujer, de apellido Vega, sin haber terminado la carrera ejercía la medicina utilizando un sello de ella que había extraviado cuando se desempeñaba en el sur tucumano. La mujer, al momento de ser descubierta ejercía como médica en el Sanatorio del Milagro de Banda de Río Salí. La emergentóloga sospecha que también lo hacía en otros centros sanitarios de Aguilares y Alberdi. Lo increíble es que este hecho, tal como sucedió con el terapista Sergio Guillermo Martínez, llegó a su conocimiento también de forma casual y gracias a una enfermera amiga suya.
La sorprendió el 23 de diciembre pasado cuando la llamaron para agradecerle la atención que había tenido con su esposo que había concurrido al sanatorio para ser atendido de una dolencia. Luego le pediría que le corrigiera un error en que había incurrido en la receta. Aparicio no lograba salir de su asombro ya que nunca había trabajado en ese sanatorio.
“Cuando ella me envió por whatsapp la prescripción corroboré que la identidad y matrícula eran con el estilo de letra y número del sello que tenía extraviado y que no descarto que me lo haya sustraído”, comentó Aparicio a LA GACETA. “La cuestión es que mi esposo, en plan de colaborarme en la investigación de este hecho, se anotó como paciente en el sanatorio. Y fue a ser atendido por Vega. Yo me quedé afuera. Ella sin dudas se sorprendió cuando lo vio aparecer. Él, al encararla le preguntó: ‘¿vos estás usando el sello de mi esposa?’. El silencio lo dijo todo”, contó Aparicio.
“Cuando yo le recriminé lo que estaba haciendo y advertí que la iba a denunciar. Ella me imploró que no lo hiciera porque le iba a quitar de la boca el pan de sus hijos. Le respondí que tendría que haber pensado eso antes de cometer este ilícito. O se hubiera dedicado a terminar la carrera”, precisó. “Me atormentó saber que esta mujer estaba poniendo en riesgo muchas vidas y utilizando mi nombre y licencia profesional. Estuve expuesta hasta ahora a ser denunciada por mala praxis, con todo lo que eso significa”, añadió.
Aparicio insistió en que hasta ahora no tiene novedades de la denuncia que radicó ante el Siprosa. “En su momento no hice la denuncia policial porque consideré suficiente con la formalizada ante Fiscalización Sanitaria. Pero ahora me advirtieron que la tengo que hacer a fin de que intervenga la justicia. El temor surge de las consecuencias que puedo padecer al estar una persona usando mi matrícula profesional en el ejercicio de una actividad vinculada con la atención de la salud de la gente”, apuntó la médica.
El caso de Aparicio tiene idénticos pormenores que el de su colega Martínez. Claro que este fue más reciente y lo denunció de inmediato ante el Siprosa y la Policía. Lo descubrió merced a un colega suyo que le envió por whatsapp una copia de una historia clínica que databa del 2019, provenía de Concepción y llevaba su firma. Al verificar la matrícula profesional, corroboró con sorpresa que era la suya. Nunca había ejercido su profesión en el sur tucumano. Luego se dio que el hombre que estaba suplantando su identidad y licencia es Enrique Bustamante y se desempeñaba en el sanatorio Jesús María.
En el caso interviene la Unidad Fiscal de Decisión Temprana a cargo de Miguel Varela.
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