Por Roberto Delgado
09 Mayo 2022
LA ENTRADA AL BARRIO PRIVADO. Está ubicado al sur de San Javier, en el kilómetro 28 de la ruta 338.
En la inspección que la Justicia federal realizó a comienzos de abril en el predio “Las Pirámides” en el km 28 dela ruta 338, al sur de San Javier, se detectaron 21 casas nuevas, por lo que serían 47 los inmuebles en el barrio cerrado que un particular está erigiendo en el terreno del parque Sierra de San Javier de la Universidad Nacional de Tucumán.
El relevamiento, realizado el 6 de abril por orden de la Cámara Federal de Apelaciones en el marco de la querella que la UNT le hizo al ocupante del predio, Próspero Marcelo Sosa, debía constatar “la existencia en el lugar de maquinarias y herramientas aptas y útiles para desmonte, desmalezamiento, labranza, parquizado, construcción o que resulten idóneas para construcción o desmonte o limpieza del bosque nativo, procurándose en todos los casos, determinar las identidades de los propietarios y sus datos personales. Asimismo constatar si existen modificaciones en relación al estado físico y edilicio”.
La disputa por el predio tiene muchos años. La Universidad había querellado por usurpación a Sosa pero no había seguido la causa en la Justicia, de modo que en 2008 este fue sobreseído y después comenzó el loteo para hacer el barrio privado. En 2018 se supo de incidentes en esa zona del parque, porque en el llamado “Salto de la Corzuela” unos excursionistas fueron expulsados por hombres armados e hicieron la denuncia ante los guardaparques. Entonces trascendió que a través de internet se estaba realizando la venta de terrenos y la UNT interpuso una medida en la Justicia Federal para evitar que continúe el proyecto inmobiliario y el desmonte. Para abril de 2019, la UNT había detectado que había 26 casas construidas o en construcción y había identificado a siete propietarios.
La Justicia paralizó las operaciones pero en 2021 la UNT denunció que la construcción y el desmonte seguían. “Nosotros aportamos pruebas con imágenes satelitales, aportadas por la Policía de Tucumán, de que no cumplían la medida cautelar”, dijo Máximo Castro, abogado de la UNT. “En 1ª instancia el juez Fernando Poviña rechazó la medida; nosotros apelamos y la Cámara ordenó el reconocimiento para mejor proveer, antes de resolver”, añadió.
A comienzos de abril se informó del operativo, realizado por el oficial Diego Martín Padilla, del Juzgado Federal 1, acompañado por el abogado de la UNT, el fotógrafo de la UNT, Gustavo Padilla, dos policías federales y cuatro efectivos de Gendarmería. En abril había trascendido que había 15 construcciones nuevas. Ahora se supo que en el informe Padilla especificó que se verificó la existencia de dos tractores -uno con carro, que pertenecerían a Sosa-; un rodillo liso tipo agricultura y en distintos lugares, materiales para la construcción. Se constató “21 nuevas casas, un galpón, un quincho, un vivero, cuatro nuevas obras en ejecución”. También, “un nuevo desmonte y apertura de una calle de ripio, la instalación de tendido eléctrico al costado de la misma y sectores desmontados en el recorrido”. Asimismo, “esta calle llega a un sector donde hay lotes desmalezados y gran parte de las nuevas edificaciones mencionadas”.
Sosa, que en un principio se opuso a la medida pero luego cedió -aunque llamó a la Policía, a la que denunció al abogado de la UNT por “allanamiento ilegal y amenazas”, afirma que el predio le pertenece a su familia desde hace muchos años e incluso dice que se trata de unas 4.600 hectáreas. Esta superficie es casi la tercera parte del parque Sierra de San Javier, que tiene 14.700 hectáreas. El abogado Castro rechaza este argumento. “Se trata de un predio que la UNT compró a Paz Posse en 1947 y se registró en 1956 en el Registro Inmobiliario”, describió.
El letrado de la UNT estima que en pocos días más ha de resolver la Cámara de Apelaciones y avanzará la causa.
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