12 Mayo 2022
Por mayoría, la Legislatura aprobó ayer la prórroga por dos años de la emergencia del servicio público de transporte (Ley 9.102). Con esta herramienta, el Poder Ejecutivo (PE) -que conduce interinamente Osvaldo Jaldo- podrá continuar otorgando subsidios a los transportistas (no se precisaron los montos en el proyecto que llegó de Casa de Gobierno), con el fin de garantizar la prestación del servicio y el mantenimiento de las fuentes de trabajo.
A pesar de que la legisladora Nadima Pecci (Valores Republicanos) fue la única que votó en contra, abundaron los cuestionamientos desde las distintas bancadas. Estuvieron direccionados principalmente hacia: la mala calidad y la baja frecuencia del servicio; los discursos de los transportistas; las asimetrías que hay a nivel nacional entre el AMBA y las provincias en el reparto de asistencias; y los “parches” reiterativos para un problema que necesita una solución de fondo.
Al margen de las asimetrías en los aportes de Nación, cuyos reclamos están siendo impulsados principalmente por los gobernadores de todo el país, los parlamentarios plantearon que a nivel local el problema del transporte de ómnibus se debe abordar a nivel Gran San Miguel de Tucumán más que Capital o Provincia.
Ricardo Bussi (FR) catalogó el servicio como “horrible”, dijo que se deberían quitar concesiones e instó a los representantes nacionales a tomar cartas en el asunto. Los alfaristas Raúl Albarracín y Walter Berarducci, en tanto, marcaron que el servicio no es eficiente, que el Estado debe controlar además de subsidiar y que se deben terminar con los “parches”, con una solución de fondo. En un sentido similar se manifestó el radical José María Canelada.
En un sentido más duro hacia los empresarios se expresaron Federico Masso (Libres del Sur) y Roque Tobías Álvarez (presidente del bloque FdT), quienes expusieron que el sector tiene una alta rentabilidad y que si no fuera así los transportistas no se aferrarían tanto a las concesiones de las líneas. El oficialista, a su vez, dijo que oyó comentarios de que habría empresas de transporte que venderían a productores particulares el gasoil subsidiado por la Nación.
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