Por Santiago Re
12 Mayo 2022
EL AUTO DE LA TRAGEDIA. El BMW de Zarlenga, que atropelló a dos motociclistas en avenida Mate de Luna al 2.700.
Luego de una peleada audiencia judicial, el golfista Armando José Zarlenga (h), de 31 años, accedió a la prisión domiciliaria tras haber presentado todos los requerimientos que le hacía la Justicia y fue trasladado de la seccional 3ª hacia su domicilio en un country de Yerba Buena. Estas son algunas de las cuestiones que se discutieron en la audiencia de ayer y por las cuales las partes polemizaron.
1- Propósito de la audiencia
La defensa presentó todos los requerimientos
Los defensores Camilo Atim y Ernesto Baaclini -luego de conseguir en segunda instancia el beneficio de la prisión domiciliaria para su cliente- convocaron a una nueva audiencia para dar cumplimiento con todos los requerimientos que les había impuesto el juez de impugnación Facundo Maggio. En este nuevo debate intervino una vez más el juez Gonzalo Ortega, quien primero había ordenado la prisión preventiva para Zarlenga luego de que el golfista protagonizara un accidente de tránsito en avenida Mate de Luna 2.700 que les costó la vida a los vigías Maximiliano Saldaño (25) y Joaquín Morales Franck (22). El hecho ocurrió el 25 de abril, cuando el deportista atropelló en su camioneta a los jóvenes, que viajaban a bordo de una moto. Más tarde las pericias revelarían que Zarlenga condujo alcoholizado y que además dio positivo al examen toxicológico.
Armando Zarlenga (h) junto a sus defensores Atim y Baaclini.
La defensa impugnó el primer fallo de Ortega por considerar excesiva una prisión preventiva para un acusado de homicidio culposo por manejo imprudente.
En esta tercera audiencia, Ortega debía controlar que se cumpliera con los requisitos planteados por Maggio y -de ser así- dar lugar a lo que ya había resuelto el juez de impugnación.
2- Polémica por el DNI
Zarlenga no tendría su documento
La primera cuestión que remarcó el auxiliar Gustavo Zavalía, de la fiscalía de Atentados contra las Personas que ahora subroga Mariana Rivadeneira, fue que la defensa no había entregado el documento de Zarlenga y que tan solo con el DNI el golfista podría fugarse a Bolivia y a otros países del Mercosur.
Atim y Baaclini reconocieron que no lo presentaron y aclararon que en audiencias anteriores se había argumentado que luego de la tragedia hubo personas que golpearon a su defendido y que lo despojaron del celular y de la billetera, donde tenía el documento. En ese sentido, indicaron que ya daban por perdidas esas pertenencias y que Zarlenga iniciaría el trámite de un nuevo DNI, el cual una vez generado podría retenerse si la Justicia así lo ordenase.
Zavalía remarcó que en la primera audiencia sólo habían mencionado el robo del celular, y que luego la defensa incorporó que le hayan robado también la billetera al imputado. El detalle sembró ciertas dudas, pero no pesó lo suficiente como para considerarse un incumplimiento.
3- Los pasaportes
Una de las libretas ofrecidas estaba vencida
El segundo aspecto planteado por Zavalía trajo aún más polémica. Los querellantes Jorge Lobo Aragón (por el padre de Morales Franck), Federico Iramain (por la madre de la misma víctima) y Humberto Castaldo (por la familia Saldaño) lo secundaron en que este podría ser un detalle de importancia crucial. La fiscalía expuso que Zarlenga había entregado dos pasaportes: uno de nacionalidad italiana, que vencería en unos meses y otro del Mercosur, que ya estaba vencido. Zavalía consideró que por su actividad deportiva, Zarlenga tenía la necesidad de salir del país con frecuencia, por lo que le parecía poco probable que tuviera un pasaporte vencido. Los acusadores consideraron que había entregado una libreta anterior y que el golfista podría tener otro pasaporte en vigencia. Por ello solicitaron que se oficie al Registro Nacional de Personas para que informe sobre esta cuestión.
El auxiliar fiscal Gonzalo Zavalía.
Baaclini y Atim descartaron que exista otra libreta y hasta avalaron que se pidan informes si lo creía necesario la fiscalía; pero también se ofuscaron con estos planteos. “Están buscando obstáculos absurdos, a los trámites de migraciones Zarlenga no los podría hacer sin DNI y tampoco hay otro pasaporte. Todo es subsanable con los oficios, pueden corroborar lo que decimos, pero mientras tanto no usen esto para obstaculizar que se otorgue una medida más benigna para el acusado”, resumió Baaclini. Zavalía reiteró que el paso a ciertos países limítrofes no es tan estricto y que no había garantías. El juez finalmente descartó estos planteos. “Con la documentación entregada, no hay forma de que el imputado pueda salir del país de forma legal. Para garantizar que no tome una salida ilegal se deberá controlar la domiciliaria”, fundamentó Ortega, antes de continuar con los demás puntos.
4- Pulsera electrónica
El imputado ya cuenta con un dispositivo dual
Desde el primer momento los defensores aclararon que Zarlenga ya contaba con la pulsera electrónica con la cual se corroboraría vía GPS que el imputado no iba a romper la medida impuesta por la Justicia. El dispositivo dual, en algunos casos, puede reemplazar a los efectivos policiales en el control de los arrestos domiciliarios. Si el dispositivo detecta que el imputado salió del área asignada, la Justicia revocaría la domiciliaria y el golfista volvería a una comisaría. El 26 de abril se ordenó la cautelar por 45 días, pero los plazos podrían prorrogarse si la Fiscalía acredita que necesita más tiempo para terminar la investigación.
Federico Iramain se quejó por el control.
5- La caución
Embargaron vehículos por $12 millones
Esta fue otra de las polémicas de la audiencia. El juez Maggio había ordenado que se cumpla con la caución real de $ 12 millones para garantizar que el golfista permanezca ligado al proceso, más la prisión domiciliaria. A partir de ahí se plantearon dos interpretaciones sobre esta resolución. El auxiliar fiscal Zavalía remarcó que en ningún apartado Maggio aclaraba que se pudiera cumplir con la caución ofreciendo bienes muebles o inmuebles tasados en valores. Los tres abogados querellantes se manifestaron en consonancia. Además Zavalía mencionó que en su momento el ex fiscal subrogante de la Unidad de Atentados contra las Personas, Pedro Gallo, había considerado accesible la posibilidad de la libertad bajo caución, pero que para Mariana Rivadeneira, quien subroga ahora esta oficina, no sería la mejor alternativa.
Jorge Lobo Aragón cuestionó la caución real que se formalizó.
Ante el reclamo, los defensores respondieron que si el juez hubiese querido limitar así el requisito, hubiera aclarado en un punto que la caución sólo podía cumplirse en efectivo, algo que no se detalló. El juez Ortega resolvió el conflicto aclarando que los bienes son aceptables en estos casos, y aceptó que la Justicia embargue los vehículos ofrecidos por Zarlenga. Estos son: un Volkswagen Polo ($ 2.68 millones), un Volkswagen Vento ($ 1.7 millón), un BMW AD ($ 7.5 millones) y un Peugeot 308 ($ 910.000). Los montos fueron fijados por la valuación fiscal de la Dirección General de Rentas, aclaró Baaclini.
6- El control domiciliario
¿Cómo se controla dentro de un country?
Otro punto discutible. El primero en remarcarlo fue el querellante Iramain, quien pidió que se le aclarara cómo la Policía iba a controlar que Zarlenga no violara la domiciliaria. Explicó que no sería lo mismo que el imputado fuera controlado desde la puerta de su casa que desde el portón de ingreso al country donde vive. Iramain hizo mención a esta cuestión casi de manera preliminar a la audiencia, luego Zavalía y los demás querellantes también remarcaron que este no sería un punto menor debido a que temen que el acusado pueda fugarse. Esa cuestión no se terminó de aclarar, dado que el magistrado sintetizó que con todos los demás elementos se estaba cumpliendo con los requerimientos que el juez de impugnación pedía para cautelar el proceso.
Humberto Castaldo, otro de los querellantes en la causa.
7- Observaciones
Una objeción y el pedido de otra investigación
Tras controlar que todos los requisitos se cumplieran, el juez le otorgó la domiciliaria a Zarlenga, ordenó su inmediato traslado desde la seccional 3ª hasta el country donde fijó residencia y también accedió a que se oficie a Migraciones, informando que el golfista tiene prohibida la salida del país. La decisión fue unánimemente rechazada por los acusadores, pero no se impugnó. Ante los numerosos interrogantes (como por el caso del control de la domiciliara dentro o fuera del country) el magistrado recordó que su función para esta audiencia era solo la de controlar y dar cumplimiento a una resolución dada por un tribunal de mayor jerarquía, tarea que debía cumplir independientemente de si estuviera de acuerdo o no con ese fallo. Los querellantes entendieron la situación e incluso Lobo Aragón le reconoció al juez que en la primera audiencia haya considerado apropiada la prisión preventiva para evitar cualquier riesgo de fuga -tal como pedían los acusadores-.
El juez Gonzalo Ortega tuvo que poner orden.
Antes de finalizar la sesión el auxiliar fiscal planteó una última solicitud -que no tuvo lugar por no ser objeto de esta audiencia, pero que posiblemente se reiterará en otra-. Pidió que se abra una investigación para corroborar que Zarlenga no haya sido trasladado sin orden judicial o fuera de término al hospital Padilla en al menos dos ocasiones mientras estaba preso en una comisaría.
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