La Justicia penal dispuso la prorroga de la prisión preventiva en contra de uno de los imputados del crimen del rondín Víctor Eduardo Ovejero, quien fue asesinado durante un intento de asalto, la madrugada del 27 de noviembre de 2020, en la localidad de Taruca Pampa (Burruyacu).
Se trata de uno de los hombres que está acusado del delito de homicidio en ocasión de robo, agravado por el uso de arma de fuego.
Mientras los investigadores confían en que el juicio oral se podrá desarrollar en lo inmediato, sigue prófugo uno de los supuestos integrantes de la banda.
El Ministerio Público Fiscal, a través de la Unidad Especializada de Homicidios II, participó ayer de una audiencia en la cual se pidió la prórroga de la prisión preventiva.
Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal, Luz Becerra, solicitó la extensión de las medidas de coerción (que vencen el domingo 15 de mayo) hasta el próximo 15 de junio, al igual que la de los otros cuatro acusados.
Cuando se le realizó la formulación de cargos, el 18 de febrero de este año, se había solicitado ese plazo que fue autorizado por el juez actuante; luego, según el informe del MPF, las fechas fueron reducidas (en otra audiencia celebrada el 26 de abril) por una jueza.
“El juez (en la formulación de cargos) entendió el presupuesto de la prisión preventiva contra el acusado, acreditado por las declaraciones de los dos primeros imputados”, explicó Becerra. “El magistrado hizo hincapié en las características particularidades del hecho: por la nocturnidad, por los múltiples participantes y que a la víctima la maniataron de pies y de manos. Hubo un disparo que provocó el fallecimiento de la víctima e incluso se refirió a lo degradante. Es un hecho grave y en ese sentido, la pena en expectativa será alta”, agregó la representante del MPF, al reproducir la resolución del juez en la primera audiencia. La querella, en representación de los padres de la víctima, indicó que el acusado sería un compañero de trabajo del rondín fallecido y quien habría efectuado los disparos.
Además, la investigadora se refirió a las nuevas evidencias recolectadas a través de un informe del 7 de mayo, para sostener su participación ya que lo ubican, según el GPS de su celular, ese mismo día y hora con otro coimputado en la zona de La Ramada (donde son todos conocidos). “Se van a la finca y luego vuelven a La Ramada. La ubicación de su teléfono es en la misma antena donde se encontraba otro de los consortes que da credibilidad a su participación en el hecho”, destacó.
La auxiliar de fiscal se refirió a los riesgos procesales (de fuga), ya que cuando se procedió a una orden de detención en su domicilio se puso a disposición de la justicia recién tres días después del hecho. Becerra hizo alusión a las llamadas telefónicas donde el encartado decía: “Ya nos están buscando”. Lo que presupone que sabía que había en transcurso una investigación. “Teniendo en cuenta los numerosos coimputados y que queda un prófugo (con pedido de detención), los riesgos procesales continúan. En caso de obtener la libertad puede influir y facilitar para que no se lo pueda encontrar”, afirmó. Seguidamente, la investigadora dijo que es intención por parte de la Fiscalía tener hasta esa fecha, cuando vencen las preventivas, el requerimiento de apertura correspondiente para pasar a la etapa intermedia y posteriormente al debate oral y público.
Finalmente, el juez Dante Ibáñez dio lugar a lo manifestado por el MPF para que permanezca detenido por 34 días más, en el actual lugar donde está privado de su libertad. “Están cumplidos los requisitos procesales y la investigación no está concluida, no por demora de la Fiscalía, sino porque los imputados fueron aprehendidos en distintos momentos y, con ellos, fueron surgiendo elementos. Es una investigación compleja, por lo que voy a conceder la prórroga por el plazo hasta el 15 de junio”, comentó.